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Resumen de noticias para el miércoles 4 de septiembre de 2019
P. Rico-Destituida comisionada de Ciencias Forenses por la gobernadora Vázquez Garced
San Juan, 4 sep (INS).- Ante la ineficiencia evidenciada por la comisionada de Ciencias Forenses, Beatriz Zayas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció ayer su destitución fulminante y designó en su lugar interinamente a Luz Silva, químico forense.
La mandataria reveló que mañana, miércoles, estarán ofreciendo servicio los cuatro vehículos adquiridos por el Negociado de Ciencias Forenses que permanecían esperando por marbete, tablilla y permisos por parte de la Administración de Servicios Generales (ASG).
“Luego de dialogar con el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y de los constantes señalamientos públicos en perjuicio de la ciudadanía, le solicité tomar las acciones correspondientes para garantizar la continuidad del servicio”, indicó la gobernadora.
Expuso que con relación a los cuatro vehículos nuevos que se adquirieron para cubrir escenas y transportar cadáveres que no han podido utilizarse por falta de marbetes y tablillas, ya ASG emitió el permiso provisional a los conductores del NCF.
Los vehículos fueron llevados hoy a la estación de pesaje de Salinas y ya mañana estarán disponibles para las operaciones diarias.
“Sabemos y reconocemos la importancia de la labor de todos los funcionarios que día a día trabajan arduamente en el Negociado de Ciencias Forenses por dar un trato digno a los cadáveres, realizar las autopsias de rigor, evaluar las escenas, hacer los exámenes periciales de balística, de pruebas de laboratorio como ADN, entre muchas otras funciones”, dijo la gobernadora.
Vázquez Garced estableció que “estaré tomando las medidas pertinentes para allegar recursos y que el Negociado pueda continuar su labor de excelencia”. INS
P. Rico-Alertan de corrupción en foro administrativo de querellas de educación especial que involucra conducta de juez Cintrón Vázquez
San Juan, 4 sep (INS).- Padres de estudiantes con necesidades especiales denunciaron lo que consideraron “el esquema de corrupción más grande que se expresa en el secuestro del foro adjudicativo y administrativo de querellas de educación especial por parte del gobierno de Puerto Rico”.
La intercesora Linda Ramos aclaró que este es el foro a donde los padres que tienen hijos con impedimentos tienen que acudir a quejarse por la falta de servicios educativos, negación de registro y terapias, entre otros.
“La ley federal obliga al Departamento de Educación a mantener un foro de querellas imparcial; que responda a la ley y no a intereses económicos y privados del Departamento y sus contratistas”, aclaró.
La portavoz proporcionó en rueda de prensa en un restaurante de Hato Rey fotografías extraídas de la página de la firma Wolf Popper, donde todavía figuran el juez administrativo Pedro J. Cintrón Vázquez y la abogada Leyda Suri, que mantuvieron vínculos profesionales con el cabildero Elías Sánchez, exdirector de campaña del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y uno de los integrantes de La Manada Azul del chat de Telegram.
Como parte del presunto conciliábulo entre Cintrón Vázquez y Suri, el proceso se ha convertido en el peor calvario diseñado para privar del acceso a la justicia a los padres y de verdadero acceso a los fondos federales.
“¿Ustedes quieren saber dónde están los chavos de educación especial, que la Junta (Supervisión Fiscal) y el Secretario de Educación Especial se porfían?”, preguntó Ramos, al referirse en primer lugar al caso de Rosemary Arce, madre de estudiante registrado en educación especial, quien denunció las violaciones que ha sufrido de parte del juez administrativo Cintrón Vázquez.
La madre dijo que el magistrado se ha negado repetidamente a inhibirse, aún cuando la evidencia lo ubica controlando el récord de voz que relata lo sucedido en las vistas.
“El decide qué te entrega o no entrega. Al controlar la grabación evita que cualquier padre, abogado o yo podamos acudir en apelación a un tribunal por sus actuaciones, violaciones que cometa o permita en el proceso o las resoluciones que emita; tampoco deja grabar independientemente”, alegó Arce.
Sostuvo que, luego de pedir la transcripción, corroboró que el juez Cintrón Vázquez se negó a entregar completa una grabación incurriendo en la práctica ilegal de alterar el récord de lo dicho y verdaderamente hablado en la vista.
La madre dijo sentirse intimidada por las violaciones y actuaciones del magistrado a tal punto de estallar en llanto en su sala ante las faltas de respeto constantes, manoteos, gritos y el lenguaje corporal que ha usado en contra suya y de su abogada, que no constan en las grabaciones de las vistas.
“El juez Cintrón Vázquez abusa de su poder y violentó mis derechos constitucionales y los de mi hijo cuando no me permitió ni garantizó el debido proceso de ley, ni un proceso imparcial ni justo para nosotros”, argumentó.
