Inter News Service Agencia de Noticias
Padres y madres de alumnos de Educación Especial denuncian presunta corrupción en casos. Inter News Service
San Juan, 3 sep (INS).- Padres de estudiantes con necesidades especiales denunciaron hoy lo que consideraron “el esquema de corrupción más grande que se expresa en el secuestro del foro adjudicativo y administrativo de querellas de educación especial por parte del gobierno de Puerto Rico”.
La intercesora Linda Ramos aclaró que este es el foro a donde los padres que tienen hijos con impedimentos tienen que acudir a quejarse por la falta de servicios educativos, negación de registro y terapias, entre otros.
“La ley federal obliga al Departamento de Educación a mantener un foro de querellas imparcial; que responda a la ley y no a intereses económicos y privados del Departamento y sus contratistas”, aclaró.
La portavoz proporcionó en rueda de prensa en un restaurante de Hato Rey fotografías extraídas de la página de la firma Wolf Popper, donde todavía figuran el juez administrativo Pedro J. Cintrón Vázquez y la abogada Leyda Suri, que mantuvieron vínculos profesionales con el cabildero Elías Sánchez, exdirector de campaña del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y uno de los integrantes de La Manada Azul del chat de Telegram.
Como parte del presunto conciliábulo entre Cintrón Vázquez y Suri, el proceso se ha convertido en el peor calvario diseñado para privar del acceso a la justicia a los padres y de verdadero acceso a los fondos federales.
“¿Ustedes quieren saber dónde están los chavos de educación especial, que la Junta (Supervisión Fiscal) y el Secretario de Educación Especial se porfían?”, preguntó Ramos, al referirse en primer lugar al caso de Rosemary Arce, madre de estudiante registrado en educación especial, quien denunció las violaciones que ha sufrido de parte del juez administrativo Cintrón Vázquez.
La madre dijo que el magistrado se ha negado repetidamente a inhibirse, aún cuando la evidencia lo ubica controlando el récord de voz que relata lo sucedido en las vistas.
“El decide qué te entrega o no entrega. Al controlar la grabación evita que cualquier padre, abogado o yo podamos acudir en apelación a un tribunal por sus actuaciones, violaciones que cometa o permita en el proceso o las resoluciones que emita; tampoco deja grabar independientemente”, alegó Arce.
Sostuvo que, luego de pedir la transcripción, corroboró que el juez Cintrón Vázquez se negó a entregar completa una grabación incurriendo en la práctica ilegal de alterar el récord de lo dicho y verdaderamente hablado en la vista.
La madre dijo sentirse intimidada por las violaciones y actuaciones del magistrado a tal punto de estallar en llanto en su sala ante las faltas de respeto constantes, manoteos, gritos y el lenguaje corporal que ha usado en contra suya y de su abogada, que no constan en las grabaciones de las vistas.
“El juez Cintrón Vázquez abusa de su poder y violentó mis derechos constitucionales y los de mi hijo cuando no me permitió ni garantizó el debido proceso de ley, ni un proceso imparcial ni justo para nosotros”, argumentó.
Añadió que, además, Cintrón Vázquez justificó que “Educación no tiene el por qué contestar la querella que yo sometí, lo que me deja en un estado de total de indefensión porque no sabemos a qué nos enfrentaríamos en las próximas vistas al desconocer la posición de Educación sobre mis alegaciones, convirtiéndose el en el abogado de la agencia”.
Anaïs Santos, madre de otro estudiante de educación especial, comentó que luego de asistir a varias vistas por derecho propio con el juez Cintrón Vázquez, se sintió tan atemorizada por la manera en que alzaba la voz y la intimidaba con gestos que no se pueden grabar.
El juez incurrió en otra violación en vista de seguimiento de su caso, esa vez alegando que la intercesora Linda Ramos, que estaba presente, no podía hablar.
La intercesora, no obstante, advirtió al magistrado que se equivocaba y tan pronto empezó a grabar, vertió para el récord la orientación dada sobre sus funciones como intercesora en ese caso.
Luego de esa vista Anais Santos adviene en conocimiento de que hay otros padres en su misma situación debido al proceder del juez Cintrón Vázquez, por lo que se unió al coro de voces que solicita al secretario de Educación, Eligio Hernández, que de inmediato rescinda el contrato al juez Cintrón Vázquez.
El grupo denunció que el juez no tiene temple judicial, demuestra desconocimiento de ley federal IDEA y la Sentencia de Rosa Lydia Vélez, y apoya a los abogados del Departamento de Educación que, al no tener conocimiento especializado de las leyes y reglamentos federales y estatales, descansan en sus actuaciones ilegales para adelantar los intereses de la agencia pública.
Acusaron a Cintrón Vázquez, sin ser empleado de Educación, viola la Constitución al no garantizar a los padres y niños el debido proceso de ley.
Mientras, la Secretaria de Educación Especial hace trampa y no permite que los padres prevalezcan en sus méritos, valiéndose de terceros, que no son empleados públicos y sí, buitres en busca de dinero fácil, anotaron.
El protagonista de ese proceso amañado incluye a contratistas privados como Wolf Popper, el bufete asociado al esquema de corrupción liderado desde Fortaleza antes de la salida del destituido gobernador Rosselló Nevares y que lleva desde el año 2008 dentro de Educación.
Wolf Popper suple profesionales al Departamento de Educación, que “incluye proveerle el abogado que va a defender al Departamento y el juez que va adjudicar los méritos de su propia compañera de bufete”.
“Hemos identificado que tanto Cintrón Vázquez como la abogada del DE Leyda Suri, son empleados del mismo bufete. Comparten el mismo patrono y le hacen el juego sucio al gobierno para que le ayuden a mantener el control del proceso de querellas”, arguyeron los padres. INS
ndc
