Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 25 oct (INS).- La comunidad del Recinto de Ciencias Médicas reclamó hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced la destitución por incompetentes de Zoraida Buxó y Walter Alomar de la de la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La petición de la comunidad surge porque, presuntamente, han causado un gran daño al Sistema de Retiro y a la UPR.
Con ese propósito, los asistentes a un foro sobre la situación actual del Sistema de Retiro, celebrado en el Recinto de Ciencias Médicas, aprobaron una resolución para denunciar la incompetencia de Zoraida Buxó y Walter Alomar, miembros de la junta de Gobierno de la UPR.
Los participantes en el foro, empleados docentes y no docentes, señalan a Alomar, presidente de la junta de Gobierno, y a Buxó como responsables de impulsar acciones que atentan contra la estabilidad del Fideicomiso de Retiro y contra la casa de altos estudios.
La presidenta del Capítulo APPU en Ciencias Médicas, Lida Orta Anés, la resolución aprobada solicita a la gobernadora Vázquez Garced, que destituya a ambos miembros del organismo de la UPR y proceda a nombrar personas conocedoras y comprometidas con la universidad pública.
Entre los señalamientos que hace la APPU contra ambos funcionarios está que no han reclamado los fondos públicos que le corresponde a la UPR, según dispuesto por la Ley 2 de 1966, a la vez que cierran las plazas de aquellos que se han jubilado, lo que ocasiona el deterioro del ambiente de trabajo y pone en riesgo los programas académicos.
Además, de acuerdo con la resolución, están sustituyendo las plazas de empleados regulares por contratos docentes a tarea parcial con salarios de pobreza y sin beneficio de retiro, lo que pone en riesgo a la UPR y el plan de pensiones definidas y de por vida.
Igualmente, no están asignando los fondos para los ascensos en rango, causando daño a la docencia y dificultando la obtención de fondos para investigación, aparte de que la administración de la UPR no está pagando las aportaciones patronales que corresponden al Retiro.
Según la resolución divulgada por Orta Anés, autorizaron que el director ejecutivo utilice hasta 10 millones de dólares mensuales del Fondo de Inversiones de Retiro para la cuenta operacional que paga las pensiones, lo que desangra el Fondo de Inversiones.
También se derogó el plan de amortización cerrada a 40 años, pretendiendo anular la deuda del patrono UPR con nuestro plan de pensiones, junto con limitar los poderes de la Junta de Retiro, único cuerpo representativo de los participantes.
Entre estos, quitarle a la Junta de Retiro las funciones de recomendar las premisas actuariales y escoger los candidatos a la dirección ejecutiva del Sistema de Retiro, aparte “restringió a dos años el término de nuestros representantes en la Junta de Retiro, en perjuicio de los participantes”.INS
ndc