Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 31 de octubre de 2019
P. Rico-Firma la Utier en reclamar a la gobernadora Vázquez Garced que convierta en ley medida que restituye derechos a celadores de línea
San Juan, 31 oct (INS).- El presidente de la Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, aseguró anoche, luego de un cacelorazo frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha firmado ni una sola ley que beneficie al pueblo puertorriqueño.
El dirigente gremial afirmó que, mientras la mandataria ha firmado decretos que benefician a los bonistas y los grandes intereses, nada ha hecho para atender la situación de los celadores de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quienes fueron despojados de sus beneficios al accidentarse.
En cambio, Vázquez Garced ha favorecido el acuerdo que incrementa la factura de los abonados de la AEE hasta un 50 por ciento en los próximos 40 años.
“La gobernadora tiene sobre su escritorio desde el martes el proyecto de ley que aprobó la Legislatura para devolver los derechos a los celadores de línea”, dijo Figueroa Jaramillo en un aparte con la agencia Inter News Service (INS).
Reveló que el gobierno presiona para que la Utier retire de frente a La Fortaleza el campamento que ha montado hasta tanto la gerencia de la AEE, que encabeza José Ortiz Vázquez, se siente a negociar.
“No nos vamos a ir hasta que la gobernadora Wanda Vázquez atienda nuestro reclamo”, reiteró Figueroa Jaramillo, antes de unirse al cacelorazo que retumbó en la calle Fortaleza y su entono.
El dirigente de la Utier recordó que su reclamo no se limita a los celadores de línea, sino que protege a otros empleados públicos de alto riesgo, como policías, bomberos, agentes de custodia y obreros de las centrales generatrices, entre otros.
La licencia de accidentes fue congelada con la aprobación en 2014 de la Ley 66, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
“Esta licencia es vital para cada uno de los trabajadores porque les permite recibir un dinero mensual mientras se recuperan; el pueblo vio en las pasadas semanas cuán difícil es para un celador recuperarse de un accidente”, dijo el presidente de la UTIER, al referirse a diversos casos, entre estos el de Héctor Yamal O’Neill Vázquez, quien perdió su brazo luego de recibir una descarga eléctrica el pasado enero. INS
P. Rico-Exige el PPD acción del gobierno ante presuntas irregularidades en el DRNA
San Juan, 31 oct (INS).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Anibal José Torres, consideró inaceptable que el gobierno no tomara acción ante la presuntas irregularidades de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, de las cuales tiene conocimiento desde 2017, cuando gobernaba Ricardo Rosselló Nevares.
“Me parece inaceptable que al día de hoy ninguna agencia haya tomado cartas en el asunto”, expresó el senador Torres, al referir que se desconoce el porqué el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, no refirió el asunto a las agencias pertinentes y por qué ninguna agencia local inició un proceso de investigación sobre las presuntas irregularidades.
El presidente del PPD añadió que la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced continúa el mismo estilo de su antecesor Rosselló Nevares, “en el que se permitieron actos de mal manejo de los fondos públicos, amiguismo en (el otorgamiento) de contratos y el gobernar para unos pocos”.
“La confianza del país se gana con acciones contundentes en contra de la corrupción”, recalcó Torres.
El también senador de oposición recordó a los legisladores que tenían conocimiento de la situación que “es nuestro deber denunciar hasta las últimas consecuencias aquellos actos que levanten sospechas de irregularidades y que representen un mal uso de los fondos públicos”. INS
P. Rico-Solicitan investigar programa para reparar 30 mil casas con toldos azules
San Juan, 31 oct (INS).- El El representante del Partido Popular Democrático (PDD), Jesús Manuel Ortiz, sometió ayer la resolución de la Cámara 1606, para investigar el estatus del programa establecido por orden ejecutiva para reparar provisionalmente miles de casas sin techo como consecuencia del paso de huracán María.
