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San Juan, 21 oct (INS).- La Junta de Gobierno de la de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se propone reestructurar el sistema de retiro de los empleados, sin la realización de estudios actuariales, denunció hoy el doctor Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (JR-UPR).
El Comité de Asuntos de Retiro de la Junta de Gobierno-UPR (Comité de Retiro JG-UPR) solicitó al director ejecutivo del Sistema de Retiro peticionar cinco estudios actuariales, fundamentados en las alternativas para reestructurar el Plan de Retiro-UPR recomendadas por la compañía BDO Puerto Rico en su informe final entregado en agosto 2019 para reestructurar el Plan de Retiro-UPR.
“Los cinco estudios actuariales solicitados por el Comité de Retiro JG-UPR, el pasado 11 de octubre, incluyen un escenario para mantener el plan de retiro actual, sin congelación ni cambios en beneficios”, explicó Berríos Torres, quien explicó que la solicitud del Comité de Retiro JG-UPR no contempla el impacto actuarial a la capacidad de pago a futuro, a la sostenibilidad y perpetuidad del Fideicomiso de Retiro, ni a la estabilidad financiera de la institución académica.
Destacó que esta petición equivale al Estudio Actuarial Anual que se solicita al actuario del Sistema de Retiro el cual fue entregado el 15 de julio de 2019 y refleja que a la UPR le corresponde realizar una aportación patronal de 24.17 por ciento, equivalente a 153 millones de dólares.
Un punto para resaltar de esta petición, dijo Berríos Torres, es que el 27 de marzo de 2019 la JG-UPR redujo a 0% la premisa actuarial de aumento en nómina, acción que provocó un aumento de 371 millones de dólares en la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro-UPR, que en 2017 era 1,435 millones de dólares y en 2018 aumentó a 1,801 millones.
“Este escenario, al igual que los restantes cuatros estudios, solicitan se considere un 1% de aumento en la nómina anual, recomendación que la Junta de Retiro le había notificado a la JG-UPR en marzo 2019”, destacó Berríos Torres.
Cuatro de los escenarios solicitados al actuario del Sistema de Retiro, contemplan congelar el plan de retiro vigente y adoptar uno de contribución definida –tipo cuenta de ahorro.
Además, incluyen las siguientes opciones: ventanas de retiro; transferencia de fondos a un plan de contribución definida; congelación de beneficios; aumento en la contribución de los participantes, aumento en la edad de jubilación de 58 a 65 años de edad para todos los empleados y una reducción en la base cotizable para las pensiones del 75% a 55%. También incluyen reducir las pensiones a un máximo de 8.5% de los beneficios mensuales de jubilación, para las pensiones mayores para dos grupos, los que reciben 1,200 o 2,000 dólares mensuales.
Berríos Torres explicó que los cuatro escenarios que congelan el plan de retiro vigente y adoptan un plan de retiro de contribución definida también incluyen amortizar la deuda actuarial a 30 años, recomendación ofrecida por el actuario del Sistema de Retiro y la Junta de Retiro desde 2015 y la eliminación del beneficio de préstamos.
La propuesta de eliminar el beneficio de préstamos, dijo, demuestra un claro desconocimiento de cómo funciona el Plan de Retiro-UPR, porque los préstamos representan uno de los ingresos que favorecen la sostenibilidad del Fideicomiso de Retiro.
“Las opciones de ventanas de retiro y transferencia de fondos del Fideicomiso de Retiro-UPR a una cuenta de contribución definida son decisiones que aumentarán drásticamente la deuda actuarial de la UPR, pues se acelerará su insolvencia.
“Colocan la estabilidad financiera de la UPR en riesgo al incrementar su aportación patronal al Fideicomiso de Retiro-UPR y al requerir subsidiar 500 millones de dólares para el pago de las pensiones”, destacó Berríos Torres al advertir que ante una insolvencia, la UPR obligará al gobierno y los contribuyentes a cubrir el pago de las pensiones de los jubilados de la casa de altos estudios.
El presidente de la Junta de Retiro de la UPR señaló que la JG-UPR conoce el impacto negativo de congelar el plan de retiro vigente y sustituirlo por uno de contribución definida. Sin embargo, dijo, siguen ignorando las recomendaciones de su actuario y de la Junta de Retiro e insisten en reestructurar el Plan de Retiro-UPR.
“La JG-UPR, a través de la presidenta del Comité de Asuntos de Retiro, la licenciada Zoraida Buxó, después de autorizar un desembolso de 500 mil dólares del presupuesto de la UPR, contratando a la firma de auditoria BDO, que a todas luces no produjo alternativas viables, ahora quiere, que el actuario del Sistema de Retiro le valide los resultados de los escenarios propuestos en las alternativas recomendadas por BDO”, afirmó Berríos Torres.
La Junta de Retiro emplazó al presidente de la JG-UPR, Walter Alomar y a Buxó a que contesten públicamente, ante su insistencia en aprobar la congelación del plan de retiro vigente y adoptar uno de contribución definida, qué beneficios traerá para la estabilidad financiera de la UPR y del Fideicomiso de Retiro-UPR.
Además, en cuánto se reducirá la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro y a cuánto aumentará la capacidad de pago a futuro del Fideicomiso de Retiro-UPR, y cómo garantizará la perpetuidad del Fideicomiso de Retiro.
Además, Berríos Torres solicitó que explicaran cuál será el costo de implantarlo, administrarlo y quién lo pagará; quién manejará las carteras de inversión del plan de retiro de contribución definida, qué beneficio tiene para la estabilidad financiera de la UPR y del Fideicomiso de Retiro-UPR aprobar ventanas de retiro y autorizar la transferencia de los fondos del Fideicomiso-UPR a una cuenta de un Plan de Contribución Definida y, finalmente, quién pagará las pensiones cuando el Fideicomiso del Plan de Retiro-UPR quede insolvente. INS
ndc