Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 19 de septiembre de 2019
P. Rico-Reconsidera la gobernadora Vázquez Garced postura sobre acuerdo firmado por empresas navieras que operan en muelles de San Juan
San Juan, 19 sep (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced reconsideró su postura de manos afueras, pese a las preocupaciones sobre un acuerdo con tintes monopolísticos de las dos empresas navieras que operan en los muelles de San Juan, por lo que presentará una comunicación a la Federal Maritime Commission (FMC).
La mandataria se propone de este modo “atender con responsabilidad la preocupación del acuerdo” entre Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, una afiliada de Tote Maritime, para crear una compañía de responsabilidad limitada denominada Puerto Nuevo Terminals, denunciada como la formación de un monopolio que eventualmente pondrá en peligro los abastos del país.
Vázquez Garced aseguró que quiere asegurarse que en la transacción no se reduzca la competencia ni los servicios de transportación, y que no ocasione un incremento en los costos de transporte, tal como han expuestos instituciones como el Centro Unido de Detallistas (CUD).
A esos efectos, la mandataria afirmó que espera por una opinión que solicitó a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia para determinar sobre la jurisdicción del gobierno puertorriqueño y si esa unión representa consecuencias de un monopolio.
De resultar en consecuencias perjudiciales, aseguró, tomará las determinaciones que correspondan en el mejor interés de Puerto Rico.
La gobernadora aclaró que, aunque ya había solicitado la investigación al Departamento de Justicia, evalúa también los pormenores del acuerdo que, según opositores, podría afectar el comportamiento comercial y la competencia, lo que podría tener un efecto detrimental para los consumidores.
“Según he sido informada, bajo la política pública del gobernador anterior (del derrocado Ricardo Rosselló Nevares), no se presentó objeción ante la FMC sobre la referida fusión”, dijo la gobernante, que mantiene al frente de la Autoridad de los Puertos a Anthony Maceira Zayas, quien ha defendido el acuerdo entre las dos empresas navieras.
Vázquez Garced aseguró que “es nuestro deber establecer que la postura es contraria a la ya esbozada y que ciertamente, atenderé con premura las preocupaciones y reclamos sobre la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico, así como la de los alcances del acuerdo y sus implicaciones sobre los consumidores y el comercio en Puerto Rico”. INS
P. Rico-Dentistas vuelven a protestar para urgir a la Legislatura a proteger a los pacientes y detener la fuga de profesionales
San Juan, 19 sep (INS).- Más de 200 dentistas dejaron sus consultorios ayer para protestar frente al Capitolio en reclamo de la intervención urgente de la Legislatura para detener las prácticas de las aseguradoras que impiden brindar servicios adecuados al no honrar las tarifas establecidas por primera vez por el gobierno de Puerto Rico para el plan Vital.
“Las aseguradoras continúan cerrando las redes de servicios para impedir que nuevos dentistas puedan ejercer y cancelando contratos a proveedores de manera arbitraria”, aseguró el doctor Pedro Rodríguez, portavoz del Movimiento 25 Años con las Mismas Tarifas.
El dentista aseguró que “tenemos cientos de negocios y chiveros por la libre ejerciendo prácticas dentales de manera ilegal y el compromiso del gobierno para establecer nuevas tarifas no se ha cumplido al día de hoy”.
Rodríguez expuso que ante este panorama, los dentistas continúan cerrando oficinas para abandonar la isla, lo que también perjudica a los pacientes.
La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCDPR), Lourdes Castellví, solicitó con carácter de urgencia a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Salud de Cámara y Senado que aprueben los proyectos PS 841, PC 1546 y PS 841.
El PS 841 obliga a las aseguradoras a honrar tarifa de CMS en servicios de salud bajo Medicare Advantage, mientras que el PC 1546 prohíbe la cancelación, sin justa causa, de contratos de proveedores y la denegación y cierre arbitrario de redes de aseguradoras a los proveedores de servicios de salud, detalló.
Castellví sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos detener la fuga de profesionales dentales y hacerles justicia a los pacientes.
