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El portavoz del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, impulsó la medida que otorga autoridad a los federales en infracciones isleñas. Inter News Service
San Juan, 10 feb (INS).- La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida que modifica las Reglas de Procedimiento Criminal, con el propósito facultar como funcionarios del orden público a los agentes federales y permitirle realizar arrestos por delitos estatales durante una declaración de estado de emergencia decretado por la Gobernación.
El proyecto de la Cámara 2326, del portavoz de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, menciona a todas las oficialidades federales con autoridad para practicar arrestos en el ejercicio de sus funciones.
Esto, cuando están en el desempeño de sus responsabilidades y actúan conforme a las limitaciones por la ley habilitadora de su agencia se considerarán funcionarios del orden público de Puerto Rico.
Los federales ejercerán poderes de arresto de la misma manera y sujetos a las disposiciones sustantivas y procesales que los agentes del orden público de Puerto Rico a tenor con la Regla 11 de las Procedimiento Criminal.
“En Puerto Rico tenemos alrededor de 4 mil agentes federales… No son agentes de otros estados, son gente que trabajan aquí en Puerto Rico”, dijo el representante Rodríguez Aguiló al plantear que la propuesta será una de las herramientas que asistirá en la lucha contra el crimen y atender situaciones de emergencias.
El representante Luis Vega Ramos, del Partido Popular Democrático (PPD), consideró que la legislación es “peligrosa”, ya que pretende entregarle al organismo federal el “poder absoluto” de arrestar.
En esa dirección, el representante Manuel Natal Albelo, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sostuvo que votaría en contra, ya que el proyecto se presta “para darle la vuelta” al Código Penal y a la Constitución de Puerto Rico.
Mientras, el portavoz de la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, también dijo que votaría en contra del proyecto de ley.
“No hay forma de obligar al gobierno de Estados Unidos para ejercer eso, (que) es un retrato de lo que es Puerto Rico”, sustentó Márquez Lebrón. INS
ndc
