R. Dominicana-Otra crisis afecta a la Junta Electoral luego de contratar a cuestionada empresa para una auditoría forense al voto automatizado (crónica)

Por Manuel Vólquez

Santo Domingo, 9 nov (INS).- Luego de los cuestionamientos a las primarias simultáneas de las dos principales fuerzas políticas del país, realizadas el 6 de octubre por la Junta Central Electoral (JCE) mediante el voto automatizado, el organismo enfrenta otra crisis generada por varias organizaciones que objetan la contratación de una repudiada empresa privada para auditar el sistema de computación.

Al concluir la jornada de votación a lo interno de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) surgieron severas críticas al órgano rector de elecciones debido a las denuncias sobre irregularidades detectadas en el conteo de votos, que fueron desmentidas por las autoridades electorales.

De conformidad con la computación, y tal como reflejaron las respectivas proclamas del pleno de la JCE, el candidato electo en el partido de gobierno fue Gonzalo Castillo, quien superó al expresidente Leonel Fernández con el 48.72 % (911,923 votos) frente al 47.29 % (885,233 votos).

En el PRM, Luis Abinader, un empresario y economista, ganó la candidatura al expresidente Hipólito Mejía con 74.15% frente a 21.17%., por lo que la jornada transcurrió sin cuestionamientos.

La proclama de Gonzalo Castillo se produjo en un momento tenso dentro del PLD, ya que el grupo del expresidente Fernández ha mantenido la denuncia de un presunto fraude para favorecer al exministro de Obras Públicas.

Fernández desconoció los resultados al considerar que los equipos de computación de la Junta fueron intervenidos por un hacker indio traído al país para adulterar los conteos y evitar que ganara la candidatura presidencial del partido de gobierno cara a los comicios generales de 2020.

El pleno de la JCE está conformado por los jueces Julio César Castaños, presidente, y los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos por el secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.

El expresidente dominicano elevó en esa ocasión una instancia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) pidiendo que interviniera a los fines de que se suspendiera la proclamación de Castillo hasta que el sistema del voto automatizado sea auditado por empresas nacionales e internacionales de prestigio con la participación de observadores de la OEA y otros organismos hemisféricos.

La propuesta fue rechazada por el tribunal colegiado, lo que dio pauta a que Fernández y sus seguidores renunciaran a la militancia del PLD para dar paso a la creación del partido La Fuerza del Pueblo (LFP), aliado a varias organizaciones que lo llevan como candidato presidencial para 2020.

Concluidas las primarias y denegadas las peticiones de Fernández, sin embargo, la Junta Central Electoral contrató a la empresa Deloitte & Touche para una auditaría forense a los equipos, medida que ha generado reacciones en la clase política opositora y diversos sectores del país, entre estos el movimiento cívico Participación Ciudadana, que dudan de la imparcialidad de esa entidad.

En ese contexto, la Gran Alianza Nacional Renovadora (Ganar), que agrupa a algunos partidos de la oposición, rechazó la contratación de la empresa Deloitte “porque está desacreditada, sancionada por la comisión de graves infracciones, que ha asumido auditorías comprometedoras”.

En un documento servido a los medios, los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y de Unidad Nacional (PUN), aliados de La Fuerza del Pueblo, afirmaron que “nadie puede explicar cuáles razones indujeron a la JCE a contratar sin licitación a la empresa de un asesor gubernamental, de la que insistieron deshonrada”.

Aseguraron que la credibilidad del organismo “ya no está en juego, porque ha demostrado ser ente parcializado, en el que no pueden confiar ni los partidos ni la sociedad”.

Lamentaron que “profesionales dignos, a los que la sociedad estima, estén comprometidos en situaciones tan graves y de tan alto potencial para destrozar la paz pública”.

Dijeron sospechar que los miembros del tribunal de elecciones “pretenden ejecutar un proceso electoral sin garantías de transparencia, con equipos cuyos resultados no podrán ser confiables”.

“El sistema no puede asumir semejante grado de desinstitucionalización, que en realidad no beneficia a nadie. Al contrario, solo partidos competitivos producen democracias estables, que son consolidadas solo con el libre acceso al ejercicio del poder”.

Mientras, el secretario general de la opositora Alianza por la Democracia (APD), Carlos Sánchez, considera que aceptar la firma Deloitte & Touche, “sería validar por adelantado un fraude en las elecciones del año entrante”.

Llama la atención que, según reportes internacionales, la firma contratada “ha sido objetada, inhabilitada y multada” en países como Estados Unidos, México, Brasil y España.

Además, Carlos Sánchez señaló que la empresa está vinculada al PLD a través de su participación en las licitaciones para la adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina, que se construyó en la provincia Peravia (sur) con un millonario presupuesto que habría sido sobrevaluado, conforme a los testimonios de Participación Ciudadana y del movimiento Marcha Verde.

Desde el gobierno y la cúpula del partido gobernante, así como desde las llamadas “organizaciones políticas muletas” (aliadas), no ha habido ningún tipo de reprimenda respecto a la contratación de la referida compañía. Tampoco ha habido reacción de los dirigentes del PRM.

De antemano, los observadores en temas políticos prevén una nueva crisis que, si no hay una solución de consenso, pudieran incidir en las votaciones del mes de febrero cuando serán electos los alcaldes y otros funcionarios municipales o los comicios generales de mayo para escoger al presidente de la República. INS

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