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San Juan, 15 sep (INS).- La representante María Milagros Charbonier, del Partido Nuevo Progresista (PNP) consideró hoy que la Junta de Control Fiscal es la culpable de la crisis que se vivirá en las instituciones carcelarias de Puerto Rico ante la reducción de más personal por el recorte millonario realizado por el ente federal al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
La política indicó que la Comisión de lo Jurídico que preside en la Cámara ha realizado vistas oculares en varias instituciones carcelarias y ha sido testigo de las precarias condiciones de trabajo en que laboran los oficiales correccionales y viven los reos.
“La falta de recursos para adiestramiento y contratación de personal en todas las áreas han sido varios de los hallazgos en la investigación que ha realizado nuestra Comisión. Desde empleados de mantenimiento hasta sicólogos y siquiatras para atender a la comunidad correccional. Adicional, los oficiales correccionales necesitan mejor paga y mejores condiciones de trabajo”, aseveró.
Añadió que “la labor que estas personas realizan conlleva un alto nivel de peligrosidad y riesgo para sus vidas. Donde se necesitan dos oficiales correccionales, hay uno; y donde se necesitan cuatro, hay dos. También fuimos testigos de cómo los sistemas de cámaras de seguridad no son los adecuados y no operan en toda su capacidad en ninguna de las cárceles que hemos visitado”.
Charbonier hizo un llamado a la Junta de Control Fiscal para que devuelva más dinero al Departamento de Corrección y Rehabilitación de los 14 millones de dólares que le recortó para mejorar los sistemas de seguridad y condiciones de trabajo en las cárceles.
“El ente federal está viendo el asunto como uno de números y no como uno de crisis de seguridad, y malas condiciones de vida y trabajo. Esto es un asunto humano, de derechos civiles y no lo están mirando así”, argumentó la legisladora.
Apuntó como ejemplo que en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, hay una población de más de dos mil presos “con un siquiatra por tele-consulta, dos sicólogos y como tres trabajadores sociales. Cada uno tiene aproximadamente la atención de 700 presos. Imagínense la carga que tienen esos seis trabajadores”.
Adicionalmente, “la tardanza para aprobar cualquier asunto de presupuesto que requiere respuesta urgente por asuntos de seguridad es el día a día en las instituciones carcelarias. Todo pasa por un largo y burocrático proceso de aprobación entre la Junta de Control Fiscal y la OGP. Mi llamado a los miembros de la Junta y a la señora Jaresko, es que pongan el oído en tierra, y que hagan lo imposible para evitar que la bomba de tiempo que se siente y se percibe en las cárceles valla a terminar en una tragedia”. INS
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