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Resumen de noticias para el viernes 14 de febrero de 2020
P. Rico-Asignan un FEI para investigar posibles actuaciones ilegales del exgobernador Rosselló Nevares y otros exfuncionarios, como parte del caso del chat de Telegram
San Juan, 14 feb (INS).- El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar las actuaciones de varios exfuncionarios y personas privadas miembros de un chat de Telegram.
La encomienda asignada a los fiscales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz se centrará en las posibles actuaciones ilegales del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona, Ramón Rosario Cortés, Edwin Miranda Reyes y Elías Sánchez Sifonte.
El Panel indicó que “examinó exhaustivamente” la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia para hacer su referido.
“Las expresiones en el lastimoso y doloroso chat resultan ofensivas, denigran las mujeres, funcionarios y personas privadas. Sin duda, la falta de sensatez y prudencia denota un proceder, más que insultante, indigno y bochornoso, que constituye una deshonra a las posiciones que ostentaron varios de sus integrantes”, resalta el Panel.
Sin embargo, la resolución expresa que “toda la indignación que alcanza lo allí expresado es altamente insuficiente por sí misma para que podamos proceder contra todos los integrantes del chat, sin que responsablemente hagamos un ponderado, serio y objetivo análisis de los casos en que apuntan a la comisión de delitos penales o violaciones a la Ley de Etica Gubemamental”.
En la resolución, fundamentada en múltiples aspectos legales donde se detallan deficiencias en la investigación preliminar de Justicia, se excluye de nombramiento de PEI al exsecretario de Estado, Luis Rivera Mann; al exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado; al exsecretario de la Gobernación, Ricardo Lierandi Cruz; y a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame.
No obstante, el PFEI indció que los fiscales podrán ampliar su investigación y presentar acusaciones si surge prueba contra estos, en el curso de la pesquisa.
“Con esta disposición legal debe quedar claramente establecido que no habrá impedimenta para ampliar la investigación si los FEI obtienen prueba mediante la cual puedan presentar un caso ante el Tribunal de Primera Instancia”, lee la resolución.
El Panel agrega que fue “muy firme y asertivo en defender los principios que alientan la Ley 2 de 1988, así como en rigurosos preceptos que podrían sostener la presentación de cargos penales y éticos”.
Agrega que “tanto es así, que la resolución precisa que a pesar de que Justicia remitió 37 cajas de documentos, éstas solo incluían cinco declaraciones juradas y no en todas ellas se mencionaron comisiones de delito por parte de todos los participantes del chat”.
“No obstante, debemos hacer constar que el récord de Justicia está huérfano de prueba que involucre —más allá del chat— a varios de sus participantes. Peor aún, hay ausencia de prueba que apoye una mera recomendación de nombramiento de FEI en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos un FEI”, expresa la resolución del Panel. P
Por ello, aclara que “la encomienda a los FEI se circunscribe a los posibles delitos identificados por el Panel en los documentos bajo juramento sometidos por Justicia”.
Añade también que “con lo expuesto reiteramos que resulta inaceptable concluir que, para algunos de los delitos que Justicia hace mención, no se nos ha provisto, conforme a derecho, una mínima prueba que justifique su recomendación de nombramiento de FEI”.
El Panel descartó devolver el caso a Justicia, para que subsanara lo relacionado a la deficiencia de prueba sobre algunas de las personas referidas y, al así hacerlo, determinó lo siguiente: “Concluimos que no sería procedente que el Panel optara por devolver la totalidad del caso a Justicia, porque estaríamos dejando de actuar sobre los
funcionarios para los que se incluyó información bajo juramento, ya que esa es una responsabilidad que nos impone el deber ministerial establecido en la ley”.
Al margen del contenido del chat, el Panel utilizo para su determinación, principalmente, aspectos de las cinco declaraciones juradas remitidas por Justicia, que muestran más allá del chat, una supuesta actuación indebida y presumiblemente contraria a la ley que, en síntesis, es la razón principal de la designación de los fiscales especiales.