Añadió que, además, Cintrón Vázquez justificó que “Educación no tiene el por qué contestar la querella que yo sometí, lo que me deja en un estado de total de indefensión porque no sabemos a qué nos enfrentaríamos en las próximas vistas al desconocer la posición de Educación sobre mis alegaciones, convirtiéndose el en el abogado de la agencia”.
Anaïs Santos, madre de otro estudiante de educación especial, comentó que luego de asistir a varias vistas por derecho propio con el juez Cintrón Vázquez, se sintió tan atemorizada por la manera en que alzaba la voz y la intimidaba con gestos que no se pueden grabar.
El juez incurrió en otra violación en vista de seguimiento de su caso, esa vez alegando que la intercesora Linda Ramos, que estaba presente, no podía hablar.
La intercesora, no obstante, advirtió al magistrado que se equivocaba y tan pronto empezó a grabar, vertió para el récord la orientación dada sobre sus funciones como intercesora en ese caso.
Luego de esa vista Anais Santos adviene en conocimiento de que hay otros padres en su misma situación debido al proceder del juez Cintrón Vázquez, por lo que se unió al coro de voces que solicita al secretario de Educación, Eligio Hernández, que de inmediato rescinda el contrato al juez Cintrón Vázquez.
El grupo denunció que el juez no tiene temple judicial, demuestra desconocimiento de ley federal IDEA y la Sentencia de Rosa Lydia Vélez, y apoya a los abogados del Departamento de Educación que, al no tener conocimiento especializado de las leyes y reglamentos federales y estatales, descansan en sus actuaciones ilegales para adelantar los intereses de la agencia pública.
Acusaron a Cintrón Vázquez, sin ser empleado de Educación, viola la Constitución al no garantizar a los padres y niños el debido proceso de ley.
Mientras, la Secretaria de Educación Especial hace trampa y no permite que los padres prevalezcan en sus méritos, valiéndose de terceros, que no son empleados públicos y sí, buitres en busca de dinero fácil, anotaron.
El protagonista de ese proceso amañado incluye a contratistas privados como Wolf Popper, el bufete asociado al esquema de corrupción liderado desde Fortaleza antes de la salida del destituido gobernador Rosselló Nevares y que lleva desde el año 2008 dentro de Educación.
Wolf Popper suple profesionales al Departamento de Educación, que “incluye proveerle el abogado que va a defender al Departamento y el juez que va adjudicar los méritos de su propia compañera de bufete”.
“Hemos identificado que tanto Cintrón Vázquez como la abogada del DE Leyda Suri, son empleados del mismo bufete. Comparten el mismo patrono y le hacen el juego sucio al gobierno para que le ayuden a mantener el control del proceso de querellas”, arguyeron los padres. INS
P. Rico-Levantan bandera ante decisión del Supremo que afectará a deudores hipotecarios
San Juan, 4 sep (INS).- El senador Carmelo Ríos advirtió de una decisión del Tribunal Supremo a través de la cual prácticamente eliminó la posibilidad de utilizar el retracto de crédito litigioso en gran parte de los casos de ejecuciones hipotecarias.
La determinación, la cual fue una dividida, “tiene en vilo a miles de propietarios que veían este recurso como una esperanza para retener su propiedad y cumplir con la institución bancaria”, dijo el legislador.
Debido a esta situación, el portavoz de la mayoría en el Senado sometió el proyecto 1340, para enmendar la “Ley de Transacciones Comerciales” con el fin de aclarar que en lo que se refiere a estas transacciones, una vez llevadas a cabo, no se afecte lo establecido en el artículo 1425 del Código Civil, que regula el llamado retracto de crédito litigioso.
“Cabe destacar que este estatuto detalla que si el banco vende la propiedad a un tercero, por una cantidad menor de lo que debía, la persona a quien se la ejecutaron tiene el derecho de pagar el mismo monto por el que la institución estuvo dispuesta a vendérsela a un tercero”, sostuvo el político.
Sobre el caso, abundó que “en días recientes, en decisión dividida, una mayoría de cinco jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión que, no solo entendemos fue errada, sino que, al eliminar la opción a muchos deudores hipotecarios de poder salvar sus propiedades, agrava la crisis hipotecaria en la Isla. La interpretación jurídica de por si es preocupante, pero causa más alarma el momento de crisis en que se da. Los deudores hipotecarios se exponen a perder más fácilmente sus hogares en una época en que han aumentado vertiginosamente los casos de ejecuciones. En momentos en que son cientos los que están tratando de salvar sus hogares y que la política pública de esta administración ha sido brindar oportunidades a los dueños de propiedades que puedan salvar las mismas, es imprescindible que no se les prive de una herramienta útil como lo es el retracto litigioso”.