La medida ordena a la Comisión Especial para Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los Huracanes Irma y María de la Cámara de Representantes verificar el progreso del programa que el boletín administrativo OE-2019-033 ordena implementar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario para viabilizar y permitir la reparación provisional de las sobre 30,000 viviendas con toldos azules en Puerto Rico.
Tras el impacto directo del huracán María en septiembre de 2017, miles de viviendas sufrieron daños sustanciales y muchas de estas aún permanecen con toldos.
Como medida inmediata para atender las viviendas afectadas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USACE, siglas en inglés) implementaron el programa “techos azules”.
A través de este programa se instalaron aproximadamente 125,000 toldos en viviendas puertorriqueñas.
“A pesar del tiempo transcurrido desde el huracán María, al momento aún se pueden observar miles de viviendas a través de Puerto Rico con estos techos azules”, expresa la resolución.
Ortiz explicó que el 3 de julio de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el boletín administrativo OE-2019-033, donde reconoce que para dicha fecha aún existían en Puerto Rico alrededor de 30,000 viviendas sin techo.
Así pues, mediante esta orden ejecutiva se ordenó a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) la creación de un programa que viabilizara y permitiera la reparación provisional de las estructuras residenciales sin techo y con otros daños ocasionados por el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, particularmente aquellas que aún tenían instalado un techo azul.
“Ya han pasado casi cuatro meses desde la firma de esta orden ejecutiva y el país tiene que saber que ha hecho ODSEC con esa importante encomienda. Se trata del techo de miles de familias puertorriqueñas a quienes se les prometió una solución. La prioridad de esta Cámara de Representantes debe ser el bienestar de las familias puertorriqueñas. Es inaceptable que dos años después del paso de estos fenómenos atmosféricos, aún tengamos miles de casas con toldos. Por tal motivo, la Cámara debe evaluar el estatus en que se encuentra el programa que con bombos y platillos anunció el gobierno en julio para la reparación de más de 30,000 viviendas sin techo”, sentenció Ortiz.INS
P. Rico-Espacios Abiertos propone a Grijalva mayor transparencia de la Junta y que se cambien las políticas de austeridad fallidas
San Juan, 31 oct (INS).- Espacios Abiertos (EA) solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de EEUU, Raúl Grijalva, que si no se elimina la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe imponérsele reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y la de sus contratistas, un código de ética más firme y que se cambie la ruta de las políticas fiscales fallidas que ha implantado el organismo.
El analista senior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en una carta enviada a Grijalva en ocasión de las vistas sobre enmiendas a la Ley Promesa que se celebran hoy, que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de sostenibilidad un análisis de sostenibilidad de deuda realizado por expertos académicos independientes y debe apoyar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda realizada por especialistas sin conflicto de interés.
“Sin entrar a debatir sobre los atropellos democráticos que significan la imposición de la Ley Promesa y el tener una Junta de Supervisión Fiscal no electa que el pueblo de Puerto Rico paga de sus bolsillos, se puede concluir, después de estos más de tres años, que las estrategias y políticas impuestas por la propia Junta producto de la ley que la crea, no atienden las causas reales de los problemas de la isla. La situación de déficit democrático y crisis fiscal que se debía resolver no se soluciona ni con mayor represión institucional ni con recetas de austeridad fiscal que el consenso económico internacional ha descartado”, indicó el economista.
Agregó que, “en su lugar, está abonando a que la mayoría de la población vea sus condiciones de vida mucho más deterioradas. La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis”.
Santamaría Ots declaró que el Congreso de EEUU debería hacer una reflexión profunda del por qué la Junta sigue implantado medidas de austeridad económica que han demostrado ser un experimento fracasado en la historia económica reciente.
Dijo que, como ejemplo de su falta de transparencia de la Junta y sus repercusiones, recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno -y aunque difundido a determinados grupos de bonistas y en medios especializados como el Electronic Municipal Market Access System (EMMA), de difícil acceso para la ciudadanía, a fecha de hoy sigue sin aparecer en la página de Internet de la propia Junta- en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas estructurales y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María que proyectaron en 69 mil millones y que podría ser recortada hasta los 39 mil millones.
