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Resumen de noticias para el viernes 22 de noviembre de 2019
P. Rico-Gobernadora anticipa que “no podemos firmar” Código Electoral si incluye elementos contrarios a derecho o crean inestabilidad en el proceso electoral
Culebra, 22 nov (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anticipó ayer que no firmará el Código Electoral si se incluyen en el proyecto elementos contrarios a derecho o que crean inestabilidad en el proceso electoral.
Vázquez Garced, en una visita a Culebra por el tema de la transportación marítima, dijo que “yo quiero escuchar en aquellas partidas o secciones donde no haya consenso que es lo que evita que haya consenso y que esas diferencias sean contrarias a derecho que verdaderamente crean inestabilidad en el proceso electoral. Eso, no podemos firmar un código si esa es la situación”.
Sobre el estatus del Código Electoal, informó que “está en el trámite final de la Asamblea Legislativa para entonces pasarlo a la Fortaleza”.
La oposición política, encabezada por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Anibal José Torres, ya solicitó a la mandataria que vete el proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa.
El nuevo Código, según Torres, propone un ordenamiento electoral sin el consenso y con la oposición expresa en ambas cámaras de las delegaciones de minoría y el senador independiente José Vargas Vidot. “Y, peor aún, redefine el término ‘Partido Estatal de Mayoría’, lo que representa que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrá control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el proceso eleccionario”, dijo el político.
Abundó que el proyecto, “además de violentar el principio sine qua non del consenso, es incapaz de ofrecer garantía alguna sobre dos principios fundamentales, la capacidad económica del estado para subvencionar la actividad propuesta y la evidente ausencia de seguridad contra el fraude e incapacidad de garantizar la misma continuidad en certeza y confianza del sistema implantado”.INS
P. Rico-Exgobernadora Calderón denuncia que es objeto de persecución por el gobierno
San Juan, 22 nov (INS).- La exgobernadora Sila M. Calderón denunció que es objeto de persecución por entidades del gobierno por haber expresado su rechazo a la ley electoral impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Calderón, quien dirigió los destinos del país en el cuatrienio 2001-2005, aseguró que después de haberse manifestado en contra de la medida junto al exgobernador Alejandro García Padilla y el exalcalde capitalino Héctor Luis Acevedo, un senador de alto rango la acusó de lavado de dinero durante su campaña a la gobernación.
Aunque no lo identificó por su nombre, la primera mujer en ocupar la gobernación de Puerto Rico se refirió a Rivera Schatz, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien la atacó directamente en un post en Facebook, al igual que a García Padilla y a Acevedo.
“Esto fue una total falsedad de la oposición política veinte años atrás”, manifestó Calderón en un artículo publicado en un diario nacional (El Nuevo Día) en el cual lamenta la pérdida de la tradición de honor, en términos generales, en el servicio público puertorriqueño.
La exgobernadora reveló que el día de “esa aseveración maliciosa” de Rivera Schatz, “el jefe de una agencia de gobierno hizo público que comenzaba una investigación sobre el Fideicomiso de Comunidades Especiales, que se creó bajo mi gobierno hace 18 años”.
El director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Jesús Vélez Vargas, anunció el miércoles de la semana pasada, en entrevista radiofónica (WKAQ-580AM), que había sometido el primer informe sobre las Comunidades Especiales, que arrojó gastos de 400 mil dólares en casas de interés social, además de un mal manejo de fondos en distintas agencias públicas.
“Rápidamente también se recibieron en mi fundación cartas de cobro de una agencia pública con la que se tiene una deuda de unos meses por el alquiler de dos propiedades. Nos amenazaron con el embargo de dichas propiedades”, denunció la expresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) al sostener que la directora de esa agencia está muy bien relacionada, lo que describió como “¡demasiadas coincidencias!”.
Estableció que en la Legislatura se acaba de comenzar una indagatoria sobre una persona ahora bien allegada a su familia, que “ni siquiera conocíamos cuando era gobernadora”.
Calderón planteó si ya no se pueden tener opiniones diferentes en Puerto Rico y aguarda a la posibilidad de que se produzcan “acciones adicionales volcando la fuerza gubernamental contra mí o mis seres queridos por haberme expresado en contra de un proyecto de ley”.
