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Resumen de noticias para el miércoles 12 de febrero de 2020
P. Rico-Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y COA coinciden en que JSF “acaba” con economía tras nuevo acuerdo para pagar cantidad “absurda” de fondos públicos a bonistas
San Juan, 12 feb (INS).- El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA) coincidieron en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “acaba” con la economía del país tras el nuevo acuerdo para pagar una cantidad “absurda” de fondos públicos a bonistas de una deuda “emitida ilegalmente”.
Tanto el Frente Ciudadano como COA reaccionaron al nuevo acuerdo alcanzado entre la JSF y los bonistas, que fue anunciado el domingo en la noche.
A raíz del acuerdo, ambas iniciativas invitaron a la Asamblea Por Un Retiro Digno, donde se discutirán los próximos pasos para defender las pensiones frente “a este nuevo ataque”, dijo Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano.
Agregó que “en medio de la emergencia en el sur y que tenemos cientos de escuelas todavía cerradas, la Junta acaba con nuestra economía llegando a un nuevo acuerdo para pagar una cantidad absurda de nuestros fondos públicos a bonistas de deuda emitida ilegalmente. Recalcamos que el pueblo de Puerto Rico no está obligado a pagar por deuda emitida ilegalmente ni por los errores de pasadas administraciones. Si esto no fuera poco, la Junta manipula la opinión pública diciendo que están recortando sustancialmente el pago de la deuda, cuando eso no es cierto. Ojalá se hiciera el recorte necesario a la deuda. Pero lo que están ofreciendo es intercambiar bonos GOs por bonos COFINA y así darle una garantía adicional a estos bonistas utilizando los pocos fondos públicos que nos llegan de los recaudos del IVU. Totalmente inaceptable”.
Prados manifestó que “la única alternativa real es que se continúe con las demandas de cancelación de deuda emitida ilegalmente y se audite el resto de la deuda. Cualquier acuerdo que evite estos litigios va en contra de los mejores intereses de Puerto Rico y busca liberar de responsabilidad a los que nos trajeron a esta crisis”.
Mientras, María Teresa Rodríguez, pensionada de la campaña COA insistió en que “es inmoral que este acuerdo les dé más dinero a los bonistas y mantenga el recorte de 8.5% a las pensiones. A tales efectos, los pensionados insisten que debe haber por parte del gobierno y de la gobernadora Wanda Vázquez acción categórica en contra de cualquier recorte a las pensiones”.
“Seguimos viendo como la Junta continúa atacando al país y juega con nuestras pensiones para pagarle a bonistas multimillonarios. Este acuerdo mantiene el recorte de 8.5 de nuestras pensiones y se compromete a pagar deuda que hasta la misma Junta a determinado que es ilegal. Lo que nosotros necesitamos por parte de este gobierno es valentía, que prioricen el uso de los fondos públicos en los servicios esenciales y en el pago de nuestras pensiones y sigan con la cancelación de la deuda ilegal. La gobernadora no solo se tiene que oponer a estos acuerdos, sino que también tiene que tomar acción concreta para defender nuestras pensiones contra cualquier recorte”, puntualizó Rodríguez Torres.
Los pensionados recalcaron la importancia de que la población pensionada del país asista a la Asamblea Nacional por un Retiro Digno el próximo 22 de febrero, desde las 9:00 de la mañana, en el coliseíto Pedrín Zorilla.
De acuerdo con la portavoz, “ahora más que nunca es importante seguir defendiendo nuestras pensiones de estos acuerdos de la Junta y los bonistas. Los pensionados vamos a defender nuestras pensiones de cualquier recorte, por eso invitamos a todos los pensionados que nos acompañen en la asamblea el próximo 22 de febrero para juntos delimitar un plan de acción para forzar a la Junta, el COR y a la Gobernadora a que nuestras pensiones se respetan”.INS
P. Rico-Presentan medida para investigar a aseguradoras con reclamaciones pendientes tras paso del huracán María, hace más de dos años, que suman cerca de 2,500 millones de dólares
San Juan, 12 feb (INS).- El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, sometió la resolución del Senado 1332, para que se realice una investigación sobre en qué estatus se encuentran las reclamaciones a aseguradoras de miles de afectados por el huracán María, hace más de dos años.
