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San Juan, 13 feb (INS).- El senador Héctor Martínez Maldonado presentará una medida que crea un panel para la asignación de casos de oficio a abogados que provean representación legal gratuita en casos de naturaleza civil, penal, de familia y administrativo a personas de escasos recursos económicos.
“Si bien la sección 11 del artículo II de la Constitución garantiza la asistencia de un abogado para todo acusado en un caso criminal, tal derecho no existe en los litigios de naturaleza civil. Por otro lado, a diferencia de la legislación federal, que concede a los tribunales federales la facultad de asignar casos de oficio de naturaleza civil, en la isla tampoco se reconoce esa facultad por la vía estatutaria. Esta medida corrige esta laguna”, dijo Martínez.
El proyecto, que se someterá en los próximos días, crea un panel para manejar las asignaciones de oficio. Este panel, que sería el mecanismo que utilizaría el Tribunal Supremo de Puerto Rico para asignar tales casos, es similar al establecido por la Corte de Distrito federal en San Juan para la asignación de este tipo de casos.
Las asignaciones se realizarían, en primera instancia, a los participantes del Registro de Abogados de Oficio, compuesto por abogados que ingresan voluntariamente.
La medida, además, enmienda la Ley 165-2013, para proveer que los dineros que ingresen al Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico estén disponibles para los gastos relacionados a la implementación del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.
En ese sentido, se faculta al Tribunal Supremo a utilizar los fondos para el pago de honorarios de abogado, el reembolso de costas y gastos de litigio, entre otros. En el caso de honorarios de abogado, serían utilizados para las asignaciones de oficio que se realicen.
Para hacer viable el panel, Martínez recordó que “recientemente la Rama Judicial propuso un aumento, con ahorros presupuestarios alcanzados para los miembros de la judicatura. Nos parece que los ahorros que la Rama Judicial tiene a su disposición pueden ser mejor utilizados para nutrir este fondo de manera que más personas de escasos recursos tengan acceso a representación legal adecuada”.
Según los aumentos propuestos por la Rama Judicial, que oscilan entre 20,400 y 58 mil dólares, tendrían un impacto en el presupuesto de alrededor de 11 millones 500 mil dólares, dinero que se utilizaría para sufragar los costos de abogados. INS
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