Ello pese a que estudios de economistas expertos en reestructuración de deuda advirtieron del optimismo desmesurado de las proyecciones realizadas.
Pero, la falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones.
“Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran”, sostuvo el analista.
Recalcó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas -como en el caso de la Cofina- y que pronunciamientos de expertos en la materia ya anticiparon como demasiado generosas con los bonistas.
“De materializarse tales proyecciones de crecimiento a la baja, los recaudos también disminuirían, y si se reducen los recaudos, la sostenibilidad del pago de la deuda se vería otra vez en peligro. En pocos años, estaríamos enfrentando un segundo proceso de quiebra y posiblemente otro costoso proceso de reestructuración a expensas de las políticas de inversión públicas que hoy Puerto Rico tanto necesita. En economía, el consenso entre expertos no siempre es posible. En el caso de Puerto Rico, existe y entre economistas de distinto espectro ideológico: Puerto Rico necesita un recorte sustancial de su deuda”, sostuvo Santamaría Ots.
Puntualizó que la Junta no ha tomado en consideración que los resultados del estudio “Análisis del alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico”, dirigido por el investigador asociado de la Universidad de Columbia, Martín Guzman, y con la coautoría con el economista Pablo Gluzmann y el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz.
En ese estudio se concluyó que para que el pago de la deuda de 72.2 mil millones sea sostenible, debe reducirse en al menos un 80 por ciento.
El portavoz señaló al congresista que la Junta se ha dado a conocer por una persistente falta de transparencia.
Por ejemplo, la falta de divulgación sobre los intereses financieros completos de algunos miembros de la Junta y empleados, según dispone la misma ley que la creó, generó suspicacia en apenas meses de haber sido nombrada.
Añadió que otra dimensión de la falta de transparencia es el limitado acceso a toda la documentación que el organismo produce, gestiona, supervisa, delega y que o bien constituye -o debería constituir- información pública.
“La injerencia de la Junta ha añadido más vulnerabilidad a los procesos de diseño de políticas públicas y de la toma de decisiones relacionadas a estos. Puerto Rico todavía carece de una ley de transparencia que permita a la ciudadanía, por un lado, conocer a fondo los detalles y los pretextos de estas políticas públicas y, por otro, que le permita defenderse de los posibles atropellos y abusos institucionales. No obstante, Puerto Rico sí cuenta con jurisprudencia de su Tribunal Supremo que garantiza el acceso a todo documento público producido por el gobierno electo pero no por la Junta”, indicó el analista.
Precisó que esa vulnerabilidad se vuelve a constatar en las leyes de Transparencia y de Datos abiertos de reciente creación que comienza a poner más obstáculos al acceso de documentación pública y contra la cual los tres principales gremios periodísticos y Espacios Abiertos se han opuesto.INS
P. Rico-Organizaciones comunitarias y ambientales piden nuevo Plan Integrado de Recursos para la AEE
San Juan, 31 oct (INS).- Una decena de organizaciones comunitarias y ambientales sometió ante el Negociado de Energía un análisis pericial detallado que recomienda ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que prepare un nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR), porque el actual adolece de serias deficiencias.
El PIR es el mapa que determinará la inversión del sector energético y los proyectos prioritarios que la AEE propone para los próximos 20 años y tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales para todos los puertorriqueños.
En una moción de 195 páginas, las organizaciones presentaron testimonio experto que prueba, entre otros elementos, que el PIR parte de premisas acomodaticias para favorecer una sobreconstrucción de infraestructura de gas natural y prolongar su dependencia en combustibles fósiles.
En el documento, radicado el 23 de octubre, las organizaciones presentaron los testimonios de los expertos Agustín Irizarry Rivera, Anna Sommer, Daniel Gutman y Ronny Sandoval, todos con vasta experiencia en materia energética.
