Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 9 de septiembre de 2019
P. Rico-Gobernadora viaja a Washington para intentar “restablecer la credibilidad y la transparencia”
San Juan, 9 sep (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced viajó ayer a Washington con la finalidad de “restablecer la credibilidad, abrir nuevas vías de comunicación y garantizar la transparencia de su gobierno en el uso de fondos asignados a Puerto Rico, así como adelantar las gestiones para acelerar el desembolso de fondos de recuperación y para salud”.
“Esta semana me reuniré con congresistas y distintos funcionarios de las agencias federales con el propósito de restablecer la credibilidad y la transparencia de nuestras gestiones en la capital federal. Además, el propósito de este viaje es lograr el desembolso de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico y para servicios de educación, de salud y otros”, apuntó la gobernadora.
La primera ejecutiva sostendrá encuentros en los que expresará “su nuevo estilo de gobernanza, enfocada en el diálogo, la comunicación y la confianza mutua, con el compromiso de que los fondos serán utilizados de manera efectiva y transparente”, señala Fortaleza.
Jefes de gabinete y líderes de la empresa privada, quienes han apoyado la visita a Washington, también estarán presentes con la finalidad de unirse a la gobernadora en algunas de las reuniones que se sostendrán con funcionarios de Casa Blanca de los departamentos del Tesoro, Educación, Salud, Vivienda y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Según dispone el artículo 2 de la Ley 7 de 1952 para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, fungirá como gobernadora interina hasta el regreso de Vázquez Garced, previsto para el 13 de septiembre. INS
P. Rico-Representantes del PPD exigen la destitución del director ejecutivo de la AEE
San Juan, 9 sep (INS).- Los representantes Javier Aponte Dalmau y Luis Raúl Torres exigieron ayer a la gobernadora Wanda Vázquez Garced la “destitución inmediata” del ingeniero José Ortiz Vázquez como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
A su vez, los políticos por del Partido Popular Democrático presentaron una resolución para investigar todos los contratos otorgados por la corporación y enviaron una carta a la Oficina del Contralor Electoral solicitando información sobre si alguno de los ejecutivos de estas compañías contratadas son donantes políticos.
“En las últimas semanas de la administración de Luis Fortuño, la AEE firmó 63 contratos para la compra de energía generada por fuentes renovables. Sólo 11 llegaron a concretarse, porque estos fueron otorgados sin un estudio de viabilidad y luego se encontraron con que los proyectos no podían conectarse a la red de la corporación”, recordó Aponte Dalmau.
Señaló que “para colmo, la mayoría de estos contratos ofrecían la energía a costos onerosos de entre 18 y 20 centavos el kilovatio por hora (kWh), que es prácticamente lo mismo que pagamos hoy. Todo esto se dio cuando Ortiz Vázquez era el encargado de desembolsar dinero federal asignado para la recuperación y revitalización de la infraestructura de la AEE, así como presidente de la junta de gobierno”,
Según el legislador, “este señor fue el promotor de una cantidad de proyectos millonarios de energía renovable que no llegaron a nada”.
“Como secuela de la nefasta gestión de Ortiz Vázquez, para ese entonces era José Pérez Canabal el vicepresidente de la junta de gobierno, el mismo que fue acusado de fraude y conflictos de interés en 2012. No obstante, Ortiz Vázquez vuelve a traerlo a la AEE como consultor estratégico a un costo de 317,800 dólares por un período de 14 meses para adelantar los intereses de compañías de energía renovable y gasificación”, abundó.
El representante trajo también a la atención un contrato otorgado por el ingeniero en julio de este año a la compañía ADP Workforce Now, a un costo de 81 mil dólares. Esta, según la corporación, se encarga del área de recursos humanos, teniendo bajo su responsabilidad las nóminas de los empleados de confianza.
“El propósito de este contrato no es más que mantener privados los salarios de estos empleados de confianza, así como la cuantía de los contratos otorgados. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Hace unos días nos enteramos también de que pagó más de 300 millones de dólares en estadías de hoteles lujosos para consultores externos, mientras que aquí no hay dinero para materiales, equipo ni contratación de empleados”, añadió.
