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Los médicos dentistas consideran que hay una laxitud del gobierno en atender la situación a pesar de haberse establecido nuevas tarifas. Inter News Service
San Juan, 18 sep (INS).- Más de 200 dentistas dejaron sus consultorios hoy para protestar frente al Capitolio en reclamo de la intervención urgente de la Legislatura para detener las prácticas de las aseguradoras que impiden brindar servicios adecuados al no honrar las tarifas establecidas por primera vez por el gobierno de Puerto Rico para el plan Vital.
“Las aseguradoras continúan cerrando las redes de servicios para impedir que nuevos dentistas puedan ejercer y cancelando contratos a proveedores de manera arbitraria”, aseguró el doctor Pedro Rodríguez, portavoz del Movimiento 25 Años con las Mismas Tarifas.
El dentista aseguró que “tenemos cientos de negocios y chiveros por la libre ejerciendo prácticas dentales de manera ilegal y el compromiso del gobierno para establecer nuevas tarifas no se ha cumplido al día de hoy”.
Rodríguez expuso que ante este panorama, los dentistas continúan cerrando oficinas para abandonar la isla, lo que también perjudica a los pacientes.
La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCDPR), Lourdes Castellví, solicitó con carácter de urgencia a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Salud de Cámara y Senado que aprueben los proyectos PS 841, PC 1546 y PS 841.
El PS 841 obliga a las aseguradoras a honrar tarifa de CMS en servicios de salud bajo Medicare Advantage, mientras que el PC 1546 prohíbe la cancelación, sin justa causa, de contratos de proveedores y la denegación y cierre arbitrario de redes de aseguradoras a los proveedores de servicios de salud, detalló.
Castellví sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos detener la fuga de profesionales dentales y hacerles justicia a los pacientes.
La doctora Ruth Carro, también portavoz del Movimiento 25 Años con las Mismas Tarifas, señaló que está en manos de los legisladores exigirle al Comisionado de Seguros tomar medidas específicas para adoptar o enmendar la reglamentación para hacer valer las leyes 138 y 90 recientemente aprobadas.
Estas leyes establecen nuevas reglas para la contratación y compensación de servicios de salud, incluyendo los servicios dentales, mediante enmiendas al Código de Seguros.
Indicó que las comisiones de ambos cuerpos deben indagar sobre cuál ha sido la respuesta de las aseguradoras en cumplimiento de estas leyes, tal como establecen resoluciones de investigaciones que ambos cuerpos aprobaron y que se encuentran sin implantar.
“Desde principios del año, ASES y La Fortaleza se comprometieron públicamente a implantar las nuevas tarifas dentales aprobadas para el Plan Vital. El presupuesto para la implantación de estas tarifas fue aprobado hasta por la Junta de supervisión Fiscal. Sin embargo, CMS las tiene detenidas, mientras ASES y La Fortaleza continúan mudos”, dijo David Kerr, presidente electo del Colegio de Cirujanos Dentistas.
Kerr reveló que solicitaron a las comisiones de Salud que requieran la puesta en vigor de las nuevas tarifas e intervengan con ASES, el equipo fiscal de la Gobernadora y CMS para requerir su inmediata implantación.
“Llevamos 26 años sin que se revisen y el efecto es que los dentistas estamos subsidiando el plan de salud del gobierno”, ratificó.
El presidente electo del Colegio de Cirujanos Dentistas anotó que las comisiones de Salud deben exigir también al Comisionado de Seguros informar qué medidas específicas están tomando para revisar las tarifas en los planes de salud comerciales privados, a tono con el objetivo del proyecto de la cámara 1893”.
“De igual forma, solicitamos a las comisiones de Salud de la Cámara y Senado, acciones y medidas adicionales para combatir la proliferación práctica ilegal de la medicina dental, reforzando y mejorando la legislación para prohibir y fiscalizar las mismas”, puntualizó Norma Martínez, miembro de la junta del Colegio de Cirujanos Dentistas.
Concluyó que la aprobación del PC 1954 es necesaria para asegurar que las oficinas dentales estén en manos de dentistas certificados y asegurar así la protección del paciente.
“Además, deben exigir al Departamento de Justicia, información de procesos judiciales”, sostuvo Martínez. INS
ndc
