Inter News Service Agencia de Noticias
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 27 ene (INS).- Puerto Rico se enfrenta hoy a una realidad cruda que dista mucho de lo que contempla el plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Las circunstancias bajo las cuales se elaboró el plan de ajuste fiscal de la JCF han cambiado luego de los dos eventos catastróficos de los últimos poco más de dos años de huracán María y los dos fuertes terremotos y toda la inusual actividad sísmica existente al presente.
Tras los dos eventos catastróficos —el huracán y los terremotos— se hace imprescindible que aumente la capacidad fiscal de gastos del gobierno puertorriqueño para la reconstrucción y la injerencia mitigadora, contrario a lo que el plan de ajuste de la JCF establece como norma de reducir austeramente el gasto público.
Se calcula que el impacto económico que tuvieron los dos terremotos en el área sur ocurridos a principios de este mes de enero asciende a unos 800 millones de dólares.
Esto constituye —dicen los economistas— el ocho por ciento de la actividad económica de Puerto Rico y el uno por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
Esto, de por sí, no fuera de una trascendencia nacional mayor en términos globales, a no ser porque esa cifra hay que sumarla al impacto neto en la economía de la devastación del huracán María, estimado en $43,134 millones (43.1 millardos).
Conforme a los datos suministrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entre un 15 y un 20 por ciento de las residencias en la zona suroeste, ahora abatida por los terremotos, sufrieron daños por la devastación del huracán María en septiembre de 2017.
Empero, la JCF contempla que la instancia central del gobierno elimine para 2024 toda la transferencia de partidas fiscales a los municipios. Mucho de los ayuntamientos, particularmente los más pequeños, dependen casi absolutamente de esas transferencias del gobierno central.
Las dicotomías paradójicas entre el plan de ajuste fiscal y la nueva realidad que enfrenta el país, frente a lo cual el gobierno de Puerto Rico requiere de una mayor capacidad fiscal de intervención directa, plantea una urgente necesidad de que los dos polos opuestos de austeridad en el manejo del fisco, por un lado, y el papel que debe desempeñar el gobierno ante el devastador del impacto económico que han tenido los dos eventos catastróficos, por el otro, puedan conciliarse satisfactoriamente.
Urge, por lo tanto, que la JCF revise su política de ajuste fiscal lo más rápidamente posible, en vista de las nuevas circunstancias que enfrenta Puerto Rico tras los dos eventos catastróficos del huracán María y los terremotos.
Se impone la necesidad de ejecutorias gubernamentales para la recuperación, las cuales implican una inversión pública del Estado y desembolsos fiscales para su injerencia asistencial de auxilio económico apremiante. INS
rsm/ndc