Mientras, Luis Raúl Torres enfatizó en el efecto negativo que tendrá el Acuerdo de Reestructuración (RSA) para la calidad de vida de los ciudadanos, y que resultará mortal para el sector industrial y comercial del país.
“Los aumentos a la factura comenzarían desde un 13% este año y podrán alcanzar un 47% para el 2024. Es decir, una familia que hoy paga 180 dólares al mes terminaría pagando 274 en 2024, lo que equivale a un aumento de mil dólares anuales. Es insólito. Con este acuerdo sólo continúan condenando a la pobreza al pueblo, y a nuestro motor económico, que son las industrias y los comercios”, apuntó.
El legislador por el distrito de San Juan instó a que se detenga el RSA y se renegocie el acuerdo con los bonistas, a fin de que la AEE pueda pagar acorde a sus circunstancias y teniendo presente el impacto en la economía del país.
Se une además al reclamo de muchos sectores que exigen la destitución inmediata de Ortiz Vázquez para que la corporación pueda retomar su curso hacia una verdadera reconstrucción.
“Exigimos que sea despedido inmediatamente, porque su desempeño en la AEE ha sido nefasto, irresponsable y temerario al interés público del país, y el costo que tendrán eventualmente sus acciones será aún mayor cuando terminen en demandas contra la AEE, una corporación en quiebra. Si todo lo antes expuesto no es suficiente para su despido inmediato, no sé entonces qué lo sea”, concluyó Aponte Dalmau. INS
P. Rico-Se realiza asamblea constitutiva de Victoria Ciudadana, nueva formación que promete cambiar la forma de hacer política
Juana Díaz, 9 sep (INS).- Más de 400 personas llegaron desde tempranas horas de ayer al Centro de Bellas Artes de Juana Díaz para participar en la asamblea general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en lo que representa la constitución de la nueva formación política.
El organismo se construirá mediante redes de pueblo, con un cuerpo directivo de 21 personas, una coordinadora general compuesta por 101 personas y una base de redes de organizaciones de la comunidad civil, sindicatos, grupos ambientales, feministas y culturales y estudiantiles.
La abogada Alexandra Lúgaro, una de las líderes del movimiento, adelantó que el próximo 29 de septiembre se reunirán nuevamente para escoger el cuerpo directivo y definir los objetivos electorales.
Los candidatos a nivel nacional, como a la gobernación, comisionado residente y legisladores por acumulación los escogerán en octubre
“En esta asamblea definimos la estructura de la organización y ahora partiremos a trabajar en los objetivos electorales”, dijo Lúgaro, quien buscó sin éxito la gobernación en las elecciones de 2016 como candidata independiente, donde fue tercera con 175,831 votos (11.13% de la votación).
Al filo del mediodía, en la sala del centro cultural había unas 200 personas y los organizadores informaron que el número oficial de personas registradas fue de 399.
“Queremos una organización que deje atrás los viejos estilos de dirigir y que permita a la gente participar activamente en la toma de decisiones”, dijo la licenciada, quien además destacó que Victoria Ciudadana busca ser una opción política nueva en Puerto Rico. “Buscamos dejas atrás los viejos estilos y atraer gente nueva”, sostuvo Lúgaro.
La política advirtió que el proceso de inscripción de la nueva formación ha tenido que enfrentar la burocracia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), “que no propende a promover la inscripción de nuevos electores y menos de nuevas formaciones políticas”.
Reconoció, no obstante, que “el organismo electoral, como otras entidades gubernamentales, confronta problemas fiscales, pero eso no debe ser un factor que afecte el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos electorales.
Ante preguntas de Inter News Service, Lúgaro dijo que está disponible para algún puesto electivo cuando se escojan los candidatos de ese organismo, aunque no precisó en qué posición.
Lúgaro y el representante Manuel Natal, quien obtuvo en las pasadas elecciones 134,040 votos como candidato a representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), son los dos líderes del movimiento con más votos obtenidos en las elecciones generales de 2016.
Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), quien también integra el movimiento, obtuvo 5,430 votos como candidato a la gobernación por el PPT. INS
P. Rico-Emplazan a la gobernadora a que defienda las pensiones
San Juan, 9 sep (INS).- El Frente en Defensa de las Pensiones emplazó ayer a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que exprese claramente su compromiso de que las pensiones no serán trastocadas.
Según los portavoces del Frente, “sus expresiones hasta el momento han sido muy vagas, y no se ha comprometido a enfrentarse a la Junta de Control Fiscal para defender las condiciones de vida de nuestros jubilados”.
Agregaron que “las pensiones no son una dádiva o concesión del gobierno. Cada pensión es una parte del salario del trabajador o trabajadora que el gobierno retuvo para devolvérsela en su vejez. Recortar las pensiones es robarle a ese trabajador una parte sustancial de su dinero, que se ganó dignamente mientras rindió servicios a este pueblo”.
También convocaron a pensionados y al pueblo en general a unirse a esta lucha y anunciaron dos eventos esta semana: la manifestación “Cero Recortes”, el martes 10 de septiembre a las 4:00 PM frente a la Fortaleza, para exigir que la gobernadora se reúna con las organizaciones de pensionados.
Y para los pensionados del área sur, a la marcha “Las Canas se Respetan y las Pensiones también”, que se realizará el viernes, desde las 10:00 AM frente al J. C. Penney de Plaza del Caribe, en Ponce.
A su entender, “el gobierno tiene el deber de proteger a sus viejos. Asimismo, tiene el deber de auditar la deuda y buscar otros mecanismos que aseguren que no se vulnere la salud y calidad de vida de los pensionados con recortes que son ilegales e injustos y que sólo benefician a un grupo de poderosos”.
El Frente en Defensa de las Pensiones emplazó a la gobernadora “a que cumpla con su deber de proteger nuestras pensiones y de concedernos una reunión para dialogar con usted. La mayoría de estas organizaciones le hemos solicitado una reunión, pero aún no hemos recibido respuesta”. INS
P. Rico-Denis Márquez exige el detente inmediato al proceso de adopción de nuevos mapas de calificación de suelos
San Juan, 9 sep (INS).- El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó la resolución conjunta 538 para ordenar a la Junta de Planificación (JP) “detener inmediatamente el proceso de adopción del nuevo mapa de Distritos de Calificación de Suelo de Puerto Rico”.
La acción legislativa viene precedida a su objeción planteada en julio a la “prisa de la JP en la adopción de nuevos mapas de calificación de suelos y el impacto adverso al medio ambiente” según declaró Márquez Lebrón entonces.
“He abordado este asunto con grupos en pro del ambiente y conocedores del tema que han trabajado y denunciado este asunto -y a quienes reconocemos el extraordinario esfuerzo que realizan- y la conclusión es que las enmiendas sugeridas a la calificación de mapas y suelos tendrán el efecto nefasto de permitir la construcción desmedida en áreas actualmente protegidas”, afirmó el legislador.
Recordó que “en julio pasado objeté la prisa de la JP para realizar estos cambios y hoy quedó evidenciado que el tiempo otorgado por la agencia no fomentó una participación real y efectiva por parte de la ciudadanía. Por estas y otras razones es que he radicado la medida”.
Para el legislador del PIP, además, el proceso acelerado llevado a cabo por la JP va en contra de la política pública del gobierno de fomentar la participación ciudadana en el proceso de planificación de Puerto Rico.
“Por un lado, dicen una cosa y por el otro hacen otra, siempre de espaldas al pueblo. Los cambios sugeridos por la JP a los distritos de calificación de suelo tienen un impacto transcendental en la vida de nuestro pueblo, no es un asunto liviano”, argumentó Márquez Lebrón.
Precisó también que, entre otras cosas, la propuesta reduce 300 distritos de calificación a apenas 22, altera la calificación de 1.38 millones de cuerdas de terreno, elimina criterios de protección a 99 mil cuerdas y quita distrito de protección ecológica a 62 mil cuerdas.
