Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 5 de febrero de 2020
P. Rico-Bhatia acusa que acuerdo con bonistas de la AEE “destruiría el futuro económico del país”, tras informe de firma internacional
San Juan, 5 feb (INS).- El senador y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, acusó que un informe que el gobierno intentó que no se hiciera público confirma sus señalamientos sobre el efecto “tóxico” que tendría para Puerto Rico el acuerdo de reestructuración de deuda entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus bonistas (RSA, siglas en inglés).
El informe, según Bhatia, concluye que el acuerdo obligaría a la AEE a aumentar en al menos un 5% cada año la tarifa de energía eléctrica “y que son totalmente irreales las promesas de la gerencia de que podrán eliminar el impacto de estos aumentos con eficiencias operacionales”.
“El gobierno, controlado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), se opuso a que se divulgara este informe, pero fracasaron en este nuevo intento de ocultarle la verdad al pueblo de Puerto Rico”, expresó el también candidato a la gobernación.
El informe.preparado por la firma London Economics International- describe la situación financiera de la Autoridad “como un espiral de muerte”, indicó el político.
“Los aumentos brutales en las tarifas de la AEE, que pagaríamos por muchas décadas, amenazan con destruir la economía de nuestras familias y empresas, y no sacarían a la entidad de este ciclo vicioso”, continuó Bhatia.
Por otro lado, consignó que el RSA incluye un impuesto al sol –prohibido por la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, Ley 17 de 2019, de la que Bhatia es coautor– y representa un obstáculo para que las familias y negocios puedan hacer la transición hacia energías renovables.
“A un costo inaceptablemente alto, nos obligará a tratar de rescatar un modelo energético que ya fracasó y que tenemos que cambiar”, expresó Bhatia.
Para el aspirante a La Fortaleza, “bajo estas circunstancias, sería un acto de negligencia criminal que se acceda a comprometer a Puerto Rico bajo este acuerdo. Es igualmente inaceptable que el gobierno y la Junta intentaran esconder este informe. Sea amarga o dulce, hay que hablarle con la verdad al pueblo”.
Opinó que “este informe debería ser la sentencia de muerte del nefasto acuerdo con los bonistas de la AEE que este gobierno ha apoyado. Daré la batalla, junto a amplios sectores comunitarios, ambientales, empresariales, y políticos, para que el mismo no sea aprobado”.INS
P. Rico-AEE rechaza proyecto para otorgar crédito anual del cinco por ciento del total de lo facturado en un año natural a todo cliente que pague totalidad de factura dentro de primeros 15 días del mes
San Juan, 5 feb (INS).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) rechazó el proyecto de ley que busca que se otorgue un crédito anual del cinco por ciento del total de lo facturado en un año natural, a todo cliente residencial que pague la totalidad de su factura dentro de los primeros 15 días del mes.
Lourdes Lugo, gerente del Directorado de Planificación y Protección Ambiental de la AEE, expresó, como parte de una ponencia firmada por el director ejecutivo de la corporación, José Ortiz, en una audiencia pública de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara, que el proyecto redundaría en que esa dependencia pública no recuperaría el costo de proveerle el servicio al cliente y que encarecería el costo para ciertos grupos.
Estableció, además, que “debe ser autorizado, mediante la estructura tarifaria por el Negociado de Energía”.
Sobre elo tema, Sylvia Ugarte, directora legal del Negociado de Energía y en representación del presidente de la entidad, Edison Avilés, expresó que el Negociado entiende que “el proyecto de la Cámara 2254 tiene un objetivo loable, que respaldado por la evaluación favorable de los asuntos antes expuestos, resultaría positivo para el pueblo de Puerto Rico”.
El Negociado de Energía incluyó entre sus recomendaciones que se indague si el 5 por ciento anual es similar a los gastos administrativos que se intentan eliminar.
“Tal vez los gastos emitidos son mayores, lo que podría dar paso aumentar el porciento propuesto. Por otro lado, podría ser menor, lo que entonces llevaría a dismunirlo”, indicó la abogada.
Según información brindada por Lugo, la AEE brinda un 10% de descuento a los clientes que pagan por débito directo automático.
El representante indicó que actualmente, hay 911,451 abonados que pagan su factura directamente en oficinas de la AEE.INS
P. Rico-Presidente de abogados colegiados insta a ponderar si deben llenarse las vacantes en la Judicatura
San Juan, 5 feb (INS).- El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román Espada, propuso que se evalúe enmendar la Ley de la Judicatura para que el número de jueces no sea fijo, con el objetivo de flexibilizar la cantidad de nombramientos conforme a la necesidad del servicio y la capacidad presupuestaria de la Rama Judicial.
De este modo, Román Espada reaccionó sobre las vacantes existentes en la Rama Judicial: 30 jueces superiores, nueve municipales, cinco del Tribunal de Apelaciones, a las que se suma la plaza en el Tribunal Supremo que dejará la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, tras su retiro.
