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San Juan, 22 nov (INS).- La Oficina del Inspector General (OIG) determinó que excontratistas y exempleados de la firma BDO Puerto Rico, aún mantienen vínculos con el gobierno de Puerto Rico, bajo nuevas compañías contratas.
Según una investigación especial realizada por la OIG, se determinó además que funcionarios gubernamentales pudieron haber incurrido en faltas éticas y legales en el proceso de formalización de contratos y certificación de facturas.
La OIG realizó la indagatoria conforme a los poderes y facultades que le confiere la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.
El pasado 10 de mayo, el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, hizo un referido público a la OIG, donde solicitó que se realizara una auditoría de todos los contratos que la compañía BDO tenía con el gobierno puertorriqueño y como producto de la investigación se identificó que durante este año 2019, esa empresa tuvo unos 44 contratos por un mondo de 30,283,634.80 dólares, con entidades en la rama ejecutiva.
Debido a la cuantía de los contratos, se procedió a tomar una muestra por entidad y basado en la materialidad, por lo que el primer informe consiste en el análisis de los contratos de la firma BDO en el Departamento de Hacienda.
En la primera parte de la investigación exhaustiva, la OIG identificó que mientras se contemplaba la cancelación de los contratos de BDO, en el mes de mayo de 2019, se recibieron durante el mismo mes en el Departamento de Hacienda propuestas que incluían los mismos servicios profesionales, así como capital humano que a ese momento figuraban como recursos de BDO.
De un examen a los expedientes de los contratos otorgados con posterioridad a la cancelación de los de BDO, “logramos identificar que la mayoría de los exempleados, que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por el Departamento de Hacienda, continuaron sus operaciones bajo los contratos formalizados con nuevas compañías”, dijo la OIG en declaraciones escritas.
La investigación reveló a su vez, que algunos funcionarios del Departamento de Hacienda eran exempleados de BDO y tras su nombramiento estuvieron directamente involucrados en el proceso de contratación —solicitud, formalización, desembolsos y cancelación— de las nuevas compañías contratadas, por lo que posiblemente se violó la Ley de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que se aprobó mediante la Ley Núm. 2-2018.
Además, podría haber violación de la Ley Núm. 293 del 15 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad Pública del Gobierno de Puerto Rico”, y Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, entre otras.
La OIG no abundó en más detalles ni ofreció los nombres de los implicados con el propósito de “salvaguardar la pulcritud del proceso ante dicho referido”, práctica que se ha tornado común en muchas instancias públicas, incluso la Oficina del Contralor de Puerto Rico. INS
ndc