En sus análisis, Irizarry Rivera y Sommer concluyen que la AEE falló en subestimar el costo de la producción eléctrica con gas licuado, mientras dejó fuera de su cálculo los beneficios que produciría integrar la generación distribuida en manos de los consumidores.
La moción plantea que las proyecciones sobre el costo del gas licuado son “muy optimistas” y no se acercan al costo real actual de las contrataciones para gasificar instalaciones de la AEE.
Por ejemplo, el estudio de Irizarry indica que el PIR asume el costo de $4.35 la unidad termal por hora (MBTU) que incluye licuefacción, transporte y que ganancia, lo que resulta “extraordinariamente optimista” comparado con el precio contratado por la AEE con New Fortress Energy para San Juan, a razón de $8.50 MBTU para los mismo ítems.
“La presunción del costo de suplido es errónea”, sostiene, entre otras conclusiones, el informe del doctor Irizarry Rivera, ingeniero eléctrico e investigador.
El también exrepresentante del consumidor en la junta de directores de la AEE y autor de numerosos estudios sobre la evolución y tendencias energéticas añade que “los resultados y las recomendaciones del PIR propuesto son todas dependientes de lo que se presume será el costo por combustible”, dato que por sí solo requeriría un nuevo PIR.
Asimismo, el análisis indica que “la generación distribuida (por parte de los consumidores) no es considerada con seriedad en el análisis… sin que se explique por qué”.
Basada en evidencia actual sobre la industria, la generación distribuida por parte de los consumidores, mediante sistemas solares en techos de las residencias y almacenamiento con batería ha sido identificada por las organizaciones interventoras y sus expertos como la alternativa energética más costo efectiva para Puerto Rico.
Por otro lado, el testimonio experto presentado por las organizaciones añade datos que prueban que los planes de la AEE agravarían los problemas de salud pública y calidad de aire que producen las plantas generatrices de Costa Sur, San Juan y Aguirre.
En su informe, Gutman, experto en el análisis de emisiones de utilidades públicas sobre la salud humana, señala que la mejor alternativa para que Puerto Rico cumpla con estándares federales de calidad de aire es dejar atrás las plantas de quema de combustibles fósiles para moverse hacia el uso de fuentes no contaminantes.
Por el contrario, el documento advierte que “los planes preferidos por la AEE invierten demasiados recursos en la generación con combustibles fósiles y no lo suficiente en fuentes no contaminantes”.
El análisis de los peritos concluye que el PIR adolece de numerosos elementos y salvaguardas críticos para asegurar los consumidores de la AEE tendrán los beneficios que la AEE reclama.
A su vez, el testimonio presenta recomendaciones para que el PIR que se apruebe represente los contextos reales y las alternativas actuales y futuras que rendirían mayores beneficios a los clientes y a la inversión en la propia corporación.
Entre ellas, el informe del ingeniero Sandoval, presidente de la firma de consultoría, ROS Energy Strategies, recomienda al Negociado que se añadan al PIR métricas y procesos que propicien la adopción de recursos de energía distribuida, como sistemas solares y almacenamiento de energía a nivel local.
Igualmente, se recomienda trabajar de forma proactiva con los consumidores y partes interesadas para apoyar el desarrollo de estos recursos.
Sandoval propone “trabajar con las partes interesadas para definir las métricas apropiadas que permitan evaluar el desempeño de los proyectos que propicien la implementación exitosa del PIR a lo largo del tiempo e identificar oportunidades para maximizar el valor, incluyendo la adopción de medidas correctivas”.
Los grupos ambientales y comunitarios plantean que la integración de las partes interesadas a la elaboración de un nuevo PIR amplía el marco de alternativas y despeja potenciales conflictos de interés.
Las organizaciones abogan por que se prescinda de Siemens como autor del PIR debido a que la empresa vende maquinarias y tecnología a la corporación.
De hecho, aunque refutan que exista conflicto, representantes de la empresa han admitido en vistas públicas que parte de los análisis del PIR usan como parámetros dichos productos.INS
ndc