La doctora Ruth Carro, también portavoz del Movimiento 25 Años con las Mismas Tarifas, señaló que está en manos de los legisladores exigirle al Comisionado de Seguros tomar medidas específicas para adoptar o enmendar la reglamentación para hacer valer las leyes 138 y 90 recientemente aprobadas.
Estas leyes establecen nuevas reglas para la contratación y compensación de servicios de salud, incluyendo los servicios dentales, mediante enmiendas al Código de Seguros.
Indicó que las comisiones de ambos cuerpos deben indagar sobre cuál ha sido la respuesta de las aseguradoras en cumplimiento de estas leyes, tal como establecen resoluciones de investigaciones que ambos cuerpos aprobaron y que se encuentran sin implantar.
“Desde principios del año, ASES y La Fortaleza se comprometieron públicamente a implantar las nuevas tarifas dentales aprobadas para el Plan Vital. El presupuesto para la implantación de estas tarifas fue aprobado hasta por la Junta de supervisión Fiscal. Sin embargo, CMS las tiene detenidas, mientras ASES y La Fortaleza continúan mudos”, dijo David Kerr, presidente electo del Colegio de Cirujanos Dentistas.
Kerr reveló que solicitaron a las comisiones de Salud que requieran la puesta en vigor de las nuevas tarifas e intervengan con ASES, el equipo fiscal de la Gobernadora y CMS para requerir su inmediata implantación.
“Llevamos 26 años sin que se revisen y el efecto es que los dentistas estamos subsidiando el plan de salud del gobierno”, ratificó.
El presidente electo del Colegio de Cirujanos Dentistas anotó que las comisiones de Salud deben exigir también al Comisionado de Seguros informar qué medidas específicas están tomando para revisar las tarifas en los planes de salud comerciales privados, a tono con el objetivo del proyecto de la cámara 1893”.
“De igual forma, solicitamos a las comisiones de Salud de la Cámara y Senado, acciones y medidas adicionales para combatir la proliferación práctica ilegal de la medicina dental, reforzando y mejorando la legislación para prohibir y fiscalizar las mismas”, puntualizó Norma Martínez, miembro de la junta del Colegio de Cirujanos Dentistas.
Concluyó que la aprobación del PC 1954 es necesaria para asegurar que las oficinas dentales estén en manos de dentistas certificados y asegurar así la protección del paciente.
“Además, deben exigir al Departamento de Justicia, información de procesos judiciales”, sostuvo Martínez. INS
P. Rico-Delgado Altieri cataloga de “mogollero inservible” al DSP y anticipa que, de asumir en la gobernación, eliminará esa agencia “inmediatamente”
San Juan, 19 sep (INS).- El aspirante a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, manifestó que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) es un “mogollero inservible” y aseguró que, de ser electo gobernador, someterá medidas para que se elimine “inmediatamente”.
“Es más que evidente que el DSP no está funcionando y lo que ha hecho es empeorar la situación en los siete negociados que pertenecen a esa sombrilla. Que sepa el país que, cuando me convierta en gobernador, una de mis primeras acciones será eliminar ese ‘mogollero’ inservible que no ha tenido el más mínimo resultado”, sentenció Delgado Altieri.
El político emplazó al liderazgo del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la legislatura a aprobar el proyecto de la Cámara 1466, de la autoría del representante Ramón Luis Cruz Burgos, para que se restituyan las agencias de seguridad que ahora se encuentran bajo la sombrilla.
“El único resultado que ha tenido la creación de esta sombrilla burocrática ha sido más contratos, más empleados de confianza, y más acomodos políticos. Es decir, el DSP es un despilfarro de fondos públicos, ya que ese dinero muy bien podría estarse utilizando para tener más policías en lo cuarteles de los municipios que, en muchas ocasiones, no cuentan con el personal suficiente”, sostuvo Delgado Altieri.
