P. Rico-Colectiva Feminista Reclama nuevamente la renuncia de la gobernadora Vázquez Garced

San Juan, 31 ene (INS).- Decenas de manifestantes convocados por la Colectiva Feminista en Construcción reclamaron hoy frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la auditoría de la deuda pública y la utilización del dinero reservado para pagar a los acreedores en la reconstrucción del país.

“El gobierno nos quiere hacer creer que este desastre se debe al paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 y a los terremotos del 6 y 7 de enero, cuando se debe a la incapacidad del gobierno”, dijo a la agencia Inter News Service (INS) Zohan Dávila Roldán, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción.

Dávila Roldán apuntó que desde hace más de dos años comparecen ante la mansión ejecutiva en la histórica ciudad debido la indiferencia del gobierno con la realidad que afecta a las mujeres en particular y al pueblo en general debido a la corrupción pública.

La activista social pidió transparencia al gobierno, que ha ocultado los almacenes con los suministros mientras el pueblo damnificado por los terremotos pasan necesidades.

Al grito de “No pueden con el empuje” y “Cuidado, cuidado imperialistas, que viene por la calle la marea feminista”, durante la protesta se enarbolaron reclamos para que se atiendan las necesidades de la mayoría del pueblo, abatido por las crisis social en combinación con el estrangulamiento que impone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tal como planteó la jubilada Sonia Palacios, quien ve amenazada su pensión.

A la protesta de la Colectiva Feminista que sirvió, además, para despedir el mes de enero con su estela de problemas para el pueblo, se sumaron la campaña Construyamos Otro Acuerdo y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda que exigen una moratoria en las ejecuciones de hipotecas, la paralización de los desahucios y cobro de renta en vivienda pública.

Al igual reclaman que se audite y cancele la deuda pública, y se utilicen los 8.7 mil millones del Fondo de Reserva del Gobierno de Puerto Rico para atender la emergencia en el país, que incluye la reubicación de miles de personas afectadas por los terremotos que comenzaron el 28 de diciembre.

“Aunque el Estado nos quiere hacer parecer que la crisis humanitaria que vive la isla es producto directo de los temblores que han sacudido al suroeste, sabemos que la verdadera raíz de esta crisis es política, lo que venimos denunciando desde el paso del huracán María”, aseguró Shariana Ferrer Nuñez, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción.

Destacó en que el culpable de la crisis es el gobierno que, en lugar de insistir en el pago de una deuda ilegal, sin auditar, y de utilizar las arcas públicas para enriquecer a unos pocos, debió haber invertido en una mejor infraestructura, resistente a estos fenómenos naturales.

“Debió haber establecido un plan que garantizara la seguridad de quienes vivimos en este país. Por eso es que parte importante de nuestros reclamos es que haya cero impunidad para los culpables de la crisis, y eso incluye la renuncia inmediata de Wanda Vázquez”, expresó Ferrer Núñez.

El portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo, Julio López Varona, insistió que en el momento que vive la Isla lo primordial es proteger a las poblaciones más necesitadas que incluyen los miles de pensionados que se ven amenazados por los recortes en sus pensiones.

“Nos unimos a esta protesta porque sabemos que miles de personas ahora mismo sufren los estragos de los sismos y no están recibiendo apoyo adecuado del gobierno. No permitiremos que la nuestra gente sufra cuando sabemos que hay 8.7 mil millones de dólares en una cuenta de gobierno que podría ser utilizada para proteger nuestras pensiones y garantizar una recuperación justa para nuestra isla”, dijo.

López Varona subrayó que este es un momento para que la gobernadora Vázquez Garced y la Junta de Supervisión Fiscal le respondan al país y no a los bonistas, por lo que “todos nuestros fondos públicos deben ir para que podamos echar pa’lante. Si escogen guardar ese dinero y dárselo a bonistas millonarios saben que le están dando la espalda al pueblo”.

Mientras, Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, denunció el nuevo abuso que significa el acuerdo con los bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que el camino correcto del gobierno es la auditoría y cancelación de la deuda para que aquellos que se han lucrado de la crisis no queden impunes ante sus actos.

“La deuda hay que auditarla ya y más cuando tenemos encima los acuerdos de la AEE y el plan de ajuste actual que pone las poblaciones más vulnerables en la isla a pagar una deuda ilegal de nuestro propio bolsillo; esto no se puede seguir permitiendo”, remató Prados Rodríguez. INS

ndc