Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 17 de septiembre de 2019
P. Rico-Alcaldes asociados apuntan ineficiencia del gobierno central a dos años del paso del huracán María
San Juan, 17 sep (INS).- La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó una radiografía, a dos años de la devastación del huracán María, sobre las dificultades en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, actuando como exdirectora de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), presentó datos reveladores sobre la realidad que actualmente viven los municipios.
Acompañada de los alcaldes de Villalba, Luis Javier Hernández; de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, y Yabucoa, Rafael Surillo, señaló además al gobierno central como causante de la desconfianza en las operaciones locales.
“Al día de hoy, a dos años del paso del huracán María, tenemos un Puerto Rico más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no hemos podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para ganantizar la seguridad de nuestros constituyentes”, expresó la alcaldesa de Salinas en rueda de prensa celebrada en la sede del grupo que acoge a 45 de los 78 alcaldes del país.
Surillo expresó que a esto “tenemos que añadirle la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central”.
El alcalde de Yabucoa se refirió a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso.
“Los procesos tienen que repetirse una y otra vez”, recalcó.
El grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual.
En el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, la cifra va por los 43,945,141.85 dólares en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia.
En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas.
“De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1% de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1% del total”, dramatizó el alcalde de Yabucoa.
Torres Yordán, por su parte, hizo un recuento de los resultados de las reuniones que una delegación de alcaldes realizó la semana pasada en la capital federal, en conjunto con legisladores locales.
“En todas las reuniones que tuvimos, desde el senador republicano Roger Wicker, hasta demócratas como Nydia Velázquez, la dinámica es la misma: en Washington todo el mundo sabe que la burocracia y la desorganización del aparato estatal es la causa del atraso”. Torres Yordán, quien tuvo tres intensos días de reuniones junto a la alcaldesa Julia Nazario, de Loíza, se reunió además con para tratar el tema de los graves atrasos en la asignación de fondos Community Development Block Grant (CDBG).
El grupo fue recibido por David C. Woll, Jr., subsecretario de la agencia y su equipo de trabajo en la sede de Vivienda Federal, gracias a una iniciativa del senador Eduardo Bhatia Gautier, quien les acompañó en el viaje.
La delegación además contactó a los congresistas demócratas Raúl Grijalva, José Serrano y Richard Blumenthal, así como la comisionada residente Jenniffer González, afiliada al Partido Republicano.
De igual manera, se reunieron con personal de las oficinas de la portavioz demócrata en la Cámara Federal Nancy Pelosi y del senador demócrata por New Jersey Robert ‘Bob’ Menéndez. Los alcaldes también fueron recibidos por la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados, y Municipales, AFSCME, afiliada a la AFL-CIO, el sindicato más grande de trabajadores del servicio público y de la salud de los Estados Unidos, junto al portavoz de la minoría en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.
Como parte de la presentación realizada por los alcaldes, se hicieron públicos testimoniales de varios ciudadanos de todas partes de la Isla en donde relatan cómo están a dos años del paso del huracán María y como los municipios han aportado en su recuperación.
Entre los testimoniales se destacaron los de Oscar Carrión González, de Juncos, quien relató que perdió el techo de su casa luego del paso del huracán María y pudo lograr reconstruir su casa gracias a la ayuda municipal.
De igual manera, el agricultor José R. Medina Fuentes, del Barrio Palos Blancos de Corozal, quien recibió ayuda en su finca.
La ciudadana Awilda Cruz Vázquez perdió su casa en San Lorenzo y aseguró que la atención y el consuelo que recibió del equipo municipal le ayudó en su recuperación.
En Cayey, el matrimonio Santos Vázquez y Carmen Aponte perdió su casa luego del paso del huracán María y vivieron con familiares y vecinos.
Aunque la pareja recibió ayuda parcial de FEMA, gracias a los materiales aportados por el Municipio, pudieron reconstruir su casa, que previamente era de maderas, ahora es en cemento.
“Estos ejemplos demuestran, por voz de la gente de carne y hueso, la efectividad que tienen los municipios en ayudar a resolver las situaciones más apremiantes causadas por el paso del huracán María. Mucho más podremos hacer su los fondos de recuperación finalmente llegan a manos de quieres más necesitan”, añadió el presidente del grupo y alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu. INS
P. Rico-CPI somete demanda para que la CFSE entregue minutas de su junta de directores
San Juan, 17 sep (INS).- El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sometió ante el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, una petición de mandamus para exigir a la junta de gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la entrega de las minutas de las reuniones sostenidas por este cuerpo durante el periodo de 2009 a 2012.
Según se desprende de la petición de mandamus, las actuaciones y omisiones de la CFSE, al negarse a la solicitud del CPI, laceran el derecho al acceso a la información pública.
