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La sede del ICP pasaría a manos privadas para la operación de un hotel en el lugar. Inter News Service
San Juan, 21 nov (INS).- El representante Denis Márquez Lebrón anunció hoy la presentación de la resolución 1670 dirigida a realizar una investigación sobre la legalidad del contrato suscrito entre la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro y la Administración de Terrenos mediante el cual se arrienda el edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia, actual sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (PIP) por un posible término de hasta 60 años.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes hizo el anuncio durante una protesta frente a la sede del ICP en el Viejo San Juan, al considerar que tal transacción “se convierte en otro gran atentado a nuestro patrimonio nacional, cultural e histórico”.
“Tal y como lo ha denunciado el sector cultural del país, este caso establece un precedente nefasto para la preservación del patrimonio edificado en Puerto Rico”, dijo.
A juicio del legislador, “la transacción no solo pone en riesgo la integridad de la estructura del primero de los edificios monumentales construidos en el Barrio Ballajá del Viejo San Juan, sino que además representa otro golpe al ICP, entidad encargada de garantizar la custodia, permanencia y protección de nuestro patrimonio cultural, y que ya ha sufrido recortes sustanciales por parte de la Junta de Control Fiscal”.
La resolución 1670 del dirigente independentista surge tras conocerse una transacción, firmada el 27 de diciembre de 2016, mediante la cual el edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia pasaría a convertirse en un hotel boutique de 53 habitaciones.
El contrato se firmó tres días antes del fin de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Márquez Lebrón explicó que, según el contrato, firmado por Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, y el entonces director de la Administración de Terrenos, Luis Rivero Cubano, el arrendamiento del edificio histórico se extendería hasta 40 años, permitiendo hasta dos extensiones consecutivas de 10 años.
El contrato establece que se pagará una renta de 5,000 dólares mensuales durante el proceso de construcción, 85,000 anuales los primeros tres años de operación, y 100,000 anual el resto.
Después del décimo año, se aumentará la renta en 15 por ciento de la base o 3.5 por ciento de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que, después del cuarto año de renta, pagarán además 5 por ciento de las ganancias netas después de los impuestos.
“A todas luces estamos frente a la privatización de un bien público y parte esencial de nuestro patrimonio cultural y nacional. Lo combatiremos mano a mano junto a los grupos de interés y defensores de nuestra cultura y emplazo a la Legislatura a que dé paso a esta resolución”, expresó Márquez Lebrón. INS
ndc
