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San Juan, 25 ago (INS).- Los representantes Jesús Manuel Ortiz y Aníbal Díaz Collazo, del Partido Popular Democrático (PPD), solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que cumpla con la Ley 33 de mayo de 2019 que requiere se nombre un comité de expertos y asesores sobre cambio climático.
Ortiz González y Díaz Collazo, miembros de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, indicaron que el comité, que estará compuesto por nueve miembros, tiene a su cargo asesorar y preparar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático que será evaluado por la asamblea legislativa.
El comité será también el llamado a coordinar con la Rama Ejecutiva, Legislativa, sectores industriales, grupos empresariales y organizaciones ambientales todas las medidas necesarias para alcanzar las métricas establecidas por la nueva Ley 33.
“El país está viendo cómo se acelera la erosión de nuestras costas, incrementan los fuegos forestales, disminuye la precipitación y se prolongan los períodos de sequía, aumenta la sedimentación en nuestros embalses y la turbiedad en el agua e incrementa el desarrollo de eventos atmosféricos como huracanes e inundaciones”, reseñó Ortiz.
Y agregó que “es momento de actuar con responsabilidad por Puerto Rico y por nuestras próximas generaciones. Le corresponde a la gobernadora nombrar a este comité e iniciar los trabajos en favor de nuestro ambiente. No hay tiempo que perder”.
La Ley 33 de 2019 requiere en su artículo 6 que la designación de los miembros del comité se realice en o antes de tres meses desde la aprobación de la ley, por lo que ya expiró el término que comenzó a transcurrir el pasado 22 de mayo sin que se conozca a quienes se considera ni cuándo se harán los nombramientos.
Los nominados deberán contar con trasfondo educativo, profesional o experiencia en ciencias atmosféricas (climatología y meteorología), ciencias naturales (ciencias ambientales, biología, ecología, física y química), planificación (ambiental, económica y urbana), oceanografía.
También en salud pública (salud ambiental, epidemiologia, demografía), ciencias terrestres (geografía, hidrología, geomorfología y geología), energía, sociología (repercusiones medioambientales y socioeconómicas), ingeniería ambiental y desarrollo sostenible.
Además, al menos uno de ellos deberá tener pericia en asuntos de energía renovable o alternativa para asuntos energéticos y no podrán ser empleados públicos, excepto ser profesor de la Universidad de Puerto Rico.
El plan de mitigación, adaptación y resiliencia que tiene que presentar debe ser viable para alcanzar los objetivos de reducción en las emisiones de gases de efecto de invernadero y de los contaminantes del aire para los períodos considerados, así como proponer medidas necesarias, incluyendo aquellos incentivos ambientales, para alcanzarlos de forma planificada y estableciendo indicadores cuantitativos anuales del impacto de las acciones.
“No existe un plan coordinado que integre los distintos sectores y dirija los trabajos para que se evalúe si efectivamente se alcanzan las métricas y objetivos propuestos por la nueva ley. Necesitamos un liderato consciente de esta realidad y que esté dispuesto a actuar de inmediato, por lo que requerimos a la gobernadora que actúe sobre este particular”, sentenció Díaz Collazo. INS
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