“La determinación sobre el número de jueces está contemplada por la Ley de la Judicatura de 2003, (por lo que) corresponde a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) hacer los nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Ese es el estado de derecho. Sin embargo, los que visitamos a diario los centros judiciales podemos dar fe de que hay muchos menos casos presentados y personas acudiendo a los tribunales. En las tardes, una gran cantidad de salas están incluso cerradas, subutilizándose”, expuso.
El presidente del CAAPR explicó que los informes estadísticos de la Rama Judicial reflejan una reducción de casos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que en el año fiscal 2009-2010 se presentaron 212,949 casos nuevos ante ese foro.
“Los casos nuevos presentados para el año fiscal 2016-2017 fueron 197,042, es decir, hubo 15,907 menos casos iniciados, una reducción de 7.5 por ciento, en apenas seis años”, reveló al apuntar que la reducción en casos ha venido acompañada de ajustes al presupuesto de la Rama Judicial.
Destacó que el presupuesto consolidado de la Rama Judicial para el año fiscal 2009-2010 fue 351,449,881 dólares, cifra se ha ido reduciendo, al punto de que en el año fiscal 2016-2017, fue de $322.9 millones y para este año, la Junta de Control Fiscal aprobó 293.4 millones, aproximadamente, según surge del presupuesto publicado en el portal de la Junta.
El artículo 19 de la Ley 3 de 2017 (Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico) dispone que el cómputo para el presupuesto de la Rama Judicial será ajustado por el porcentaje de reducción o incremento en el Presupuesto General de gastos con cargo al Fondo General, hasta el año 2021.
La Rama Judicial recurrió a una serie de drásticas medidas de control y reducción de gastos, entre ellas el cierre de 14 tribunales y su consolidación, la renegociación de contratos de arrendamientos y la mudanza de las facilidades de la Oficina de Administración de Tribunales y del Tribunal de Apelaciones.
“Es momento de ponderar si corresponde llenar todas las plazas vacantes en la judicatura en virtud de la reducción significativa de casos y de la situación fiscal de la Rama Judicial. Los salarios de los jueces están designados por legislación. Creemos que no es una buena propuesta hacer nombramientos en estas circunstancias, particularmente en el plano apelativo e incluso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico”, subrayó el dirigente de los abogados colegiados.
Román Espada agregó que el uso de estos ahorros ayudaría a mejorar el sistema de justicia, si se asignan estos recursos para crear plazas de oficiales jurídicos para cada juez(a) de primera instancia, donde más se necesitan, para resolver con celeridad las causas de acción.
“En el ejercicio de su facultad constitucional, la Rama Judicial debe tener la facultad primaria de informar a las otras ramas cuántos jueces son necesarios, de manera que los nombramientos se ajusten a la nueva realidad de un gobierno en crisis fiscal, reducción poblacional y de fluctuaciones en los nuevos casos presentados. La Constitución de Puerto Rico cuenta con un criterio similar para variar el número de jueces del Tribunal Supremo a petición de ese Foro y mediante legislación; así debería de ser para los demás tribunales”, recalcó. INS
P. Rico-Junta de gobierno de la UPR aprueba certificación para impedir protestas que cierren los recintos por más de 72 horas
San Juan, 5 feb (INS).- La junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó una certificación para suspender, detener y desautorizar todo desembolso de fondos públicos mientras se interrumpa la prestación de los servicios en el sistema universitario o cualquiera de sus recintos por un término en exceso de 72 horas o de ocurrir la interrupción en más de una ocasión en el semestre.
El presidente de la junta de Gobierno, Walter Alomar Jiménez, dijo que, mediante esta acción garantiza una sana administración pública y el uso adecuado de los recursos de la UPR, por lo que “nuestra política es que todos los recintos permanezcan abiertos, aún cuando se celebren eventos en los que se manifieste la libertad de expresión”.
Afirmó que, en el cumplimiento de la Ley 90 de 2017, que enmendó la Ley de la Universidad de Puerto Rico, el primer centro docente del país tiene que cumplir con su misión educativa ininterrumpidamente.
La Ley 90 se aprobó como consecuencia de la paralización de las operaciones en la UPR durante manifestaciones estudiantiles en el año 2017.
Durante ese cierre, la Universidad desembolsó más de 75 millones de dólares por concepto de pago de nómina al personal.
Por virtud de la certificación aprobada, la junta de Gobierno autorizó al presidente de la UPR, Jorge Haddock, a descontar el pago de nóminas, beneficios marginales aplicables o cualquier otro gasto al personal no docente debido a los cierres por manifestaciones ocurridas en la UPR en Arecibo, Humacao y Mayagüez.
En cuanto al personal docente, el presidente deberá asegurar que la institución cumpla con los requisitos que establece la ley y la reglamentación universitaria en el desempeño de sus funciones para poder realizar el pago correspondiente. Esto, debido a que el personal docente tiene la obligación de cumplir con los cursos asignados, de acuerdo al calendario académico.
