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Ayuda Legal Puerto Rico denunció la posible exclusión de miles de ciudadanos del programa de recuperación. Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 30 ago (INS).- El programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del gobierno puertorriqueño, que hoy tiene más de 825 millones de dólares para reparar los hogares que sufrieron daños hace casi dos años a causa de los huracanes Irma y María, provocará exclusiones, desplazamientos de familias y desarticulación de comunidades.
Ante tal realidad, organizaciones vinculadas a las luchas comunitarias del país exigieron cambios inmediatos y fundamentales en las normas que el gobierno de Puerto Rico ha establecido, a través del Departamento de la Vivienda, sin tomar en cuenta la realidad de las miles de familias que perdieron o sufrieron daños en sus hogares en septiembre de 2017.
Las normas actuales excluirán a quienes que carecen de título de propiedad y a aquellas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aseguró Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).
La abogada recordó que la agencia estadounidense amplió los mapas de inundación después del paso de Irma y María, afectando más de 200 mil viviendas, cambios que adoptó sin cuestionamientos el gobierno de Puerto Rico.
El Departamento de la Vivienda, dijo Godreau Aubert a la agencia Inter News Service (INS), tiene que hacer cambios medulares al plan de acción de estos fondos federales para permitir que las personas reconstruyan en zonas inundables, siempre que puedan mitigar, y evitar los desplazamientos de comunidades pobres.
Ayuda Legal ha aunado esfuerzos junto a las organizaciones Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y Taller Salud ante la realidad de que el 31 de julio el Departamento de la Vivienda anunció el comienzo del programa R3, mas en los primeros 30 días falta información medular de qué va a pasar con las personas que viven en zonas inundables, las que no tienen título de propiedad formal y aquellas que son vulnerables.
Las entidades establecieron su respaldo al reclamo de otras decenas de organizaciones comunitarias que se ven amenazadas por las reglas del Plan de Acción publicado por el Departamento de la Vivienda, que anunció que ya solicitaron 8,900 personas de un tope de 20,000, aunque hay municipios sin información sobre el programa, faltan centros para llenar solicitudes, por lo que “no es suficiente decirle a la gente que solicite usando un app o el teléfono.
La licenciada Nicole Díaz González afirmó que carecen de información sobre el término que tiene Vivienda para contestar la solicitud o para que le inspeccionen o entreguen la ayuda.
“No sabemos nada; se queda en el limbo la gente con mayor necesidad”, subrayó Díaz González a los periodistas en una mesa redonda en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en Miramar.
Las normas del programa fueron aprobadas sin una participación comunitaria real ni otras garantías claramente establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), por lo que Ayuda Legal e Idebajo presentaran una acción legal para exigir que el Departamento de la Vivienda cumpla al respecto, puesto que con los cambios cientos de miles de familias están en peligro de quedar sin asistencia, habrá desplazamientos y el dinero de recuperación no llegará a donde tiene que llegar, similar a lo ocurrido con Tu Hogar Renace.
La dirigente comunitaria Modesta Irizarry Ortiz a la agencia INS que en Loíza tienen necesidad muy seria de viviendas, atención de salud a los ancianos, que han dedicado toda su vida a trabajar y carecen de servicios esenciales.
Junto a la transportación, Irizarry Ortiz destacó la necesidad de viviendas dignas para las personas de escaso recursos, que es el sector que más abunda en el país.
El reclamo está dirigido, entre otros aspectos, a garantizar la participación real y efectiva de las comunidades mediante un consejo comunitario que asesore y fiscalice al gobierno en el manejo de los fondos de recuperación de vivienda.
Además, a evitar que un zar federal quite poder a las comunidades y atrase la recuperación, al tiempo que reclaman una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para obligar al Departamento de la Vivienda a implementar medidas para que no se produzcan desplazamientos forzosos.
Igualmente, que el Plan de Acción y las guías de implementación del Programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa.
El Programa R(3) se pondrá en marcha con cuatro compañías extranjeras que Vivienda alega fueron las mejores cualificadas: AECOM Technical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF, Inc., e Innovative Emergency Management.
Las dos primeras tuvieron lazos con Tu Hogar Renace, mientras que AECOM es, además, clienta del cabildero Elías Sanchez. Sanchez, que según admitió el propio secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, al Centro de Periodismo Investigativo, trató de impugnar de forma inapropiada en que se escogieran otras compañías para el programa de recuperación.
Roberto Thomas, coordinador de Idebajo, calificó de “una vergüenza que a dos años todavía estemos con miles de casas con toldos”.
“En plena temporada de huracanes, el gobierno insiste en tocar el único dinero que hay disponible para las casas e imponerle restricciones que terminarán excluyéndonos; es decirle a quienes no tienen recursos que no hay otra opción que irse”, argumentó.
Thomas reclamó que todas y cada una de las familias tienen derecho a una recuperación justa y a quedarse en las comunidades donde viven. INS
ndc
