Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el sábado 8 de febrero de 2020
P. Rico-A un mes de la emergencia nacional provocada por el terremoto, organizaciones catalogan de “insuficiente, negligente y criminal” la respuesta gubernamental”
San Juan, 8 feb (INS).- A un mes de los eventos sísmicos que desataron una emergencia nacional con impacto para la vida de 480,000 personas en 16 municipios, distintas organizaciones de justicia social catalogaron de “insuficiente, negligente y criminal” la acción gubernamental que se ha visto en los últimos 30 días, pese a que consideraron el escenario de “vida o muerte”.
Las entidades narraron los esfuerzos de autogestión y solidaridad que continúan organizando, haciendo hincapié en que fortalecerán los esfuerzos para denunciar y exigir a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Educación, la Legislatura, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno Federal que asuman la responsabilidad que les corresponde.
“El desastre que hemos visto es reflejo de lo que sabemos desde antes del Huracán María, y que se ha acentuado con los terremotos. No es solo que no saben atender esta emergencia, es que llevan décadas ausentes, pendientes a otros intereses, sin atender necesidades. ¿Ahora pretenden que la gente confíe en ellos? Eso no es así”, expresó Roberto Vélez Vélez, miembro de la Brigada Solidaria del Oeste (BSO), iniciativa comunitaria autogestionada que llegó a las primeras comunidades en Guánica a 24 horas después del sismo más fuerte.
Las organizaciones denunciaron que es inaceptable que no haya un plan “íntegro, serio y urgente” que garantice derechos básicos, “a pesar de haber recursos económicos como los 8.8 mil millones de dinero del pueblo, ahorrados para el repago de la deuda y bajo el control de la Junta de Control Fiscal”.
Exigieron la utilización de estos fondos para garantizar vivienda segura y digna para las miles de personas viviendo fuera de sus hogares, especificando que dichas soluciones deben salir de la participación real y efectiva de las personas más afectadas por esta realidad.
“Lo que la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo presentó la semana pasada como un ‘plan’ realmente es la reorganización de los programas de asistencia que ya existían, no presenta soluciones nuevas y no corresponde a la magnitud de la necesidad, ni a la urgencia. Decirle a familias que van a estar 60 días más en las condiciones que hemos visto, no es aceptable”, comentó Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), organización no gubernamental que ofrece educación y acompañamiento legal a familias afectadas por desastres.
En el último mes, han organizado y entrenado a cerca de 180 abogados voluntarios que han ofrecido consejería legal a cientos de familias en campamentos de 5 municipios.
Los grupos exigieron también que el uso de los fondos para la reconstrucción sea dirigida por las voces de aquellas personas más afectadas.
“Es imperativo la incorporación de la gente más afectada en los procesos de toma de decisiones y diseño de soluciones, porque son los gestores de su recuperación. Las acciones y soluciones que han desarrollado – los campamentos en sus barrios, las redes comunitarias para sobrevivir – son las soluciones que funcionan”, abundó Vélez, de la Brigada Solidaria del Oeste, que ha provisto apoyo a una veintena de comunidades en siete municipios.
Las organizaciones exigieron escuelas públicas abiertas y seguras para toda la niñez y juventud del país, asambleas informativas y un plan y protocolo de inspección y mitigación.
Recalcaron que se trata de un derecho constitucional que tiene que garantizar el secretario de Educación, la gobernadora y pidieron a la legislatura emitir una resolución ordenando a que el Departamento de Educación (DE) cumpla con las peticiones que ha recibido.
De las 857 escuelas activas, 68% siguen cerradas.
Las inspecciones que se están haciendo no determinan resistencia a sismos futuros y ha circulado evidencia de muchas ser desconfiables, afirmaron las agrupaciones.
Sin embargo, se han catalogado escuelas como “aptas” y se han abierto algunas.
Tampoco se ha informado públicamente cuáles de las 562 escuelas, que se han cerrado desde el 2014, están en condiciones para reabrirse.
Actualmente hay más de 15,000 educadores y 200,000 estudiantes y familias que no han sido convocados a asambleas informativas.
“Sin transparencia sobre lo anterior, el Departamento de Educación anunció esta semana que 25% de las escuelas no volverán a abrir este semestre”, declararon.
Mercedes Martinez de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), consideró que “enviar a niñez a escuelas no sismo resistentes es un acto criminal que atenta contra la vida de todos los que allí laboran y estudian. Nos escondieron los suministros tras María, y ahora nos niegan la lista de las escuelas que fueron reforzadas, y podrían abrirse. Todo esto genera una incertidumbre que es parte un plan de capitalizar sobre la emergencia, y con la vida de nuestros estudiantes y maestros no se puede jugar”.
Además de llevar semanas exigiendo acción al Departamento de Educación la FMPR ha manejando un centro de acopio para distribuir ayuda y ha organizado Escuelas Sin Paredes -una iniciativa propia y voluntaria- para proveer educación y apoyo emocional, a niños, niñas y jóvenes en Guánica y Guayanilla, en colaboración con otras organizaciones.
Los grupos detallaron que la cancelación de la deuda -propuesta que más de 140,000 personas apoyan- permitiría la designación inmediata de los recursos existentes y necesarios para atender la emergencia nacional que continua, en particular los 8.8 mil millones de dinero reservado para el repago de la deuda, del bolsillo del Pueblo de Puerto Rico.
Al respecto, exigieron que la gobernadora y la JSF dirija estos fondos a la reconstrucción de la isla.
