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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 10 ene (INS).- La negligente dejadez de la legislatura puertorriqueña raya en una prevaricación criminal.
Que la Cámara de Representantes haya orillado varias resoluciones presentadas por los representantes independentistas Dennis Márquez y Víctor García San Inocencio, elegidos sucesivamente en dos diferentes cuatrienios, y la inacción también negligente del Senado es muestra de que las prioridades legislativas están totalmente invertidas.
La Resolución de la Cámara 335, presentada por el representante Denis Márquez propone investigar cuán sismorresistentes son las escuelas y cuáles de ellas son vulnerables a un terremoto. La resolución se aprobó en diciembre de 2017 y desde ese entonces sigue engavetada en los archivos de la Comisión de Educación cameral.
Esta es la misma resolución que viene orillándose desde la época de Víctor García San Inocencio y que el representantes Márquez la adoptó en época reciente. Habiendo sido aprobada en la sesión de 2017 después del huracán María, el exrepresentante Guillermo Miranda, hasta hace poco presidente de la Comisión de Educación, no hizo nada con lo que se mandataba en ella, aunque Márquez insistió varias veces en que fuera atendida.
La dejadez cameral con este asunto continuó. Igualmente, con una resolución similar presentada al cierre de la pasada sesión de la Cámara de Representantes por el representante José “Pichy” Torres Zamora.
Tal como las dos resoluciones anteriores de Márquez y García San Inocencio, la resolución de Torres Zamora también fue referida a la Comisión de Educación, pero su presidencia -ahora bajo Rafael “June” Rivera tras la renuncia de Miranda- tampoco hizo nada.
Echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal por limitar el uso de partidas del presupuesto fiscal es un burdo intento de justificar la negligencia de la Cámara de Representantes, tanto como la del Senado.
Negligencia que ha tenido como secuela unas inexistentes fiscalizaciones de seguimiento a las investigaciones y señalamientos de incumplimiento a los estándares de sismorresistencia aprobados con posterioridad a la fecha cuando se construyeron gran parte de las escuelas públicas.
A pesar de todas las excusas de falta de fondos suficientes argumentadas por los presidentes de ambos cuerpos legislativos, es innegable que la Legislatura ha ignorado irresponsablemente las inconsecuentes acciones correctivas del Departamento de Educación y la Rama Ejecutiva a la deficiencia sismorresistente de las escuelas.
Simplemente no ha hecho su trabajo, poniendo de excusa la carencia de dinero, mientras se derrocha millones de dólares en corruptelas contractuales en el Departamento de Educación que están siendo imputadas en las instancias judiciales federales en los recientes casos criminales contra la extitular de la agencia, Julia Keleher. INS
rsm/aa