Indica el CPI que luego de múltiples intentos iniciados en noviembre de 2018 para conseguir los documentos, se decidió por presentar el recurso legal para obtener los documentos.
Según se indica en la petición, los funcionarios de la CFSE recibieron reiteradas solicitudes de acceso a las minutas, nunca las proveyeron y nunca expresaron las razones para tal negativa.
“Javier Rivera Ríos, presidente de la junta de gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene el deber ministerial de entregar toda la información solicitada”, indica la petición de mandamus presentada por el CPI.
Rivera Ríos es también comisionado de Seguros de Puerto Rico.
La petición de mandamus fue sometida por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt, integrantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
En el proceso contaron con la asistencia de los estudiantes de derecho Jan Sebastián Rodríguez López y Laura González Torres.
“Los documentos, materiales e informaciones solicitados por el Centro de Periodismo Investigativo son originados, considerados o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener copia si así lo solicitara”, indicó Carla Minet Santos Santiago directora ejecutiva del CPI .
En sus 11 años de trayectoria, el CPI ha demandado al gobierno en numerosas ocasiones, logrando acceso a la información solicitada en casi la totalidad.
También ha demandado al gobierno federal, en un pleito que todavía está en proceso pero ya ha producido información sobre las ejecutorias de FEMA en Puerto Rico luego del huracán María. Además, demandó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para obtener acceso a informes y comunicaciones entre esa entidad y el gobierno de Puerto Rico así como el federal, logrando acceso a más de 15,000 correos electrónicos.INS
P. Rico-Rivera Schatz solicita a Grijalva derogar Ley Promesa
San Juan, 17 sep (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU, Raúl Grijalva, la derogación de la Ley Promesa.
Así se lo dejó saber en una reunión que sostuvieron esta mañana en su oficina legislativa, en la que también estuvieron presentes los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier y José Luis Dalmau Santiago.
“En este Senado estamos utilizando y agotando todos los recursos para eliminar de una vez y por todos los efectos devastadores de la Ley PROMESA para la Isla con una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que no ha logrado nada y ha sido un obstáculo mayor para la recuperación de Puerto Rico. Una Junta de pamplinas y que a la hora de la verdad sólo vela por sus propios beneficios por lo que ya es tiempo de que el Congreso actúe y derogue esta ley arbitraria”, opinó Rivera Schatz para quien la reunión fue “cordial” y “amigable”.
Grijalva explicó que entre sus propuestas para enmendar la Ley Promesa están auditar la deuda, mayor transparencia y que los fondos operacionales de la JSF provengan del gobierno federal. Asimismo, indicó que las audiencias públicas para enmendar la Ley Promesa serán el próximo 22 de octubre.INS
P. Rico-Expresidente de la CEE Ramos Sáenz sentenciado a seis años bajo libertad condicional, pena que cumplirá en Texas, donde reside actualmente
San Juan, 17 sep (INS).- La jueza Heidi Kiess Rivera, del Tribunal de Aguadilla, sentenció a seis años bajo libertad condicional al exjuez Rafael Ramos Sáenz, quien presidió la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Ramos Sáenz cumplirá la pena en Texas, donde reside.
El exjuez deberá, además, estar en su vivienda a las 8:00 de la noche durante los días de semana y a las 5:00 tarde durante los fines de semana.
Cuando era presidente de la CEE, fue procesado por el caso de los chats del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Una investigación de Justicia evaluó 1,700 páginas del chat “Coffeebreak”, con 57 participantes, y 1,500 páginas del chat “Estructura gerencial”, con 51 integrantes
Además, se analizaron 34.7700 participaciones, tres mil documentos, 72 apéndices y 111 anejos.
Sobre el exjuez, participó en 1,898 ocasiones y “compartió información privilegiada, participó en actividades político partidistas, se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento y se apartó de la norma jurídica”, dijo entonces la secretaria y ahora gobernadora Wanda Vázquez Garced.
A principios de 2018, los involucrados en los chats del PNP supuestamente discutieron determinaciones judiciales que debía tomar Ramos Sáenz como presidente de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en Moca sobre el voto de los encamados.
Tras darse a conocer el caso, Ramos Sáenz renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a su cargo de juez, quien violó los cánones de ética judicial.
Ramos Sáenz habría intervenido de forma activa en la campaña electoral del PNP y consultado determinaciones como juez.INS
P. Rico-Representante Ramón Luis Cruz reitera pedido de eliminación del Departamento Seguridad Pública por considerarlo “un embeleco burocrático”
San Juan, 17 sep (INS).- El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ramón Luis Cruz Burgos, reiteró su solicitud de que se apruebe una medida para eliminar el Departamento de Seguridad Pública (DSP), luego de que el secretario de esa agencia, Elmer Román, reconociera las fallas y los retos que enfrentan los siete negociados bajo su dirección.
