P. Rico-Amnistía Internacional acusa: “El gobierno no ha dado una respuesta rápida ni efectiva a los desplazados por el terremoto”

San Juan, 10 ene (INS).- Ante la emergencia que vive la isla tras los sismos registrados en las últimas semanas, Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) acusó que “el gobierno no ha dado una respuesta rápida ni efectiva a los desplazados”.

“Es muy preocupante que el gobierno no haya provisto una respuesta adecuada e inmediata a las necesidades predecibles de las comunidades afectadas. Es inaceptable que quienes quedaron sin hogar tengan que dormir a la intemperie y sin acceso a servicios básicos: baños, agua potable, alimento y luz eléctrica”, dijo Annette Martínez, directora de la junta directiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.

Amnistía hizo un llamado a los gobiernos estatales y federales a garantizar que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción protejan los derechos humanos.

“De acuerdo a reportes noticiosos, llegan más de mil personas a pernoctar en las noches en lugares públicos sin ninguna ayuda del gobierno. El Estado tiene la responsabilidad desde el primer día de lo sucedido de habilitar lugares aptos y dignos para todas aquellas personas que no se sientan seguras en sus hogares”, señaló la entidad.

Mientras, Liza Gallardo, directora ejecutiva de AIPR, indicó que “a diferencia del huracán María, la zona afectada por los sismos fue más limitada y fácilmente identificada, por lo que la acción del Estado debió ser más rápida y mejor coordinada. Le recordamos al gobierno local y al federal que la vivienda es un derecho humano, que permite a las personas vivir con seguridad, paz y dignidad”.

Según Martínez, la falta de medidas adecuadas para asegurar este derecho puede acarrear graves consecuencias para la salud y la seguridad de las personas. La declaración de emergencia no incluye ayuda para las casas destrozadas por el terremoto.

“Recomendamos al Estado evitar los desplazamientos masivos innecesarios, y procurar implementar de inmediato medidas para corregir las fallas estructurales de las viviendas afectadas, proveer un alojamiento seguro, y garantizar acceso a servicios básicos. El desembolso de los fondos adecuados para la reconstrucción de viviendas es necesario para proteger el derecho de las personas a permanecer en sus comunidades”, apuntó.

Añadió Martínez que “ninguna decisión debe tomarse de forma unilateral, sin que antes las familias afectadas sean consultadas y decidan libremente sobre la solución que mejor se ajuste a sus necesidades”.

“Es fundamental asegurar la participación informada de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan y procurar la mayor transparencia en el uso de fondos públicos para atender la situación”, concluyó la directora de la junta directiva de AIPR. INS

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