Mientras, Ruth Aquino, portavoz de la Asamblea de Pueblo San Juan Placita Roosevelt, le dio un espaldarazo a la medida y argumentó que este organismo va a luchar por todas aquellas legislaciones que se establezcan para salvaguardar el derecho a tener una vida digna. “Esta medida es neurálgica, es un tema que debe ser número uno en el calendario. Desde esa decisión nefasta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tenemos que respetar aunque entendemos que es errónea en derecho y a quien único beneficia es a la banca y a estos inversionistas especuladores, las hipotecas se han acelerado, los casos que ya están presentados en el Tribunal de Puerto Rico están radicando sentencias sumarias para ejecutarle los hogares a los puertorriqueños. Por tal motivo, es necesario que este Proyecto sea atendido con urgencia”, sentenció Aquino.
La medida establecerá que el retracto de crédito litigioso será de aplicación a la venta o cesión de pagarés, sean estos negociables o no, se vendan individualmente o en bloque y estén o no garantizados por hipoteca.
Datos obtenidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) indican que para marzo de este año, había cerca de 367 mil préstamos hipotecarios de los cuales 49,671 reflejaban 30 días o más en atrasos de sus pagos.INS
P. Rico-Justicia presenta 118 cargos por fraude que generó pérdidas por más de 80 mil dólares
San Juan, 4 sep (INS).- El director interino de la División de Delitos Económicos de Justicia, Alexis Carlo, informó que se sometieron 118 cargos en ausencia contra Ismael Figueroa de la Cruz, por los delitos de fraude, apropiación ilegal agravada, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de identidad, apropiación ilegal de vehículo y lavado de dinero.
Se desprende de la investigación a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte que durante el período de abril de 2018 a mayo de 2019, el imputado se apropió de forma fraudulenta de más de 80 mil dólares mediante diversos esquemas de fraude.
La jueza Yazdel Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Figueroa de la Cruz.
La fianza total impuesta fue de 2,420,000 dólares y se emitió una orden de arresto en su contra, ya que la vista se vio en ausencia.
El imputado se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel y restitución a las víctimas, además de la confiscación de la propiedad, derechos o bienes que obtuvo ilegalmente como consecuencia del lavado de dinero.INS
P. Rico-Emplazan a directora de la autoridad del Distrito de Convenciones a que cancele contrato de proyecto turístico
Carolina, 4 sep (INS).- El representante Ángel Matos García, quien denunció un contrato para un desarrollo turístico fuera del Distrito de Convenciones y que compite de manera directa con un desarrollo existente dentro del mismo Distrito, emplazó a la directora ejecutiva de la agencia, Noelia García, a que cancele de inmediato el acuerdo.
“El pasado 29 de abril, Omar Marrero, jefe del Distrito de Convenciones, firmó el contrato 2019-000059 donde crea una corporación junto a un grupo de desarrollo privado para construir un complejo hotelero con marina privada, área comercial con oficinas para alquiler, restaurante y área de entretenimiento en el muelle Navy Frontier ubicado fuera del centro de convenciones”, dijo Matos García.
Sin embargo, ante el desarrollo existente en el Distrito de Convenciones, el legislador afirmó que “este proyecto es innecesario, por lo que la nueva directora ejecutiva lo debe dejar sin efecto”, denunció el representante del Partido Popular Democrático (PPD).
El proyecto lleva por nombre “Bay Harbour Village”, que también contará con un área residencial Town Houses y un edificio de estacionamiento multipisos.
“Resulta todo un disparate desde la perspectiva de negocio que Omar Marrero ponga a competir el proyecto de San Juan District Live ubicado en el Centro de Convenciones, con un desarrollo fuera del Distrito. Peor aún, compromete los intereses de la Autoridad del Distrito de Convenciones al no cobrar dinero por venta y renta, y se convierte el distrito en ente de financiamiento interino en etapa de pre-desarrollo ($3,000,000 P.11)”, denunció.
Agregó que “además de este gasto, el Distrito de Convenciones tiene la encomienda de expropiar el edificio del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a un costo millonario y el complejo de la Food and Drug Administration (P.14) y para colmo, también se pretende expropiar el área de estacionamiento que el Club Náutico de San Juan compró a un costo de 1.9 millón de dólares”.
El muelle Navy Frontier es una instalación aprobada por TSA para hacer salidas de crucero (home porting) y que la Autoridad de Puertos pactó con la empresa de cruceros Norweigan Cruise Line para que ese muelle reciba en diciembre el Norweigan Epic, uno de los barcos más grandes del mundo.
“Emplazo a García a que cancele el acuerdo. Además, le pido al jefe de Puertos, Anthony Maceira, a que explique cómo no se opone al cierre de este muelle luego de que Norweigan Cruise Lines está haciendo inversiones en ese muelle como puntos de anclajes, defensas adicionales y sobre 30 estantes (counters) de servicio al pasajero”, abundó el legislador.
“También emplazo a la directora de la ahora Oficina de Turismo, Carla Campos, a que explique cómo se sacrifican visitas de pasajeros de cruceros por un complejo como éste, que compite con el ya endosado San Juan District Live”, finalizó Matos García. INS