“Sin embargo, depender solamente del chat -por muy reprochable que consideremos su contenido-, para recomendar el nombramiento de Fiscales Especiales Independientes, incumple con los requisitos establecidos en la citada Ley 2”, afirma el Panel en su resolución.
Contra los funcionarios a investigar, se sopesan los siguientes delitos que podrían haberse cometido:
Ricardo Rosselló Nevares: violación al Art. 262 (incumplimiento del deber) y al Art. 263 (negligencia en el cumplimiento del deber) del Código Penal del 2012 (CP). Igualmente deben considerar las posibles infracciones a la Ley de la OEG.
Christian Sobrino Vega: violaciones al CP en su Art. 177 (amenaza); Art. 262 (incumplimiento del deber); Art. 263 (negligencia en el cumplimiento del deber). Además, deben considerarse posibles infracciones a la Ley de Etica Gubernamental.
Alfonso Orona: pudo haber infringido la Ley de La OEG y el CP en los siguientes artículos: Art. 262 (incumplimiento del deber) y Art. 263 (negligencia en el cumplimiento del deber).
Ramón Rosario Cortés, se le atribuyen posibles infracciones a Ia Ley de la OEG y at CP, en los siguientes artículos: Art. 262 (incumplimiento del deber) y Art. 263 (negligencia en el cumplimiento del deber).
Edwin Miranda Reyes: pudo haber incurrido en infracciones al CP, en los siguientes artículos: Art. 212 (falsedad ideológica); Art. 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios); Art. 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales) y Aft. 261 (influencia indebida).
Elías Sánchez Sifonte: podría haber incurrido en infracciones a la Ley de la OEG y al CP en los artículos Art. 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios); Art. 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales) y Art. 261 (influencia indebida).
El Panel no encontró ninguna base, declaración o referencia sometida por Justicia, sobre elementos constitutivos de delitos que involucren a la exsecretaria de Prensa Yennifer Alvarez Jaimes, a la directora de la Oficina de Comunicaciones Rossy Santiago Velázquez y al exsecretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira Zayas, por lo que se ordenó el archivo de las alegaciones en su contra.
Los fiscales tendrán 90 días para realizar su investigación. INS
P. Rico-Desfalcan por 1.5 millones a Turismo, que se suma a Pridco y a otras agencias que habrían sufrido de un pirateo cibernético
San Juan, 14 feb (INS).- La Compañía de Turismo fue desfalcada por 1.5 millones de dólares, en un caso que se suma al de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, siglas en inglés), que sufrió el robo de 2.6 millones de dólares.
El caso de Turismo, dado a conocer ayer, se reportó en diciembre de 2019, informó la Policía, mientras que el de Pridco trascendió ayer, miércoles, cuando la uniformada divulgó una querella en la que el director de finanzas de esa agencia denunció que el pasado 17 de enero, alguien, a quien no identificó, transfirió el dinero público a una cuenta fraudulenta en el extranjero.
Los robos están siendo investigados por el FBI, que según indicó un diario nacional (El Vocero) maneja otros casos de agencias del gobierno afectadas.
Frente a la situación, ya el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Félix Lassalle Toro, anunció la presentación de una resolución para investigar el supuesto fraude electrónico.
El legislador adelantó, además, que estará citando a una audiencia ejecutiva a ingenieros de redes de seguridad, funcionarios de las agencias de seguridad pública, al igual que ejecutivos de compañías de tecnología, para delinear estrategias que prevengan “hackeos” de los sistemas cibernéticos del gobierno.
El político sostuvo que “actos criminales como este fraude electrónico que ayer reporta en la prensa local coloca al pueblo en tensión, pues los sistemas de datos del gobierno tienen de todo, desde nombres, direcciones, registros de propiedades, información médica y hasta cuentas bancarias. No podemos permitir que personas indiscriminadas tengan acceso a toda esa información”.
El legislador afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que espera que el DSP, junto con las autoridades federales, “encuentre, de manera expedita, los culpables de esta penetración ilegal a los sistemas del gobierno”.INS
P. Rico-Portavoz alterno del PPD en la Cámara presenta medida de investigación relacionada al desfalco de más de 2.6 millones de dólares en Pridco
San Juan, 14 feb (INS).- El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, presentó una medida de investigación relacionada al desfalco de más de 2.6 millones de dólares a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco, siglas en inglés).
