Inter News Service Agencia de Noticias
San JUan, 9 oct (INS).- Sobre veinte organizaciones que representan el sector de la salud solicitaron hoy a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, que priorice la defensa de la salud de la población de adultos mayores e incapacitados, a raíz de una demanda en el tribunal federal de las aseguradoras Medicare Advantage, que persigue frenar una ley que
requiere pagar a proveedores tarifas no menores a las establecidas por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS).
La doctora Norma Devarie, presidenta de Cardiocoop, expuso que cuatro aseguradoras se unieron para reclamar ante el tribunal federal que se determine que la legislación federal prevalece sobre la recién creada Ley número 90, que requiere a las aseguradoras pagar a los proveedores de salud tarifas que no sean menores a las establecidas por CMS.
Además, prohíbe cancelarles contratos sin que medie justa causa.
“Está en manos del gobierno, a través del Departamento de Justicia, defender la Ley 90 ante el tribunal federal. Sin embargo, estamos conscientes de que los recursos del gobierno son limitados, por lo que nos ponemos a su disposición para servir como amigos de la corte en el pleito iniciado por las aseguradoras contra el gobierno”, dijo Devarie.
Además de la Cooperativa de Cardiólogos (Cardiocoop), entre las organizaciones que se unieron al reclamo están Cooperativa de Oftalmólogos (Oftacoop), Cooperativa de Laboratorios (Cooplab), Cooperativa de Obstetras y Ginecólogos (Obgyncoop), Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Coopharma), el Colegio de Cirujanos Dentistas, la Asociación de Laboratorios Clínicos, la Cooperativa de Ortopedas (Orthocoop), Asociación de Centros Radiología, Cooperativa de Gastroenterólogos, Cooperativa de Internistas y Subespecialistas (Intersubcoop), el Movimiento 25 años con las mismas tarifas y el Centro Unido de Detallistas (CUD), entre otros.
“En este proceso, nos toca desenmascarar a las aseguradoras que no quieren cumplir con la Ley 90 para no pagar a los proveedores las tarifas establecidas por CMS. Esta acción deja ver claramente que su afán de lucro va por encima del mejor interés de sus suscriptores”, señaló la doctora Devarie.
Agregó que de las cuatro aseguradoras que se unieron en el pleito, MMM y MCS son las que han manifestado por escrito a sus proveedores que no van a cumplir con esta ley, aunque, tanto ellas, como Triple S Advantage y Humana están como parte en la demanda entablada a nivel federal el pasado 2 de octubre.
La doctora Elena Jiménez, presidenta de Oftacoop, dijo que la eliminación o incumplimiento de esta ley por parte de las aseguradoras, tendría efectos serios sobre el acceso a la salud de los pacientes, pues continuaría impulsado la emigración de cientos de proveedores.
“Por tratarse de adultos mayores y personas con discapacidades, el impacto es doblemente serio, porque este es uno de los sectores más vulnerables y desprovistas de protección. Hacemos un llamado a la Secretaria de Justicia para que atienda este caso con la importancia y urgencia que amerita y no se quede como otro asunto más dentro de la burocracia del gobierno.
El doctor Ricardo Canals, director de la junta de Orthocoop, dijo que “como expertos en salud, nos estamos poniendo a su disposición; confiamos en que responda a nuestro llamado con la urgencia que la situación lo amerita”.
Por otro lado, los grupos de proveedores y pacientes reclamaron ante el Comisionado de Seguros que realice una auditoría a aquellas aseguradoras Medicare Advantage que incumplan con la Ley 90 e imponga sanciones.
“Si no se atiende con premura y de manera efectiva este asunto, se intensificará el éxodo masivo de proveedores de salud, lo que podría provocar una crisis mayor en el sistema”, indicó el doctor Carlos Jiménez, presidente de Gastrocoop. INS
ndc