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Miembros del Cuerpo Diplomático durante el almuerzo ofrecido al presidente Medina. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 8 feb (INS).- Cuestionada por la oposición política, apoyada por el oficialismo, partidos aliados, así como algunos sectores de la sociedad, y criticada por segmentos de las iglesias, la Junta Central Electoral (JCE) se propone celebrar elecciones municipales y presidenciales adoptando medidas extremas, entre ellas evitar el acarreo de personas en las filas después del cierre de las votaciones.
La institución implementará un mecanismo destinado a evitar que se repita el escenario de las elecciones primarias simultáneas, realizadas el 6 de octubre pasado a lo interno de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), donde había personas en las filas hasta altas horas de la noche, lo que dio espacio a sospechas de adulteración de los resultados de los votos a favor del partido en el poder, según denunció la oposición.
El organismo informó que ese procedimiento busca contabilizar a los electores que estén sufragando después de las 5:00 de la tarde, a quienes el presidente de cada colegio electoral les requerirá su cédula de identidad y electoral.
“Si hay personas en las filas, se contarán los que están y se les requerirá sus cédulas y se hará un cierre para que terminen de votar”, explicó Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.
Indicó que concluida la votación, el cómputo comenzará a divulgarse a las 7:00 de la noche o cuando se haya contabilizado el 50% de los votos, medida contenida en la resolución sobre la transmisión y divulgación ratificada por el pleno.
La iniciativa nace de una recomendación de la misión de avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que estuvo en enero pasado en el país y recomendó que se realicen unas elecciones libres y transparentes.
La Misión hizo una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral tras agotar por dos días una agenda de trabajo, previo a su participación como observadores en los comicios.
Dentro de los puntos que la Uniore citó, durante una rueda de prensa el 18 de enero y dirigida por el delegado de la Misión, Marco Antonio Baños, fue la necesidad de que el órgano electoral despliegue una campaña educativa con la que se le explique a los ciudadanos la modalidad híbrida de votación que se implementará en los comicios municipales.
También, la importancia de que antes de la consulta popular se instale la fiscalía especializada contra delitos electorales y que a la vez se realice una campaña de orientación que concientice a la población de las consecuencias que tienen las prácticas que son penadas por la ley, entre ellas la compra de cédulas de identidad de los electores. La sugerencia se está aplicando tal como fue expuesta.
A pesar de la oposición de varios partidos, la JCE ratificó su resolución sobre la transmisión y divulgación de resultados que dispone se emitan a partir de las dos horas luego del cierre de los colegios electorales o cuando se haya recibido por lo menos el 50% del cómputo.
Conforme a ese mecanismo, “los resultados que se emitan tendrán un carácter preliminar, hasta tanto las juntas electorales concluyan el cómputo de sus respectivas demarcaciones, momento a partir del cual serán definitivos”.
En lo concerniente al cuestionado sistema del voto automatizado, se reafirmó que concluida la votación se procederá al escrutinio de las 3.2 millones de boletas impresas para ese proceso, se contarán los votos físicos que han sido depositados en la urna y se emitirá el resultado que genera el equipo computarizado de votación.
“En caso de que exista diferencia entre los resultados emitidos por el equipo y la sumatoria de los votos físicos que fueron depositados en la urna, se anotará la situación en el acta del colegio y dicha discrepancia será conocida en la Junta Electoral correspondiente, quien emitirá su veredicto sobre el particular”, expresa la disposición.
Añade que “inmediatamente se hayan digitado los resultados y se comprueben los respectivos cuadres con el total de los votos, se procederá a la impresión de las relaciones de votación que serán incorporadas en el libro de actas”.
Culminada la fase de impresión y entrega de resultados, el presidente de la mesa tomará una fotografía con el teléfono de la JCE y la imagen se transmita al centro de cómputos, las juntas, los partidos y los medios de comunicación que lo deseen.
Para estos procesos populares, el número de electores inscritos asciende a 7,487,040. La institución electoral informó que, de esa cifra, 3,828,786 corresponden a sufragantes femeninos y 3,658,254 a masculinos.
En las elecciones municipales de 2020, participan 7,876 mujeres como candidatas a cargos electivos (alcaldes, vice alcaldes y regidores) en representación de los partidos políticos.
La consulta general (presidenciales y congresuales) se celebrará el domingo 17 de mayo de 2020 de forma simultánea en todo el territorio nacional. Es la segunda desde las elecciones de 1994 y la primera en la historia socio-política dominicana en que todas sus autoridades serán electas de forma simultánea y directa.
Se trata de un acontecimiento en el que los actores políticos de la oposición y la sociedad civil han sembrado dudas sobre la imparcialidad de la JCE, luego de las primarias del 6 de octubre de 2019, que generó una crisis política. De hecho, ya el expresidente Leonel Fernández y su equipo político y técnico han advertido un posible fraude electoral.
Las elecciones venideras han traído al país un alto nivel de nerviosismo incompatible con la realidad de crecimiento económico, algo que beneficiaría al nuevo gobierno que se inaugurará en agosto, sea del partido en el poder o de la oposición.
Los políticos de la oposición mantienen una presión sobre la Junta Central Electoral por asuntos internos y porque supuestamente ha sido blanda para contener el ímpetu del partido oficial de que apoya a los candidatos a las municipales y entrega dádivas sacadas de los programas sociales del Gobierno, acciones que tipifican como abuso de poder y que serán denunciadas por el partido Fuerza del Pueblo (FP), que preside Leonel Fernández, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales por la supuesta violación a la Ley Electoral y el uso de los recursos del Estado para beneficiar a los candidatos del partido oficial.
En tanto, la oposición insiste en argumentar que se prepara un fraude en las próximas votaciones y precisa que para esa fase el oficialismo busca el consenso del empresariado y otros sectores influyentes.
Esa inquietud le será expuesta al Cuerpo Diplomático acreditado en el país, con la desventaja para la oposición de que el presidente Danilo Medina asistió a un almuerzo ofrecido por éstos en su honor, donde el tema de las elecciones habría sido parte del menú, según opinan los entendidos en esos asuntos. INS
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