El legislador aseguró que la medida busca investigar a algunas aseguradoras que siguen dilatando el proceso de reclamación e indagar respecto de supuestas tácticas de evasión legal a las que esas aseguradoras están recurriendo.
“Llevamos más de dos años con esta situación y las aseguradoras se siguen pasando la papa caliente, pero no asumen su responsabilidad. No hay razón que justifique cómo a 29 meses de María todavía muchos ciudadanos tienen sus propiedades como si el huracán hubiese pasado ayer. Esto no es un beneficio. Es una obligación de las compañías ya que es un seguro que sus clientes han pagado. Confiamos en que esta investigación aflore la realidad actual y tras esto evaluaremos alternativas legislativas que pongan en jaque esta modalidad inescrupulosa de algunos miembros de la industria de seguros”, sentenció el político.
Agregó que “todavía quedan pendiente miles de casos de parte de clientes privados y municipios que no han sido resueltos y son los que representan mayor costo para las compañías. De hecho, hasta hace unos meses, se seguían radicando demandas en contra de ciertas aseguradoras. En cuanto a los pagos pendientes a los clientes, la cifra más reciente que tenemos ronda los 2,500 millones”.
Indicó que muchas de estas empresas han recibido multas millonarias por violar disposiciones del Código de Seguros que guardan relación con la tardanza en la resolución y pago del término establecido por ley.
Entre estas se encuentran Caribbean American Insurance Company, Cooperativa de Seguros Múltiples, Mapfre, Multinational Insurance Company, Triple S y Universal Insurance Company.INS
P. Rico-Denuncia gremio el asomo nuevamente de la corrupción en la AEP
San Juan, 12 feb (INS).- La Unión Independiente de Empleados de la Autoridad Edificios Públicos (UIE-AEP) levantó bandera sobre lo que consideran una repetición de la corrupción, evidenciada el pasado verano, en una componenda entre el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, y el entonces director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Josean Nazario Torres, la cual culminó con el despido de este último.
El vicepresidente de la UIE-AEP, Javier López López, estableció que en esta ocasión, similar a lo que ocurrió en el verano de 2019 con la participación de Julia Keleher, el actual secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, ha decidido que todas las escuelas que utilice esa agencia, incluyendo las que corresponden a la AEP, serán atendidas para efecto de su reconstrucción o reparación por la AFI, que aún dirige Eduardo Rivera Cruz, señalado como coautor de actos de corrupción mediante la otorgamiento de contratos a familiares de Nazario Torres.
Mediante carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, los dirigentes del gremio alertaron lo que está ocurriendo para que no permita que estas escuelas, cuya titularidad la ostenta la AEP, sean transferidas a AFI.
La AEP es la corporación pública, destinada por su propia Ley Orgánica para el diseño, construcción, reparación, remodelación, operación y mantenimiento de las escuelas públicas y demás edificios gubernamentales de nuestro país.
También advirtieron que esta acción se presta para poner en precario y a la merced de malos manejos de fondos públicos, la estabilidad de esta corporación, que cuenta con la experiencia de ingenieros, arquitectos, inspectores y agrimensores en el desarrollo de proyectos y una junta de subastas que vela que los procesos se lleven de una forma transparente y ordenada sin tener que mediar contratos de empresas privadas.
Por otra parte, la Junta de Relaciones del Trabajo ha reconocido a la UIE-AEP, al amparo de la Ley 130 de 1945, como representante exclusivo de los empleados de esta corporación pública, dijo el vicepresidente del gremio, Javier López López.
La carta de referencia que fue entregada en La Fortaleza en la tarde del lunes que contiene la solicitud de la Unión con la cual, según dijeron coincide con la directora ejecutiva de esta corporación pública.
En la tarde de este martes se reuniría la junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos para atender esta grave situación que provocará conflictos laborales y otros señalamientos de violación a su Ley Orgánica.
“Esperamos que la Gobernadora nos escuche y no permita que se cometan los mismos errores que en el pasado, los cuales provocaron actos de corrupción y el despido del director ejecutivo para aquel entonces”, recalcó López López. INS
P. Rico-Emplaza Guzmán al senador Neumann a impulsar medida contra la JSF
San Juan, 12 feb (INS).- La aspirante a senadora María de Lourdes Guzmán, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), emplazó al senador Henry Neumann, del Partido Nuevo Progresista (PNP), a que, si verdaderamente le interesa enfrentar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), acoja el proyecto de la Cámara 1030, del representante Manuel Natal Albelo.