Agregó que “si la gobernadora Wanda Vázquez y legislatura del PNP no tienen la voluntad para eliminar este ‘mogollero’ que ha fracasado, que tenga el país la certeza de que esa será una de las primeras gestiones de mi administración. No cabe la menor duda de que el DSP no es un ejemplo de sana administración”, indicó Delgado Altieri.INS
P. Rico-CPTS hace llamado a la ciudadanía a evitar la falsa representación de supuesta trabajadora social
San Juan, 18 sep (INS).- La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS), Mabel López Ortiz, hizo hoy un llamado a la ciudadanía a evitar el fraude de personas que se hacen pasar por trabajadores sociales, solicitándoles las credenciales y comunicándose con el Colegio de Profesionales para verificar la información.
“Ayer un rotativo del país reseñó la noticia de usurpación profesional de una persona quien asumió la falsa representación de una trabajadora social. El CPTSPR alerta a la ciudadanía para evitar este tipo de situación o fraude, ya que todo profesional del trabajo social en Puerto Rico debe estar colegiado y tiene credenciales que así lo describen. Usted como ciudadanía que recibe servicios de nuestros profesionales puede solicitar la evidencia que lo valida al CPTSPR. Nuestra organización tiene un listado de profesionales accesible para corroborar estas credenciales”, sostuvo López Ortiz.
Al registro de profesionales se puede acceder en la página electrónica wwwcptspr.org o llamando al 787 768-5700.
Según la portavoz, “la situación evidencia la importancia de la colegiación gremial que regula las mejores prácticas en el contexto de la ética profesional que guía al trabajo social. Reiteramos que esta persona no es trabajadora social y no representa al grupo de alrededor de 7,000 profesionales del trabajo social, que día a día laboran en distintos escenarios del país”.INS
P. Rico-Carolina Catering solicita investigación al FBI y Justicia ante posible acecho de detectives privados a funcionarios de Corrección que intervinieron en subasta
San Juan, 19 sep (INS).- Carolina Catering solicitó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia que investiguen “a fondo” la información que apunta a la posibilidad de que funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que participaron en la adjudicación de la subasta del contrato para suplir alimentos a los confinados hayan sido acechados por detectives privados que intentaron influenciar su decisión en el proceso.
Según la empresa, información recibida por la Oficina del Procurador General señala que al menos un funcionario del DCR puede haber presentado una querella ante el acecho por detectives privados supuestamente contratados por la compañía que perdió la subasta de los alimentos en las cárceles de Puerto Rico: Trinity Services.
“De corroborarse dicha información, tales actos podrían constituir delitos y podrían inhabilitar a Trinity para contratar con el gobierno. Carolina Catering radicó la solicitud simultáneamente ante ambas ramas gubernamentales de investigación. A su vez, dio conocimiento a secretaria de la Gobernación en La Fortaleza, Zoe Laboy Alvarado”, indicó la empresa en declaraciones escritas.
Agrega que “al recurrir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a través de su agente especial a cargo, Douglas A. Leff, Carolina Catering solicitó que si fuera cierto que el Negociado investiga la adjudicación del contrato, que se amplíe la pesquisa para incluir la posibilidad de que Trinity haya intentado influir indebidamente en dicho proceso”.
De lo contrario, Carolina Catering solicita “que se abra una investigación al respecto o que el FBI desmienta que investiga el asunto”.
Carolina Catering informó que está disponible para cooperar con las investigaciones debido a que tiene certeza de que la adjudicación del contrato a su favor fue correcta.INS
P. Rico-Senadora López León reclama acción inmediata a la gobernadora ante escandaloso uso de fondos del plan Vital pese a reducción del 30 por ciento de los pacientes
San Juan, 19 sep (INS).- La senadora Rossana López León reclamó la inmediata intervención de la gobernadora Wanda Vázquez Garced debido a un “escandaloso mal uso de fondos públicos” en el Departamento de Salud destinados al plan Vital, a pesar de un descenso en el número de pacientes.
López León presentó un estudio que evidencia un mal uso de fondos públicos en el Departamento de Salud, donde el plan médico del gobierno continúa gastando a un ritmo vertiginoso, aún cuando tiene 30 por ciento menos de pacientes bajo su atención.
“Se le llame la Reforma, Tu Salud o Vital, el patrón es el mismo, administración fallida y crasa ineficiencia”, señaló la aspirante a la candidatura de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), quien fuera procuradora de las Personas en Edad Avanzada.