“De entrada resulta preocupante y alarmante que se efectúen desembolsos millonarios de dinero público sin que se cuente con una verificación y constatación que permita filtrar transacciones dudosas. Resulta inverosímil que se transfieran 2.6 millones de dólares por que alguien lo pide en un correo electrónico bajo la excusa de que hubo un cambio de cuenta. El cambio de cuentas para realizar desembolsos de ‘remesas’ como fue denunciado en la querella ante la Policía, es un trámite que requiere múltiples aprobaciones que no se resuelven con un correo electrónico. Es realmente absurdo e insostenible que la explicación sea tan somera y vaga”, acusó Cruz Burgos.
Para el legislador, “la explicación dada y la expuesta en la querella ante el Negociado de la Policía es lo suficientemente vaga como para que la Asamblea Legislativa decida que no es un asunto medular a investigar. De hecho, la información que surge públicamente es que otras dependencias gubernamentales también han sido objeto de esta práctica fraudulenta y algunas pueden haber hecho otros desembolsos de fondos públicos. Por lo que hemos presentado una medida para que se investigue esta y otras transacciones que se han dado de la misma naturaleza en el gobierno”.
El representante recordó que el gobierno de Puerto Rico “está en una seria crisis fiscal, no tiene dinero suficiente para cumplir sus obligaciones y costear los servicios que necesitan las familias, sin embargo, se toma con cierta liviandad el que sus dependencias sean objetos de fraudes millonarios, sin que exista una respuesta contundente”.
Desde la tarde de ayer los medios noticiosos dan cuenta de un desembolso hecho por Pridco de sobre dos y medio millones de dólares.
El desfalco de Pridco trascendió en la tarde del 12 de febrero, cuando el Negociado de la Policía divulgó una querella en la que el director de finanzas de esa oficina denunció que, el pasado 17 de enero de 2020, alguien, a quien no identificó, transfirió el dinero público a una cuenta fraudulenta al extranjero.
“La inacción no es opción. Los recursos para dar servicios a los puertorriqueños no pueden estar sujetos a fraudes por correo electrónico. La responsabilidad de los funcionarios a cargo de los recursos del país tiene que ser mayor y las consecuencias por incumplir ese deber de fiducia debe ser firme. Por tanto, exijo que la Cámara de Representantes inicie prontamente esta investigación”, indicó el político del PPD.INS
P. Rico-Investigarán robo de 2.6 millones en Pridco
San Juan, 14 feb (INS).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Félix Lassalle Toro, anunció la presentación de una resolución para investigar el supuesto fraude electrónico ocurrido en la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, siglas en inglés) y la Administración de los Sistema de Retiro del Gobierno Central.
El legislador adelantó, además, que estará citando a una audiencia ejecutiva a ingenieros de redes de seguridad, funcionarios de las agencias de seguridad pública, al igual que ejecutivos de compañías de tecnología, para delinear estrategias que prevengan “hackeos” de los sistemas cibernéticos del gobierno.
“La seguridad de los sistemas de informática del gobierno es una prioridad para esta Comisión. Por eso, estaremos realizando una investigación profunda de lo que acaba de suceder en Pridco y Retiro para, no solo fijar responsabilidad a quienes fallaron, sino también para asegurarnos que esto no vuelva a pasar. El pueblo tiene derecho a saber, de forma trasparente, todo lo ocurrido en este asunto”, comentó Lassalle Toro.
Añadió que “actos criminales como este fraude electrónico que se reporta en la prensa local coloca al pueblo en tensión, pues los sistemas de datos del gobierno tienen de todo, desde nombres, direcciones, registros de propiedades, información médica y hasta cuentas bancarias. No podemos permitir que personas indiscriminadas tengan acceso a toda esa información”.
El legislador afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que espera que el DSP, junto con las autoridades federales, “encuentre, de manera expedita, los culpables de esta penetración ilegal a los sistemas del gobierno”.