“El mejor acto de desobediencia civil que puede hacer el vicepresidente del Senado, Henry Neumann, y la Legislatura es darle paso a este proyecto para, de una vez y por todas, quitarle los recursos económicos a la Junta”, lanzó la candidata a senadora por el Distrito de San Juan por Victoria Ciudadana.
Guzmán opinó que de este modo el senador Neumann puede realizar “su mejor acto de desobediencia al acoger el proyecto de Ley 1030 y lo presente en el Senado para que se apruebe”, con el propósito de presionar a la junta de control fiscal.
“Este sería un verdadero acto de reto y verdadera desobediencia a la Junta”, sostuvo la candidata a senadora al reaccionar a la controversia sobre la posición del gobierno de incumplir los nuevos acuerdos alcanzado por el organismo con los bonistas.
La aspirante a senadora manifestó que de ese modo contribuiría a impedir que se concrete el nefasto acuerdo en perjuicio de los pensionados del país.
Guzmán destacó que el proyecto de la Cámara 1030 cuenta con el respaldo de los representantes Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres, quienes persiguen se enmiende la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico con el fin de prohibir alDepartamento de Hacienda sufragar los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo impuesto por Washington.
“La desobediencia civil está muy bien, pero también hay movidas que, junto a la desobediencia, se pueden hacer desde la Legislatura. Ya hay una pieza legislativa radicada en la Cámara por Natal, Vega Ramos y Luis Raúl Torres, que va dirigida a cortarle los fondos públicos para gastos a la JSF. Es inmoral e injusto que mientras los integrantes de la Junta, junto a su directora ejecutiva Natalie Jaresko, quien devenga un salario escandaloso de 625 mil dólares anuales, y los gatos de representación de este organismo suman más de 20,000 dólares cada vez que se reúne”, expuso la candidata.
Guzmán subrayó que se pretende “sacrificar una vez más a nuestro pueblo en lugar de utilizar esos dineros para atender las necesidades existentes en este país y que imponen al pueblo trabajador y pensionados de mayores privaciones”.
Señaló que “en este momento histórico que vive Puerto Rico, es cuando se tienen que tomar acciones contundentes”. INS
P. Rico-FEMA autoriza que residentes de seis municipios sean elegibles para Asistencia de Alojamiento Transitorio
Caguas, 12 feb (INS).- A petición del gobierno de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) autorizó el programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio (TSA, en inglés) para seis municipios: Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, San Germán y Yauco.
Bajo este programa, FEMA paga los gastos de alojamiento en un hotel o motel participante en Puerto Rico para los damnificados elegibles.
Un representante de FEMA notificará a los solicitantes con viviendas que sufrieron daños por los terremotos que iniciaron el 28 de diciembre de 2019 sobre su elegibilidad.
La agencia identificará los lugares donde los participantes se podrán hospedar en la isla. Los solicitantes que sean aprobados deberán coordinar con un especialista del programa de alojamiento transitorio para determinar qué hospedaje cumple con sus necesidades específicas.
El programa paga directo al hotel o motel participante los gastos relacionados con la habitación y los impuestos correspondientes. Los gastos incidentales, como lavandería, servicio a la habitación, estacionamiento, teléfono, comida, depósito para alojamiento de mascota y transportación, son responsabilidad del solicitante.
El período inicial para la Asistencia de Alojamiento Transitorio es de 45 días.
Para recibir Asistencia de Alojamiento Transitorio, los solicitantes deben ser residentes de uno de los seis municipios designados y ser ciudadanos estadounidenses, estar naturalizados o ser extranjeros cualificados; haber completado una inscripción válida con FEMA para recibir asistencia por desastre; cumplir con la verificación de identidad y de uso de la vivienda.
Además, tener una evaluación de vivienda por FEMA que confirme que a consecuencia del desastre la residencia ha quedado inhabitable y requiere reparaciones; no tener cobertura de seguro por la causa que provocó los daños o no tener cobertura suficiente las necesidades de vivienda provisional; y estar dispuestos a mudarse mientras se realizan las reparaciones en su residencia. INS
ndc