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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 5 ene (INS).- Es un concepto mayoritariamente compartido en la opinión pública que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se equivoca al afirmar que los asuntos de interés público ante su consideración están protegidos por la confidencialidad que existe entre abogado y cliente.
Longo Quiñones es la Procuradora General de Puerto Rico y los asuntos ante su consideración son de interés público, por lo que si no están en litigio en los tribunales y alguna declaración suya a la prensa puede afectar judicialmente el caso, es entonces cuando tiene que haber discreción y hacer mutis en lo concerniente a divulgar interioridades legales del caso, hasta que este se vea en su fondo.
La prensa ha estado cuestionando qué es el impedimento a dar información sobre asuntos de interés público que no están en los tribunales, la contestación de la titular de Justicia ha sido que sus clientes son el gobierno y el pueblo de Puerto Rico y la confidencialidad entre abogado y cliente igualmente aplica a asuntos públicos que están en controversia, aunque no estén litigándose en los tribunales.
Su criterio de que el gobierno y el pueblo de Puerto Rico son sus clientes y eso significa que no puede hacer público lo que los cánones de ética requieren mantener en privado se entiende en la opinión generalizada que es una burda justificación para encubrir su ineficiencia de su misión ministerial de procurar justicia cuando funcionarios gubernamentales han incurrido en el delito de prevaricato en su función pública.
Longo Quiñones se niega a revelar cuál fue su asesoría como titular de Justicia a La Fortaleza sobre la amonestación y destitución de una empleada del Departamento de la Familia que interpuso criterios partidistas para entregar suministros de emergencia tras los sismos recientes y favorecer a los que respaldan a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, fue removida de su cargo por negarse a reponer en su puesto a la empleada despedida y protegida por la gobernadora Vázquez Garced.
También no quiere ofrecer detalles de la investigación del Departamento de Justicia sobre el referido que recibió de La Fortaleza para investigar irregularidades presuntamente cometidas por el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, todavía sin revelar, a pensar del interés de la ciudadanía en el asunto.
Hacer mutis sobre la pesquisa de que funcionarios de alta jerarquía en el gobierno de Puerto Rico incurrieron en actos de prevaricación tras el hallazgo del almacén con suministros de emergencia en Ponce, justo cuando miles de personas dormían a la intemperie por causa de los terremotos y no hablar del referido de este caso al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), no para abordar detalles de interioridades de la pesquisa, sino para informar cuál son los avances procesales, luego de haber sido depuestos de su cargo Carlos Acevedo, quien fuera comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), y el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, asunto de alto interés público en calidad de su función como Procuradora General, está comenzado a verse como un acto craso de ineficiencia y negligencia.
Longo Quiñones prevarica de su función ministerial de procurar prontitud en hacer justicia a nombre de pueblo de Puerto Rico cuando afirma que esta investigación tomará de dos a tres años y, entretanto, su silencio y el total secretismo.
Prevarica, también, al no acudir a los tribunales para exigir al publicista Edwin Miranda y al cabildero Elías Sánchez Sifonte que entreguen sus celulares para proseguir con la investigación de los chats de la infamia que costaron la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y las manifestaciones multitudinarias del verano de 2019, luego de errores procesales en el recurso anterior de incautación de los teléfonos móviles en cuestión. INS
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