“Hace un año solicité la eliminación del DSP porque es un embeleco burocrático que carece de resultados. Ninguna de las agencias que fueron adscritas a él puede comparecer ante el país con un resultado positivo y que inspire confianza. La creación de este Departamento ha sido un despilfarro de fondos públicos”, sostuvo Cruz Burgos.
Agregó que “Elmer Román reconoció públicamente de que el DSP no cuenta con los recursos necesarios para operar y ser efectivo, y el proyecto de la Cámara 1466 propone su derogación y la restitución de las agencias de seguridad, que ahora se encuentran bajo la administración del DSP”.
“El DSP, lejos de consolidar las agencias de seguridad pública en una, creó otra por encima de las anteriores, dejando inalteradas las que existían. Aumentó el costo del gobierno en empleados de confianza, contratos, alquiler de oficinas, gastos de energía eléctrica y servicios públicos, a la vez que su creación se alejó del propósito del plan fiscal de tener menos agencias”, denunció el político.
Añadió que “cada agencia que es parte del DSP tiene una división de contratos, recursos humanos, contabilidad, finanzas, compras, subastas, división legal, multiplicando por seis las oficinas burocráticas”.
Aparte, el representante dijo que mientras el gobierno invierte millones de dólares en una agencia que no da resultados, los cuarteles de la Policía en los municipios están cada día más vacíos.
“La seguridad de los ciudadanos ha quedado en gran medida en manos de las policías municipales. Esta realidad pone de manifiesto el grave error de la administración Rosselló al crear el DSP y al quitarles recursos a los municipios de la isla. El DSP se ha tragado el dinero que debió utilizarse para nuevos policías, equipos, fondos para patólogos e investigadores”, concluyó el legislador. INS
EEUU-González Colón anuncia 24 millones para Ciencias Forenses, víctimas del crimen y atender la violencia doméstica
Washington, 16 sep (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón anunció varias partidas de fondos federales que suman 24,479,395 dólares, provenientes del Departamento de Justicia federal (DOJ, siglas en inglés).
El Departamento de Justicia de Puerto Rico recibirá dos partidas mediante la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA). Al Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen se asignarán 22,669,661 y el Programa de Compensación a Víctimas, Justicia recibirá 114,000.
Mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes, González Colón impulsó el proyecto de la Cámara 2396, de su autoría, que más tarde fue incorporado en la reorganización del Departamento de Justicia, con la creación de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.
La disposición permitió, además, aumentar las cuantías y los renglones de las compensaciones que pueden recibir aquellos ciudadanos que atraviesan una circunstancia tan difícil como ser víctima o testigo de un delito, siendo este uno de los grandes logros durante su presidencia.
Por otro lado, el Instituto de Ciencias Forenses recibirá dos asignaciones de fondos federales que suman 903,517 dólares.
Bajo el programa Paul Coverdell Forensic Science Improvement Grants Program, el Instituto recibió 272,275 dólares en fondos federales para mejorar la puntualidad de los informes forenses relacionados a los casos de opioides en las secciones de toxicología y sustancias controladas, así como para mejorar la puntualidad de los informes forenses en las secciones de armas de fuego y la calidad de los informes forenses de todas las divisiones.
A su vez, los fondos pretenden facilitar la expansión de la acreditación a través de la capacitación de la Sección de la Escena del Crimen, un servicio que actualmente está fuera del alcance de la acreditación y para mejorar la gestión financiera y de los fondos de Coverdell.
Además, el Instituto de Ciencias Forenses recibió 631,242 como parte del DNA Capacity Enhancement and Backlog Reduction (CEBR) Program, para mejorar las capacidades y servicios del laboratorio para investigaciones de ADN y de esta forma poder adelantar los casos atrasados
La Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Mayagüez, recibirá 550,000 dólares de la Oficina de Violencia Contra la Mujer del DOJ bajo el programa para reducir la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acoso en el campus. El programa ofrece una oportunidad única para que las instituciones educativas superior establezcan enfoques multidisciplinarios incluyendo actividades para combatir la agresión sexual, la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo y el acoso en los campus.
Asimismo, dentro de los fondos asignados por la Oficina Violencia Contra la Mujer del DOJ, Coordinadora Paz Para la Mujer recibirá 242,217 dólares bajo el State and Territorial Sexual Assault and Domestic Violence Coalitions Program, para mejorar la respuesta y los programas de apoyo por parte de coaliciones para las víctimas de violencia doméstica.INS
ndc