Lamentó que, tristemente, un puesto en el gobierno o una plaza política son vistos ahora por ciertas personas como una oportunidad para “guisar”, para emplear o favorecer a familiares y seguidores, hasta para robar descaradamente los dineros que le pertenecen al pueblo puertorriqueño.
La exgobernadora Calderón advirtió que no es persona de dejarse amedrentar, por lo que “ahora, más que nunca, alzaré mi voz cada vez que lo entienda necesario, y así también le pido al pueblo que lo haga”. INS
P. Rico-Gremio de Vigilantes urge intervención de Gobernadora ante caos administrativo en el DRNA
San Juan, 22 nov (INS).- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se encuentra en un caos interno que afecta a los trabajadores, al carecer de equipos, chalecos y patrullas, entre otras herramientas necesarias para su labor, denunció hoy la Unión de Vigilantes, adscrita a Servidores Públicos Unidos (SPU), Local 3647, al solicitar la intervención de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El reclamo va dirigido a que la mandataria nombre en propiedad un secretario del DRNA y que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico.
Marcos Pagán, presidente de la Local de Vigilantes SPU, pidió a Vázquez Garced que intervenga de forma inmediata en la agencia, de la misma forma y rapidez que ha nombrado otros secretarios en otra agencias.
“Los Vigilantes del DRNA necesitamos que la agencia esté laborando con eficacia, proactiva, cumpliendo con su misión y objetivos con el pueblo y el personal”, expresó Pagán, al reclamar que se provean patrullas, nuevos equipos y se identifique fondos suficientes estatales para las operaciones del Cuerpo de Vigilantes.
También recomendó que se solicite fondos federales para adquirir equipos y patrullas para los miembros del Cuerpo de Vigilantes.
Pagán señaló que otro asunto a considerar es que secretario que venga debe creer y tener un compromiso con el Cuerpo de Vigilantes, trabajar con prioridad en resolver las grandes deficiencias que la unión ha denunciado como la falta de equipo, personal, patrullas, adiestramientos y mejores condiciones de trabajo.
Pidió igualmente que se trabaje para eliminar cualquier viso de corrupción que pueda haber y que el comisionado que se nombre en el Cuerpo de Vigilantes debe tener el consenso de los vigilantes, ser un ente unificador, un propulsor de un ambiente laboral saludable, una persona mediadora, y estar dispuesto a trabajar con la Unión de los vigilantes. INS
P. Rico-Pide representante Márquez Lebrón investigar contrato que privatiza edificio sede del ICP
San Juan, 22 nov (INS).- El representante Denis Márquez Lebrón anunció hoy la presentación de la resolución 1670 dirigida a realizar una investigación sobre la legalidad del contrato suscrito entre la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro y la Administración de Terrenos mediante el cual se arrienda el edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia, actual sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (PIP) por un posible término de hasta 60 años.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes hizo el anuncio durante una protesta frente a la sede del ICP en el Viejo San Juan, al considerar que tal transacción “se convierte en otro gran atentado a nuestro patrimonio nacional, cultural e histórico”.
“Tal y como lo ha denunciado el sector cultural del país, este caso establece un precedente nefasto para la preservación del patrimonio edificado en Puerto Rico”, dijo.
A juicio del legislador, “la transacción no solo pone en riesgo la integridad de la estructura del primero de los edificios monumentales construidos en el Barrio Ballajá del Viejo San Juan, sino que además representa otro golpe al ICP, entidad encargada de garantizar la custodia, permanencia y protección de nuestro patrimonio cultural, y que ya ha sufrido recortes sustanciales por parte de la Junta de Control Fiscal”.
La resolución 1670 del dirigente independentista surge tras conocerse una transacción, firmada el 27 de diciembre de 2016, mediante la cual el edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia pasaría a convertirse en un hotel boutique de 53 habitaciones.
El contrato se firmó tres días antes del fin de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Márquez Lebrón explicó que, según el contrato, firmado por Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, y el entonces director de la Administración de Terrenos, Luis Rivero Cubano, el arrendamiento del edificio histórico se extendería hasta 40 años, permitiendo hasta dos extensiones consecutivas de 10 años.
El contrato establece que se pagará una renta de 5,000 dólares mensuales durante el proceso de construcción, 85,000 anuales los primeros tres años de operación, y 100,000 anual el resto.