“En esta coyuntura, a un mes de sismos que han dejado a miles viviendo en la intemperie y a nuestro sistema educativo sin escuelas es imperativo que la gobernadora y la Junta usen todos sus recursos para asegurar que nuestra isla pueda ser reconstruida. Nuestra gente vale más que los bonistas, es momento de cancelar la deuda”, expuso Julio López Varona, del grupo Construyamos Otro Acuerdo, una campaña de movilización para fortalecer y expandir la gestión pública y garantizar los servicios esenciales en el país. INS
P. Rico-Demanda la Asppro y el CPI a la gobernadora para que haga público el informe sobre el almacén de suministros en Ponce
San Juan, 8 feb (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron hoy al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacén gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.
La acción judicial incluye como demandados al designado secretario de Estado, Elmer Román, al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora Vázquez Garced.
El recurso legal explica que el 18 de enero pasado varios ciudadanos descubrieron en el área de La Guancha, en Ponce, un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del azote del huracán María, el 20 de septiembre de 2017, y ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced ordenó a Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas. El NIE entregó el informe el 20 de enero, dentro del término ordenado.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha establecido que el acceso a la información pública es un derecho humano que emana de los derechos a la libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico”, señaló la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez Lugo.
Añadió que “con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”.
La demanda es un esfuerzo conjunto de ambas organizaciones, representados por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
“La información solicitada por la Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.
Establece que “el interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”.
La petición judicial indica que Suárez Lugo solicitó a los funcionarios de prensa del Secretario Román y del Comisionado López copia del informe, al día siguiente de ser entregado a la Gobernadora, ninguno respondió la solicitud.
El 2 de febrero, el CPI también solicitó copia del informe sobre el almacén de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la Gobernadora, del Secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.
Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la Gobernadora, contestó a Minet que el informe había sido referido al Departamento de Justicia; una respuesta similar le recibió de los encargados de prensa del DSP.
A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
“Al día de hoy, ninguna de las partes promovidas ha hecho entrega del informe solicitado”, indica la demanda. “Los documentos, materiales e información solicitados por la Asppro y el CPI son originados, conservados o recibidos por la Gobernadora, el Departamento de Estado y el NIE. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso y obtener una copia si así lo solicita”, añade el reclamo judicial. INS
P. Rico-Gobernadora anuncia nombramiento de Machargo Maldonado como secretario del DRNA, mientras que Otero Pagán pasará a liderar transformación de la COR3
San Juan, 8 feb (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced sometió ante la consideración del Senado la nominación interina de Rafael Machargo Maldonado para la posición de secretario interino del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“El licenciado Machargo Maldonado cuenta con una extensa práctica en derecho ambiental y laboral, además de que fue subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Agradezco que haya aceptado la encomienda para trabajar por el bienestar de Puerto Rico”, expresó la primera ejecutiva.
Machargo Maldonado sostuvo una práctica privada desde el 2001 enfocada en derecho ambiental y laboral, y fue subsecretario del DRNA de 1998 a 2000.
Además, fue asesor legal de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de 1994 a 1998.
Entre 2009 y 2014, fungió como oficial examinador del Departamento de Salud y del 2010 al 2014 como oficial examinador de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico.
El nominado estudió un bachillerato en ciencias en Tulane University y estudió derecho en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Completó además una maestría en derecho ambiental en George Washington University.
El actual secretario interino, Armando Otero Pagán, pasará a liderar la transformación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), como jefe de Operaciones de la Oficina de Manejo de Proyectos (PMO), además de liderar el área de administración.INS
P. Rico-Educación abre convocatoria para contratación de personal docente; registro estará disponible desde el lunes
San Juan, 8 feb (INS).- El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció que a partir del próximo lunes abre la plataforma del Registro de Elegibles, sistema que le permite contratar al personal docente por principio de mérito.
La convocatoria para el registro, disponible en http://reclutamiento.dde.pr, se dividirá en dos fases: la primera, que vence el 21 de febrero, para el personal docente con certificado regular de maestro, y la segunda hasta el 24 de febrero, será para aquellos docentes que adquieran el certificado regular de maestro a partir de esa fecha.
“A través de este sistema, el Departamento de Educación puede contratar a los maestros transitorios para el próximo año escolar. Desde ya, queremos asegurar que tendremos todos los recursos necesarios en las escuelas. Los interesados deberán cumplir con los documentos y certificaciones solicitadas”, dijo Hernández Pérez.
Indicó, además, que aquella persona que no tenga acceso a una computadora podrá completar la solicitud en cualquiera de las siete oficinas regionales educativas ubicadas en Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.
Los candidatos interesados en aparecer en ese registro, deben poseer un certificado regular de maestro en las categorías de educación preescolar, nivel elemental primario, inglés elemental, educación física, educación bilingüe, bellas artes, salud escolar, educación en mercadeo, bibliotecario, educación especial, entre otras.
De haber alguna reclamación en el turno del registro de ingreso, se evaluará conforme a la evidencia entregada en el término establecido en la convocatoria.
Aquel candidato que entienda que el turno no fue adjudicado conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, tendrá hasta un máximo de 10 días calendario para realizar su reclamación.
Los candidatos de fase II serán incluidos al final del registro continuo de candidatos elegibles, luego de los candidatos de la fase I y su turno se adjudicará por estricto orden en el cual completó el proceso de solicitud y no por puntuación.
El registro de elegibles estará disponible a partir del 1 de mayo de 2020.
El secretario de Educación exhortó a los interesados a completar la solicitud y que la información que necesitan está disponible en la página de reclutar. INS
ndc