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San Juan, 19 sep (INS).- La senadora Rossana López León aseguró hoy que el cambio de postura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre el tema del monopolio en el puerto de San Juan “es positivo en el sentido de que la administración Rosselló promovió la fusión entre Tote Maritime y Luis Ayala Colón (Puerto Rico Terminals) al no oponerse a la misma. Ahora hay que continuar con esta lucha”
“Un monopolio en el puerto de San Juan en nada ayuda al ambiente de negocios y ahora la División Antimonopolística del Departamento de Justicia tiene que apretar el paso y ejercer su misión”, afirmó López León, quien recordó que la designada secretaria de Justicia confirmó que esa división lleva ya cinco meses en la investigación.
La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) y candidata a alcaldesa en las próximas elecciones, denunció la injusticia de que Puerto Rico Terminals se quede con el 80% del puerto de San Juan, lo que representa un monopolio. En esta lucha contra el monopolio también han estado entidades empresariales como la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Alimentos (MIDA), y el Centro Unido de Detallistas (CUD).
Anoche, la gobernadora anunció que enviará una carta a la Federal Maritime Commission (FMC) para aclarar su postura sobre el acuerdo de fusión de las empresas navieras.
Vázquez Garced dijo que se debe “atender con responsabilidad la preocupación del acuerdo” entre Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, una afiliada de Tote Maritime, para crear una compañía de responsabilidad limitada denominada Puerto Nuevo Terminals, denunciada como la formación de un monopolio que eventualmente pondrá en peligro los abastos del país”.
Vázquez Garced aseguró que quiere asegurarse de que en la transacción no se reduzca la competencia ni los servicios de transportación, y que no ocasione un incremento en los costos de transporte, tal como han expuesto instituciones como el CUD.
A esos efectos, la mandataria afirmó que espera por una opinión que solicitó a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia para determinar sobre la jurisdicción del gobierno puertorriqueño y si esa unión representa consecuencias de un monopolio.
De resultar en consecuencias perjudiciales, aseguró, tomará “las determinaciones que correspondan en el mejor interés de Puerto Rico”.
Ante ese anuncio, López León le recordó a la gobernadora que las empresas en cuestión han sido convictas a nivel federal por el delito de “price fixing”.
“Falta ver qué hará la gobernadora con Antony Maceira, director de la Autoridad de los Puertos, ya que en marzo pasado su subdirector, Julián Bayne Hernández, admitió en una vista pública que ellos tenían conocimiento de esta grave amenaza a la economía de Puerto Rico y no fueron a la Comisión Marítima Federal a impugnar esta conspiración contra el bolsillo de los puertorriqueños”, finalizó López León. INS
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