Agregó que, incluso, la propuesta de la JP resulta ser “contraria a lo establecido en la Ley de Municipios Autónomos, en la medida en que limita la facultad de los municipios de redactar sus propios planes tomando en consideración el uso de los terrenos dentro de su jurisdicción”.
“La JP está obligada a detener inmediatamente y, hasta nuevo aviso, el proceso de adopción del nuevo mapa de Distritos de Calificación de Suelo de Puerto Rico y su equivalente Geodato iniciado precipitadamente y a espaldas del pueblo”, conminó el político.
“Es particularmente preocupante lo que representarían estas alteraciones para nuestras reservas agrícolas y otras áreas importantes que, dejadas desprotegidas, serían explotadas comercialmente con fines de lucro, en beneficio económico de unos pocos y en perjuicio ambiental del país entero”, concluyó Márquez Lebrón. INS
P. Rico-Representante Jesús Manuel Ortiz exige respuestas a la presidenta de la Junta de Planificación
San Juan, 9 sep (INS).- El representante Jesús Manuel Ortiz anunció ayer que hoy someterá una solicitud formal mediante Resolución para que la Cámara de Representantes en pleno cite a la presidenta de la Junta de Planificación (JP), María Gordillo, para que explique a los miembros de ese cuerpo legislativo las razones, criterios y el alcance de los cambios propuestos al mapa de calificación de suelos y por ende al Plan de Uso de Terrenos (PUT).
“La Cámara tiene el deber de exigir cuentas claras a la JP por los cambios propuestos al mapa de calificación de suelos que altera y deja sin efecto disposiciones del PUT dirigidas a proteger áreas de alto valor ecológico, modifica los usos de áreas agrícolas y trastoca todo el ordenamiento legal y el propósito original del estatuto que se aprobó en 2004 en consenso tripartita”, expresó Ortiz.
El representante del Partido Popular Democrático (PPD) explicó que la ley del PUT “es el estatuto de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento ambiental, que establece las normas para el desarrollo del país, mediante el uso de guías y métricas científicas con un sistema de clasificación de suelos que concilia variables geológicas, geográficas, cambios poblacionales y necesidades de desarrollo”.
Recordó que se convirtió en ley el 3 de octubre de 2004 y su implantación se extendió por cuatro administraciones.
El PUT clasifica el 92% de las 2.3 millones de cuerdas existentes y duplica de 8% a 16% el total de terrenos protegidos. Distingue terrenos residenciales, agrícolas, industriales y de alto valor ecológico. Conserva 3,053 cuerdas del corredor ecológico del noreste y protege 220 mil cuerdas de la zona del Karso, que produce el 26% del agua potable que se consume en la isla.
Además, protege 300 mil cuerdas del bosque modelo en 19 áreas de reserva natural; ordena la delimitación de 311 millas lineales de costa de la zona marítima terrestre; conserva 600 mil cuerdas agrícolas y amortiza 102 lugares de captación de agua, 5,394 millas de ríos, las cuencas hidrográficas y ocho represas.
Además, viabiliza las servidumbres de conservación, crea un mecanismo de arbitraje para los planes territoriales de los municipios, identifica terrenos para energía renovable y también para el desarrollo ordenado.
Según los grupos ambientalistas y la comunidad científica, los cambios que propone la presidenta de la JP provocarán que 1.4 millón de cuerdas cambie de calificación en sus usos de forma irrestricta; incluyendo 99 mil cuerdas en las que se les alteran sus criterios de protección de forma unilateral y otras 62 mil que pierden su criterio de protección como áreas de valor ecológico o tierras agrícolas.
El legislador popular dijo que la Ley del PUT tiene una importancia para el país de tal grado que es la única ley estatal protegida por la ley federal Promesa, lo que implica que la Junta de Supervisión Fiscal no puede incumplirla o derogarla.
“En otras palabras, resulta insólito que mientras el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, expresamente le prohibieron a la Junta incumplir con ese estatuto y ordena que se respete su contenido, venga la JP de este gobierno a querer revertir lo que ni siquiera el Congreso federal se atrevió a sugerir. El país merece respuestas claras y transparentes”, concluyó Ortiz. INS
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