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San Juan, 22 feb (INS).- Los miembros del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis “Narmito” Ortiz y Pedro Irene Maymí exigieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced detener la contratación de la empresa española IBT Group Team para manejar varias áreas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), debido a su robusto historial de señalamientos por irregularidades en sus contratos en diversas jurisdicciones de América Latina y el Caribe.
El sindicalista Pedro Irene Maymí, quien aspira a un escaño en la Cámara de Representantes, aseguró que tienen información que apunta a que esta compañía ha sido señalada por incumplimiento de contratos en países como Panamá, República Dominicana, Chile y España.
“En tiempos en que nuestro país ha sido asediado por diversos escándalos de corrupción, es altamente cuestionable que la Gobernadora avale esta contratación”, manifestó el expresidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), gremio que, dijo, envió diferentes cartas a Vázquez Garced exponiendo esta situación y solicitando su intervención para paralizar el proceso de privatización de la AAA.
Al momento, adujo, la mandataria puertorriqueña no ha dado respuesta a ninguna de las misivas, siendo la más reciente con fecha del 22 de enero de 2020, cuando se levantó bandera sobre la posibilidad de que se estuviera cuadrando esta contratación en cuartos oscuras, mientras el pueblo se encuentra ocupado atendiendo la crisis en el suroeste del país.
“No quisiera pensar que la Gobernadora está de acuerdo con la agenda privatizadora en la AAA”, enfatizó el veterano sindicalista al recordar que compañías con vasta experiencia en proyectos similares, como Suez y Blue Water, se negaron participar en el proceso de licitación debido que estaba amañado.
Por su parte, el representante Hernández Montañez le recordó a la gobernadora Vázquez Garced que la Ley 29-2009 de Alianzas Público Privadas, en su artículo 9 expone que “cualquier proponente que aspire a ser contratado para una alianza debe gozar de buena reputación y tener la capacidad gerencial, organizacional y técnica, así como experiencia para desarrollar y administrar la alianza”.
“También, deberá certificar que no han sido convictos, por actos de corrupción, incluyendo por cualquiera de los delitos enumerados en la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, ya sea en Puerto Rico, en cualquier jurisdicción de Estados Unidos de América o en cualquier país”, expuso.
Además, la empresa certificará que está en cumplimiento y continuará cumpliendo en todo momento con leyes que prohíban la corrupción o regulen los delitos contra funciones o fondos públicos que apliquen al Proponente, sean estatutos estatales o federales, incluyendo la Foreign Corrupt Practices Act.
Del mismo modo, el representante Ortiz exhortó al país a tomar en cuenta el resultado de pasadas privatizaciones del servicio de agua en Puerto Rico.
“Tenemos que estar muy atentos a estos intentos de privatizar y aprender de las lecciones del pasado. No podemos olvidar el nefasto desempeño de la compañía Ondeo que, aparte del pésimo servicio a los ciudadanos, recibió varios señalamientos de violaciones a leyes federales y estatales que incluso provocaron que la AAA fuera acusada en el foro federal por violaciones a la Ley Federal de Agua Limpia”, recalcó.
En cuanto a las expresiones de la gobernadora Vázquez Garced sobre que el alza en la tarifa de la AAA aún no es final, Irene Maymí sostuvo que “ese aumento ya se había establecido con el propósito de incrementar los ingresos de la AAA para que pudiera entrar a los mercados de capital y destinar recursos al pago de servicio de la deuda, escenario que aún no se ha dado”.
El alza tarifaria podría alcanzar un 2.5 por ciento para residencias, un 2.8 por ciento para comercios, un 3.5 por ciento para industrias y un 4.5 por ciento para el gobierno, y se pudiera ver reflejado durante el mes de julio, aseveró Irene Maymí.
“Nuestro emplazamiento a la Gobernadora es a detener el contrato con esta empresa nebulosa; mantenga su palabra de que no tolerará conductas de corrupción ni permitirá el despilfarro de fondos públicos. Su deber es proteger al país de este tipo de compañías inescrupulosas y garantizarle al pueblo que no continuará recibiendo más aumentos en su factura de agua”, insistieron los representantes del PPD. INS
ndc