P. Rico-No existe posibilidad de apelación en decisión federal que da paso a monopolio en el puerto de San Juan

San Juan, 8 sep (INS).- La senadora Rossana López León anunció hoy que recibió una respuesta oficial de Rachel Dickson, secretaria de la Comisión Marítima Federal en la que le informó que en los procedimientos de dicha entidad no hay espacio para radicar un proceso de apelación a la aprobación de la fusión de dos empresas que juntas, crearían un monopolio en el servicio de carga en el muelle de San Juan.

“Esta es una mala noticia para el consumidor puertorriqueño. No hay nada peor para el ambiente de negocios que un monopolio como el que crea la fusión de Luis Ayala Colón y Tote Maritime”, aseguró la legisladora del Partido Popular Democrático.

Grupos empresariales también han expresado su oposición a la fusión de las empresas.

“El historial está ahí, son empresas ya convictas a nivel federal por ‘price fixing’ y aunque la secretaria Dickson especifica en su carta que se monitoreará vigorosamente las actividades del Puerto de San Juan, nosotros vamos a hacer nuestra parte”, añadió la candidata a alcaldesa de San Juan.

En abril, López León radicó ante la Comisión Marítima Federal su reclamo a favor del desarrollo económico de Puerto Rico y contra el intento de las empresas Tote Maritime y Luis Ayala Colón de fusionarse e incorporar la entidad Puerto Rico Terminal, lo que crea, junto a Crowley Maritime, un monopolio de carga y descarga en el muelle de San Juan.

“Lo peor es que esta amenaza viene con el endoso de esta administración de gobierno, cuando Rosselló era gobernador y Wanda Vázquez era secretaria del Departamento de Justicia”, argumentó la senadora. “De hecho, la Autoridad de los Puertos sabía de los intentos de las navieras y se cruzó de brazos ante el tema”, apuntó.

Según López León, “el subdirector de la Autoridad de Puertos, Julián Bayne Hernández, admitió en una vista pública que desde el pasado 29 de marzo tienen conocimiento de esta grave amenaza a la economía de Puerto Rico y no fueron a la Agencia Marítima Federal a impugnarla. Y tampoco La Fortaleza ni el Departamento de Justicia cumplieron con su responsabilidad”. INS

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