P. Rico-“No tenemos gobierno; sólo burócratas negligentes”, denuncia Proyecto Matria por “violaciones a los derechos humanos tras terremotos en zona sur”

Caguas, 12 ene (INS).- Amárilis Pagán Jiménez, directora de Proyecto Matria, denunció hoy que luego del terremoto del 7 de enero quedó de manifiesto que “no tenemos gobierno; sólo burócratas negligentes, pues la gobernadora la legislatura, la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal han demostrado un total desprecio hacia la vida y dignidad nuestra gente, violando así los derechos humanos”.

“Estamos viviendo una situación de caos en la que la ciudadanía ha optado por arriesgar su vida para hacer lo que el gobierno debería estar haciendo y no hace. A días del terremoto, nuestro gobierno comete los mismos errores del pasado: no da información, no consulta con las comunidades afectadas, no activa planes concertados, usa el dolor para hacer campaña de medios y abandona a la gente”, agregó.

Según la organización, hay amplia literatura internacional y de Puerto Rico que permite establecer planes de acción efectivos y rápidos para situaciones como la que vive la zona sur del país.

“El responsable principal de proteger y dar ayuda a las personas es el gobierno. Esa obligación es legal, pero también moral e implica reconocer que las víctimas de desastre siguen siendo personas con derechos humanos que deben ser reconocidos en cada acción y decisión gubernamental. Vivir en una zona de desastre no elimina esos derechos. Al contrario, los pone en el centro de atención”, sostuvo la abogada.

Pagán añadió que tanto el gobierno de Puerto Rico como el de Estados Unidos “tienen una tendencia reiterada a ignorar esos derechos y a invisibilizar lo que organismos internacionales como las Naciones Unidas han expresado sobre los derechos humanos en escenarios de desastres”.

“Es como si ambos gobiernos actuaran bajo un estado de impunidad que deshumaniza a la gente de Puerto Rico. No temen las consecuencias y no les importa la muerte y el sufrimiento de las personas. Tampoco temen acciones legales en su contra. Esto es intolerable”.

La organización cuestionó la falta de acción de agencias llamadas a atender las situaciones que se derivan del terremoto y del establecimiento de lo que llamaron “campos de personas refugiadas” espontáneos que están operando al margen de los refugios del Estado.

“El gobierno no hizo un análisis integral de la situación. Sus funcionarios no han sido capaces de ver y atender las necesidades de las personas con diversidad funcional, edad avanzada o niños. Agencias como el Departamento de la Familia o el Departamento de Salud debieron coordinar de inmediato el traslado y servicios para estas poblaciones”, dijo Pagán.

Añadió que “el gobierno se desentendió de su deber y está dejando que la gente arriesgue sus vidas yendo al sur a hacer el trabajo que le tocaba a él. La ayuda inmediata ha fluido a pesar del gobierno y no gracias a él. Sin embargo, toda esa ayuda no es suficiente, porque no hay una coordinación que responda a la visión amplia y estructurada de lo que debe ser una respuesta a desastres”.

Según Matria, el gobierno está llamado a atender y proteger cuatro categorías de derechos humanos: los derechos relacionados con la integridad y la seguridad físicas tales como el derecho a la vida y la protección frente a actos de violencia; derechos básicos como techo, alimento y salud; derechos económicos, sociales y culturales tales como educación, trabajo y recuperación de bienes perdidos; y derechos civiles y políticos como acceso a los tribunales y a no ser discriminados.

“Nos preocupa cómo se trastocará la vida de las miles de personas cuyos hogares quedaron destruidos o inutilizables. Si a casi tres años de María aún tenemos familias sin hogar, ¿qué piensa hacer el gobierno con este nuevo grupo? El país está respondiendo de manera espontánea, pero eso no libera al gobierno de Puerto Rico ni al federal de su obligación de proteger y ayudar”, concluyó la organización. INS

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