Inter News Service Agencia de Noticias
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 9 ene (INS).- Hay una dicotomía con esta situación de la devastación sísmica en Puerto Rico. Existe la necesidad de elevar los estándares de sismorresistencia en la construcción de viviendas para hacerlas resistentes a terremotos de mayor intensidad a 6.5 grados en la escala Richter, tal como se establece actualmente.
El más reciente sismo fuerte del 7 de enero pasado fue de 6.4 grados. Sin embargo, ello implica un encarecimiento de sus costos.
La mayoría de los puertorriqueños no perciben ingresos que los cualifique para el financiamiento hipotecario mínimo de una vivienda en los proyectos de construcción de residencias que no son de interés social o de vivienda pública, lo que obliga a muchas familias a recurrir a la construcción informal de viviendas.
Para 2018, el costo mínimo de una vivienda era de $161,000. Para que un matrimonio o una pareja cualifique mancomunadamente en el financiamiento hipotecario de una vivienda de $161,000 tendría que tener ingresos anuales ascendente a $53,843.
La banca al evaluar si puede asumir el pago de una hipoteca es tomando como base el valor de la vivienda y multiplicar el ingreso anual de la persona o la pareja solicitante por 2.5 o quizás la multiplicación del ingreso podría flexibilizarse hasta por el triple.
Si alcanza el valor de la vivienda o lo supera, entonces se certifica la cualificación para asumir la deuda de una hipoteca por el lapso de tiempo establecido, que lo usual es por 30 años.
En caso de que se eleven los estándares de sismorresistencia en la construcción de viviendas, sus costos aumentarían y el ingreso anual requerido para una hipoteca tendría que ser quizás de unos $70,000 o más.
Esta no es la realidad del estado de situación financiera de la familia promedio puertorriqueña. Por lo tanto, la vivienda de interés social subsidiada por el Estado o la construcción de residenciales públicos tendría que ser la solución para que la familia puertorriqueña pueda acceder a una vivienda segura.
No obstante, existe el problema fiscal de un gobierno en quiebra o sin el dinero suficiente en las arcas públicas para ello.
El salario promedio anual por familia, suponiendo que los dos de la pareja matrimonial trabajen, no supera los $30,000. Así que su ingreso familiar únicamente rinde para adquirir una vivienda privada por valor de no más de $90,000.
No existen viviendas adecuadas actualmente a ese precio. De modo que el estimado estadístico es que más de la mitad de las familias puertorriqueñas no tienen ingresos suficientes para adquirir una vivienda de más de $90,000.
Ante esta realidad, se hará muy difícil para las autoridades poder detener la construcción informal de viviendas, que en estos momentos es tanto como el 45% de las viviendas en Puerto Rico. INS
rsm/ndc