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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 18 feb (INS).- El pago de 1,500 millones de dólares anuales para el pago de la acreencia a los bonistas es manejable, a juicio del precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.
Las expresiones las hizo en conferencia de prensa, junto a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, con la finalidad de presentar propuestas para atender la pobreza infantil.
La maniobrabilidad del pago de la deuda pública de Puerto Rico consiste, según Pierluisi, en reformar el gobierno para que sus operaciones sean costo-eficientes, incentivar la economía y utilizar bien los fondos federales obtenidos para la reconstrucción.
El problema con ese argumento es que, según sus detractores, pone los pies donde debe ir la cabeza; que comienza por el final. Es decir, que invierte lo que se considera debe ser el proceso.
Tendría que empezarse, conforme a lo que argumentan los analistas de su propuesta, por reformar el gobierno para que sus operaciones sean costo-eficientes, incentivar la economía primeramente para entonces determinar la manejabilidad del monto del pago a los acreedores de la deuda fijada por la jueza Laura Taylor Swain, que judicializa las reclamaciones de los bonistas al gobierno de Puerto Rico en virtud del título III de la Ley Promesa como apéndice de la Junta de Control Fiscal (JCF).
El plan de ajuste de la deuda es únicamente sobre las acreencias de la administración central de gobierno y no abarca toda la deuda pública de Puerto Rico. El recorte al principal de la deuda es de 58.7%, según ha dicho la JCF.
No obstante, debido a lo generoso que fue para los bonistas el recorte de otras deudas, como en el caso de Cofina (que fue de alrededor de sólo el 30%), en promedio la reducción completa de toda la deuda del gobierno pudiera terminar en un 40%.
Así, también, fue de generoso el recorte a la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos y de las Obligaciones Generales (GO, en inglés) que antes se les hacía un ajuste del 36 y 55 por ciento de reducción del pago que se hace ahora es de únicamente 25 y 35 por ciento, respectivamente.
Pero como si eso fuera poco, el nuevo acuerdo ofrece mayores garantías a los acreedores en caso de una segunda reestructuración, creando una cuenta especial para su repago (los llamados revenue bonds).
Si bien es cierto que se redujo de 4,200 a 1,500 millones de dólares el pago anual, a eso habría que sumarle más de dos mil millones del pago de pensiones con impuestos, más el servicio a la deuda que queda pendiente de otras corporaciones públicas. Al final, Puerto Rico terminaría pagando con este ajuste de deuda unos cuatro mil millones en distintos tipos de acreencias. Volveríamos a donde empezamos en 2015 con los compromisos de servicio a la deuda.
Economistas estiman que lo más cercano a un pago manejable en estos momentos y bajo las actuales circunstancias de crisis es de 822 millones anuales para que Puerto Rico pueda seguir intentando salir del actual atolladero económico y fiscal. INS
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