La senadora planteó que si en los pasados cuatro años hay 30 por ciento menos de paciente, cómo es posible que se siga invirtiendo la misma cantidad de fondos públicos.
En tal sentido destacó que para el año 2015 había 1,671,657 pacientes y en la actualidad hay 1,167,390, lo que la llevó a cuestionar a dónde va a diferencia en dinero, situación que también sucede con la administración de los medicamentos.
“Tiene que haber transparencia con los descuentos que las farmacéuticas conceden a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) por la cantidad que se compra, de nuevo a dónde van a parar esos beneficios”, insistió la senadora en conferencia de prensa en su oficina.
López León reveló además que la ASES exigió contratar una red de proveedores para proveer acceso en todas las regiones, pero el tamaño de las redes varía significativamente entre una aseguradora y otra.
El acceso por tipo de servicio, apuntó, sugiere dificultades por limitación a los pacientes que no tienen los médicos, ni los servicios que necesitan; también existen proveedores repetidos en la red de cada aseguradora.
“Con relación al suplido de medicamentos, según la información suministrada por la misma ASES, las personas bajo el plan Vital no están recibiendo lo que realmente necesitan. ¿Por qué? Se sabe que la prioridad de ASES es obtener reembolsos de los suplidores no la salud de los pacientes”, aseguró López León.
Destacó que el 31 de enero pasado culminó a media noche el periodo de transición al nuevo modelo que dejó atrás las ocho regiones en las que estaba dividido el servicio a través de la isla, mientras se adentra en un futuro económico incierto.
Los 4 mil 800 millones que se asignaron a la isla a principios de 2018, podrían agotarse tan pronto como en septiembre de 2019 o durante los primeros meses del año fiscal federal 2020, sin ninguna garantía –al momento– de que Puerto Rico recibirá otra asignación a estos fines.
Refirió que desde su establecimiento en 1994, el sistema de salud ha sufrido muchos cambios, siendo su principal error fue pasar de un sistema sin fines de lucro hacia las empresas que se lucran de la salud pública.
“Atado a la incapacidad de financiar con fondos propios, y la costumbre de acudir al Congreso en busca de más dinero, el gobierno puertorriqueño tiene que esforzarse por fiscalizar a las compañías aseguradoras con la severidad necesaria”, añadió la senadora.
En términos de soluciones, López León consideró que “lo ideal es que el sistema de salud de Puerto Rico evolucione hacia un sistema de pagador único, que reduzca los costos administrativos y las ganancias que las compañías aseguradoras agregan a la prestación de servicios de salud”.
Aclaró que esta es una recomendación sobre la que se han expresado a favor conocedores del sistema, como el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, y el exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, entre otros salubristas. INS
P. Rico-Alcaldes Asociados envían a la Junta de Supervisión Fiscal informe sobre las trabas burocráticas encontradas durante la reconstrucción
San Juan, 19 sep (INS).- La Asociación de Alcaldes envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los datos que recopiló a dos años del paso del huracán María sobre las dificultades encontradas por los municipios en las labores de reconstrucción debido a la ineficiencia y burocracia del gobierno central, según informó el presidente del grupo, José Román Abreu.
“Un funcionario enlace de la Junta se comunicó con nosotros para conocer mejor nuestros planteamientos y evaluar cómo se podría atender el asunto. Los funcionarios más cercanos del Congreso y Casa Blanca son la comisionada residente, Jenniffer González, y la Junta, que están llamados a atender la necesidad que viven los puertorriqueños”, agregó Román.
El también alcalde de San Lorenzo añadió que una de las funciones de la Junta es analizar, evaluar y resolver, “y la información que estamos dando apunta en ese sentido. El pasado lunes, un grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual en esos pueblos”.
Los alcaldes de Villalba, Guayanilla, Salinas y Yabucoa presentaron el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, cifra que va por los 43 millones 945,141.85 dólares en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia.
En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques e instalaciones recreativas. “De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1% para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, explicó Román Abreu.
Los alcaldes asociados insistieron en que a dos años del paso del huracán María, Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no ha podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, instalaciones públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
A eso se añade la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central, particularmente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso. INS
ndc