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San Juan, 23 nov (INS).- Los representantes Jesús Manuel Ortiz y Carlos Bianchi Angleró le solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que haga público el plan de su gobierno para enfrentar lo que representaría un recorte monumental en el presupuesto ante la inminente eliminación por parte de EEUU del esquema regulatorio que permitía un crédito al arbitrio sobre las ventas a las corporaciones foráneas.
Los políticos del Partido Popular Democrático (PPD) recordaron que, en septiembre pasado, la gobernadora realizó un viaje a Washington para, entre otros asuntos, conversar sobre los retos fiscales de Puerto Rico y los planes que debía implementar como gobernadora.
La gobernadora y el secretario de Hacienda informaron que, como resultado de esa visita, el Departamento del Tesoro Federal le informó sobre la intención del gobierno de Donald Trump de dejar sin efecto el esquema que autoriza un crédito contributivo al arbitrio a empresas foráneas, establecido en la Ley 154.
Esto representaría un recorte de cerca del 21% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, lo que requeriría ajustes de tal magnitud que serían equivalentes a eliminar las pensiones o duplicar el IVU.
“El pasado 10 de septiembre, el gobierno federal le solicitó al gobierno de Puerto Rico un plan para atender la eliminación inminente de los arbitrios recolectados a través de la Ley 154 que aplica las corporaciones foráneas en la isla y que representa casi dos mil millones de dólares anuales del presupuesto”, advirtió Ortiz.
Y remarcó que “a más de dos meses de esta solicitud, el país desconoce las acciones, si alguna, que ha tomado el gobierno. La coyuntura histórica requiere que la gobernadora le explique al país los fundamentos del plan solicitado por el gobierno federal, y que aclare que su plan no conllevará más impuestos ni en recortes adicionales a servicios esenciales a los más vulnerables”.
Mientras, Bianchi Angleró considera que “con el escenario fiscal que se le presentó a la gobernadora en septiembre será necesario rehacer el plan fiscal y, por supuesto, reconsiderar los acuerdos con bonistas finiquitados o en proceso de concluir”.
Concluyó que “su deber de garantizar servicios esenciales requiere que las ofertas del gobierno a los bonistas estén fundamentadas exclusivamente en los recursos que tenemos, sin afectar los servicios más esenciales que necesita nuestra gente”. INS
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