El representante también indicó que “la pesquisa, la cual será rápida y detallada, tendrá un elemento novel y es la confección de un plan de acción entre la empresa privada y el gobierno para intervenir con este tipo de delito, el cual está en auge ante el crecimiento de la Internet y las redes sociales. Vamos hacer de esta pesquisa una que aporte algo tangible para el pueblo, mediante legislación que provea seguridad adicional para los sistemas cibernéticos gubernamentales”.INS
P. Rico-FBI informa que logró congelar fondos por 2.6 millones de dólares extraídos ileglemente de Pridco
San Juan, 14 feb (INS).- El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) informó que logró congelar los fondos por 2.6 millones de dólares extraídos ilegalmente de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).
El dinero en las cuentas afectadas se congeló, minimizando el impacto al erario público”, dijo a un diario nacional (El Nuevo Día) la portavoz del FBI en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio.
El caso de Pridco trascendió ayer, miércoles, cuando la Policía divulgó una querella en la que el director de finanzas de esa agencia denunció que el pasado 17 de enero, alguien, a quien no identificó, transfirió el dinero público por 2.6 millones de dólares a una cuenta fraudulenta en el extranjero.
Junto con el de Pridco también se conoció en la tarde de ayer el caso de Turismo, que se reportó en diciembre de 2019, informó la Policía.
Los robos están siendo investigados por el FBI, que según indicó un diario nacional (El Vocero) maneja otros casos de agencias del gobierno afectadas.
Frente a la situación, ya el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Félix Lassalle Toro, anunció la presentación de una resolución para investigar el supuesto fraude electrónico.
El legislador adelantó, además, que estará citando a una audiencia ejecutiva a ingenieros de redes de seguridad, funcionarios de las agencias de seguridad pública, al igual que ejecutivos de compañías de tecnología, para delinear estrategias que prevengan “hackeos” de los sistemas cibernéticos del gobierno.
El político sostuvo que “actos criminales como este fraude electrónico que ayer se reporta en la prensa local coloca al pueblo en tensión, pues los sistemas de datos del gobierno tienen de todo, desde nombres, direcciones, registros de propiedades, información médica y hasta cuentas bancarias. No podemos permitir que personas indiscriminadas tengan acceso a toda esa información”.
El legislador afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que espera que el DSP, junto con las autoridades federales, “encuentre, de manera expedita, los culpables de esta penetración ilegal a los sistemas del gobierno”.INS
P. Rico-Cooperativas de energía podrían reemplazar los servicios de la AEE
San Juan, 13 feb (INS).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha propuesto, en lo que va de año, un aumento del 4 por ciento en la factura, impuestos a la producción de energía renovable, a pesar de no haber firmado contrato alguno en ese aspecto, y ha demostrado su incapacidad para manejar una emergencia, aseguró ayer el presidente de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes, José A. Banchs Alemán, quien impulsará un esfuerzo multisectorial con el objetivo de que, antes de que culmine el 2020, existan cooperativas produciendo y transmitiendo electricidad a gran escala.
Para ello, Banchs Alemán ha estado trabajando en colaboración con el representante José Aponte Hernández, la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y con lideres del movimiento cooperativista, cuyo objetivo común es que las cooperativas eléctricas comiencen a proveer servicio lo antes posible.
El representante indicó que la necesidad de producción de energía continua, estable y confiable no puede seguir posponiéndose.
“Es momento que el pueblo tenga la alternativa de elegir un servicio distinto al que ofrece la AEE, más económico y participativo, de forma tal que los abonados tengan voz y voto al momento de establecer el costo de la tarifa y los cargos por servicio”, dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Banchs Alemán añadió que en las reuniones con la jefa de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, Glorimar Laboy, y con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Miguel Vargas, ha salido a relucir el interés de los diversos sectores del país en cuanto a que esta iniciativa se haga realidad ya.
El representante oficialista expresó que existe financiamiento disponible para aquellas personas interesadas en establecer una cooperativa de energía y exhortó “a todos los ciudadanos que estén interesados a que se comuniquen con la Comisión de Desarrollo Cooperativo o con la Comisión de Cooperativismo de la Cámara para más información”. INS
ndc