Específicamente, la UPR en Arecibo cesó operaciones por manifestaciones el 21 de agosto de 2019, la UPR en Humacao los días 4 y 5 de noviembre, y la UPR en Mayagüez los días 13 y 14 de noviembre.
El presidente deberá solicitar a los rectores de las tres unidades que notifiquen al personal esta determinación y la aplicación de las licencias que provee la reglamentación universitaria. INS
P. Rico-PPD reclama acción de Odsec por reparación de techos azules en el sur
Peñuelas, 5 feb (INS).- El representante Jesús Manuel Ortiz y el aspirante a la Cámara, Marcos Rodríguez Quirindongo, cuestionaron hoy la inacción de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) para encaminar un programa de reparación provisional de techos azules anunciado por el gobierno en julio de 2019.
El gobierno anunció en julio de 2019 una orden ejecutiva del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, donde reconoce que para dicha fecha aún existían en Puerto Rico alrededor de 30,000 viviendas sin techo.
La medida ordenó a la Odsec la creación de un programa para reparar de manera provisional las estructuras residenciales sin techo ocasionados por el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, particularmente aquellas que aún tenían instalado un “techo azul”.
“Casi siete meses después de anunciar una supuesta asignación de dos millones para reparar techos hoy sabemos por los propios alcaldes de Peñuelas, Guayanilla y Yauco, tres de los pueblos mas afectados por la ola de sismos que vive Puerto Rico, que más de 700 hogares en esos municipios aún tienen toldos en sus techos. Esa realidad tiene que levantar cuestionamientos sobre el trabajo de reparación que Odsec iba a hacer desde julio de 2019. Su ineficiencia ha impedido que cientos de familias dejen de vivir bajo un toldo azul. La gente del sur tiene que saber cuántas viviendas, si alguna, han sido o están en trámite de ser reparadas en los pueblos más afectados”, indicó Ortiz González.
Por su parte Rodríguez Quirindongo reclamó al representante del distrito 23, Victor Torres, que intervenga con el gobierno para asegurar que los residentes de esa zona del sur de la Isla tengan acceso a viviendas dignas.
“Es inaceptable que cientos de familias de Yauco, Peñuelas y Guayanilla tengan que continuar viviendo bajo toldos azules y su representante no exija atención para ellos. Lo que estamos viviendo con la ola sísmica, unido a la cercanía de la temporada de huracanes representa una amenaza para todos. Es hora de que el representante Víctor Torres reclame ayuda para la gente del distrito 23”, manifestó.INS
P. Rico-Heend repudia descuentos de salario por paros estudiantiles y declara estado de “no colaboración”, por lo que cuatro mil trabajadores no van a realizar ninguna tarea ajena a sus deberes
San Juan, 5 feb (INS).- La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, repudió la acción del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, que descuenta el pago de varios días de salario a trabajadores durante paros decretados por el sector estudiantil.
La acción afecta a aproximadamente 1,500 empleados no docentes y docentes de los recintos de Arecibo, Humacao, Ponce y Mayagüez, por paros estudiantiles efectuados durante los meses de agosto a noviembre del año pasado.
“La acción de Haddock y de aquellos que la favorecieron en la Junta de Gobierno, es no solo injusta, sino carente de toda sensibilidad, justicia y humanidad, porque muchos de los empleados y profesores afectados por esa decisión antiobrera son del área geográfica donde se ha decretado un desastre mayor por los sismos”, denunció la dirigente sindical.
Dijo que en el caso de los empleados no docentes adscritos a la Heend, son trabajadores con bajos salarios.
“Descontarles de dos a cuatro días de salario por paros de estudiantes, implica que después de retirarle las obligaciones de retiro y Aeela, entre otras, podría haber gente que no cobre o que quede en balance negativo”, explicó.
Santana Andino cuestionó si esta acción de Haddock “está viciada únicamente contra los trabajadores y profesores o si también se les descontará el salario a los rectores, decanos y demás personal gerencial por los paros de estudiantes”.
Recalcó que es injusto penalizar a los trabajadores cuando no se habían alzado en paro.
“En la Hermandad estamos declarando a Haddock y a todos aquellos que favorecieron este abuso como enemigos de los trabajadores universitarios y decretamos un estado de no colaboración y no cooperación con esta administración antiobrera, desde el nivel central hasta los recintos”, declaró Santana Andino.
Agregó que “el estado de no colaboración y no cooperación implica que los cerca de cuatro mil trabajadores y trabajadoras de la Heend no van a realizar ninguna tarea ajena a sus deberes cobijados por la unidad apropiada del convenio colectivo”.
Asimismo, exhortó a los rectores “a que hagan entrar en razón al presidente antiobrero y a los miembros de la Junta que aprueben esta acción, porque ellos mejor que nadie saben que debido a la congelación de plazas y no reclutamientos, los empleados se encuentran haciendo tareas de otros puestos, sin remuneración alguna para que no se vean afectados servicios ni labores académicas”.
La Heend es una unión puertorriqueña establecida hace 47 años que representa a una matrícula de cerca de cuatro mil empleados de las áreas de oficina y técnicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).INS
ndc