P. Rico-Desatino de una candidatura a la gobernación (Análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 10 feb (INS).- Tiene un cierto grado de irracionalidad y desatino el afán de candidatos por llegar a la gobernación de Puerto Rico bajo las circunstancias políticas actuales.

Sí, resulta incomprensible querer gobernar a Puerto Rico, en medio de la presente crisis económica y déficit fiscal.

Podría comprenderse si mediaran ideas transformadoras, de cambios radicales en el país. Pero anticipándose tener las manos atadas en la gobernación por la federal Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (Promesa) que estatuye una junta de siete integrantes que es para todos los efectos prácticos un supragobierno no electo impuesto desde Washington a Puerto Rico, entonces se apoderan del pensamiento las interrogantes.

Intentar gobernar con la interferencia de esta imposición colonial de una junta de siete miembros, cuatro de los cuales fueron escogidos en 2016 por el predecesor presidente demócrata Barack Obama de una lista elaborada por el Congreso, en aquel entonces de mayoría republicana, otros dos por lo que era la minoría demócrata en ambas cámaras legislativas, y uno a discreción directa y exclusiva del propio presidente estadounidense.

Los mismos siete miembros fueron nombrados nuevamente por el triunfante presidente sucesor Donald J. Trump, enviando las designaciones al Senado, dominado por su Partido Republicano, es sencillamente la locura de quienes insisten en postularse a gobernador o gobernadora bajo la colonia en Puerto Rico, imponiéndose una camisa de fuerza que los mantendrá maniatados en la gobernación.

Sabiendo que la junta estará hasta que haya cuatro presupuestos equilibrados consecutivos y el gobierno de Puerto Rico pueda regresar al mercado de valores con intereses razonables para sus bonos, meta que se esfuma en el futuro a bien largo plazo, no parece haber esperanza alguna de que el gobernador o la gobernadora no termine siendo un pelele de ese organismo federal, dentro de los términos del presente estatus de relación política con Estados Unidos y conforme a los términos de la Ley Promesa.

Para no ser un arlequín de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador o gobernadora que se elija tendría que proponer una rebelión contra la imposición de la Ley Promesa y ello, desde luego, tendría la implicación de una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.

Eso no parece estar en los planes y propuestas de ninguno de los candidatos por los dos partidos políticos mayoritarios del bipartidismo que se han turnado en el poder. Podría haber cierta excepcionalidad con el tono discursivo un poco indómito de la candidata por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, que parece, sin embargo, no tener intención alguna de que su proyecto político escale a una rebelión. Su tono indómito únicamente serviría para el pataleo.

No puede atribuirse en estos momentos como motivaciones para la aspiración a la gobernación las usuales prebendas del poder en el manejo del presupuesto que existieron en el pasado, puesto que los gobernantes no tienen ya la libertad en la administración de las arcas fiscales que había anteriormente.

Encima del control de la JSF sobre el fisco está también la vigilancia y persecución a la corrupción de las autoridades fiscales en Puerto Rico. Ahí están los casos recientes como ejemplo y la mirada xenófoba del presidente Trump en procura de encontrar tachas contra los políticos puertorriqueños que se prestan a ser los testaferros del sistema colonial.

¿Qué razones queda para una persona “candidatarse” a la gobernación de Puerto Rico? ¿Acaso locura obsesiva por el poder, aunque sea simplemente poder nominal y no verdadero? Porque el poder verdadero es el que sustenta y que secuestró la Junta de Control Fiscal de lo que se supone fuera la soberanía del pueblo puertorriqueño. INS

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