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San Juan, 31 ene (INS).- El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Carlos Rodríguez Mateo, la emprendió hoy contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera, y el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, debido a su ausencia de la tercera vista pública conjunta con la Comisión de Hacienda en torno a la resolución del Senado 1287 de los senadores, Migdalia Padilla Alvelo, Larry Seilhamer y Thomas Rivera Schatz.
La medida ordena a ambas comisiones conducir una investigación sobre la viabilidad de establecer un programa de retiro incentivado a los empleados de agencias, corporaciones o instrumentalidades públicas cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de mayo de 1951, según enmendada, y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según enmendada.
“Se había citado al Negociado de la Policía, ellos llamaron pidiendo que se excusaran, no fueron excusados y no obstante no comparecieron. De la misma manera, el Departamento de Educación fue convocado, no se comunicaron ni llegaron a la vista”, explicó Rodríguez Mateo al consignar para récord que “las citaciones a las vistas públicas no son comparecencias voluntarias, son compulsorias”.
El legislador advirtió que “le vamos a estar dando instrucciones al director de la comisión que haga las gestiones para que en la próxima semana el Negociado de la Policía y el Departamento de Educación comparezcan a una próxima vista pública; no hay excusa ninguna. Por lo tanto, sino no compareciesen, pues que se citen bajo apercibimiento de desacato”.
A la audiencia pública comparecieron, sin embargo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
“Le queremos recordar al Comisionado del Negociado de la Policía y al señor Secretario de Educación, que no estamos aquí celebrando vistas públicas porque estamos aburridos. Sabemos que ellos tienen muchísimo trabajo y nosotros aquí también tenemos muchísimo trabajo, pero el mucho trabajo no puede ser obstáculo para no hacerle justicia a los servidores públicos de este País”, remató Rodríguez Mateo al pedirles que renuncien si la cantidad de trabajo excede su capacidad.
En cuanto a la AAA, estos informaron que efectivo al 15 de marzo de 2018, unos 288 empleados cesaron en su labor por prerretiro voluntario y que 48 tuvieron retención por tres meses, por lo que cesaron en el empleo, por prerretiro voluntario, efectivo el 21 de junio de 2018.
En total, con la implementación del programa, 336 empleados cesaron por prerretiro voluntario.
La corporación pública destacó que implantaron un asegunda fase y efectivo al 1 de agosto de 2019, unos 27 empleados participaron, incluyendo unos que al momento de la efectividad tenían 61 años y podían recibir beneficios de prerretiro desde el 26 de septiembre de 2019.
“Con estos procesos, para el año fiscal 2020, el ahorro neto proyectado del Programa es de 7.4 millones de dólares y para el año fiscal 2021 se proyecta que sea de 8.1 millones.
El ahorro neto proyectado a largo plazo es de 44.6 millones de dólares, estableció el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza, a través de memorial.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también señaló que en “estos momentos, no podemos anticipar la viabilidad de establecer un nuevo programa de retiro incentivado para los empleados, sin conocer cuáles serían los beneficios y los requisitos de elegibilidad, tanto para los empleados, como para la corporación, ya que habría que hacer un análisis económico a base de esta información”.
“Ese es el proceso de esta resolución, que podamos tener un cuadro claro de los que participarían de este programa. ¿Como se impactaría económicamente la corporación?. Quizás hubiese sido cómodo para los legisladores radicar un proyecto sin consultar, pero no queremos radicar un proyecto que no funcione”, dijo el presidente de la Comisión de Gobierno.
Rodríguez Mateo aclaró que “aquí no venimos a vender sueños, la realidad es que entendemos que se puede realizar, aunar voluntades y hacerle justicia a nuestros servidores públicos; los gobiernos están para asegurar que su gente esté bien”.
Mientras, que la senadora Padilla Alvelo insistió en que están en un proceso de análisis y la importancia de que las agencias brinden la información correcta.
“Para nosotros poder identificar y saber los beneficios que se incluirían definitivamente tiene que generarse un proyecto de ley. Que el retiro sea voluntario. Estamos en un proceso de análisis”, dijo Padilla Alvelo.
Por su parte, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado informó que un total de 1,752 empleados se acogieron a alguna de estas leyes de retiro: 488 a la Ley Núm. 447-1951 y 1,264 a la Ley Núm. 1-1990.
Mientras que la Autoridad de Energía Eléctrica estableció que ha perdido un 30 por ciento de su fuerza laboral, 2,343 empleados en los últimos 7 años, en su mayoría personal técnico de las áreas de Transmisión y Distribución, Generación y Servicio al Cliente. INS
ndc