Después del décimo año, se aumentará la renta en 15 por ciento de la base o 3.5 por ciento de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que, después del cuarto año de renta, pagarán además 5 por ciento de las ganancias netas después de los impuestos.
“A todas luces estamos frente a la privatización de un bien público y parte esencial de nuestro patrimonio cultural y nacional. Lo combatiremos mano a mano junto a los grupos de interés y defensores de nuestra cultura y emplazo a la Legislatura a que dé paso a esta resolución”, expresó Márquez Lebrón. INS
P. Rico-Kilómetro Cero exige a Justicia esclarecimiento y presentación de cargos criminales por asesinato de ciudadano por parte de la Policía
San Juan, 22 nov (INS).- La organización Kilómetro Cero exigió, por medio de una carta cursada a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Francisco Marrero Noa, ocurrido el pasado 17 de septiembre. Marrero Noa, quien no portaba arma de fuego, se encontraba acompañado de su pareja Wilnelia Rodríguez Sáez en el negocio Socios Café de Bayamón, cuando dos policías le dispararon y lo mataron.
La entidad envió copia de la carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al director del NIE, Héctor López Sánchez.
Ese día, según reportó la prensa, cuatro agentes de la Policía de Puerto Rico se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el negocio Socios Café de Bayamón.
Entre Wilnelia Rodríguez Sáez y la agente Lilibeth Torres Pedraza se entabló una discusión y los compañeros de la mujer policía, al igual que Francisco Marrero, intervinieron.
Personas han dicho que, dentro del negocio, los policías propinaron una golpiza a Marrero Noa.
Luego de la discusión, el perjudicado salió del local y se montó en su guagua Dodge Durango, mientras los agentes José Ortiz Merced y Enrique Feliciano Marrero, habiéndolo seguido hasta afuera, abrieron fuego y mataron a Marrero Noa.
La Policía dijo públicamente que los agentes justificaron su acto argumentando que Marrero Noa supuestamente pretendía tirar el carro encima a un supuesto grupo de personas que se encontraba frente al negocio.
El caso se refirió al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
“Tenemos muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Por qué estos agentes estaban armados mientras ingerían bebidas alcohólicas en un bar? ¿Se le hicieron pruebas de alcohol a los agentes involucrados en la muerte de Francisco Marrero?”, escribió la organización ciudadana en su carta.
La orden general 600-618 sobre Uso y manejo de armas de reglamento “prohíbe la portación, así como el uso de su arma de reglamento, cuando (los miembros de la Policía) estén sobre el límite legal de alcohol establecido en la Ley 22 de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito”.
Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, añadió que “existen políticas de uso de fuerza con las que todo policía está obligado a cumplir. Si no cumple rigurosamente con ella y con la Constitución, el Estado está obligado a radicarles cargos criminales. El trabajo de la Policía no es matarnos. En una situación de tensión, la Policía tiene que utilizar estrategias no violentas para apaciguar, no escalar las situaciones y utilizar el arma de fuego ligera e irresponsablemente. La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente. Está obligada a hacerlo de forma: razonable, proporcional y escalonada. Se ha probado que las políticas restrictivas de uso de fuerza son vitales para salvar vidas, incluso de policías”.
“Todos los agentes de ley y orden del Estado tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en conflictos sin matarlas como mataron a Francisco Marrero Noa, quien no portaba arma de fuego. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en crisis sin matarlas como mataron a Anthony Maldonado Avilés en Jayuya, quien tampoco portaba arma de fuego cuando la Policía lo mató en su casa, en febrero de 2019 y en cuyo caso tampoco se han presentado cargos criminales contra los agentes. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas desarmadas sin matarlas, como mataron a Carlos Javier Betancourt, de 21 años, porque pensaron que estaba armado aunque no lo estaba y en cuyo caso tampoco se han presentado cargos criminales, que sepamos. Estas son solo algunas de las al menos 9 personas que la Policía de Puerto Rico ha matado este año”, dijo la portavoz.
Kilometro Cero es una organización sin fines de lucro que aboga contra la violencia de Estado, especialmente la que ejerce la Policía de Puerto Rico.
La organización desarrolla proyectos que impulsan el poder de la ciudadanía en las áreas de uso de fuerza del Estado, libertad de expresión y respuesta estatal a la violencia de género.INS
ndc