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San Juan, 19 Ago (INS).- El Senado aprobó hoy una medida de su presidente, Thomas Rivera Schatz, para destinar 123 millones de dólares, para el año fiscal 2019-2020 ,provenientes del Fondo General para atender las necesidades de los niños participantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
La votación de la Resolución Conjunta del Senado 399 fue de 27 a favor y dos votos en contra de los senadores Eduardo Bhatia Gautier y Miguel Pereira Castillo
La resolución establece claramente que ese dinero es en exceso del presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por lo que este dinero se destinará exclusivamente para sufragar los costos de terapias y evaluaciones del programa.
El Departamento de Hacienda anunció que los ingresos al Fondo General para el año fiscal que terminó en junio pasado alcanzó la suma de $11,855,900.00 sobrepasando por más de 2 mil millones la cantidad presupuestada para el año fiscal, según el presupuesto certificado.
“Un exceso en recaudos nos permite decirle a la JSF con autoridad moral ‘aquí hay dinero y esa población vulnerable no debe ser objeto de carencia en los recursos que hacen falta para que puedan desarrollarse al máximo de sus capacidades’… Eso es trabajar por Puerto Rico”, argumentó Rivera Schatz.
El senador independentista Juan Dalmau Ramírez, quien consignó para el récord que votaría a favor de la medida, argumentó que su aprobación “atiende una necesidad que tiene una población vulnerable”.
Recalcó que la Cámara alta debe asegurarse, sin embargo, que el dinero llegue directamente al Programa de Educación Especial y que no se quede a nivel central en la agencia porque “estos niños son tan iguales como todos”.
De forma similar se expresó el senador independiente José Vargas Vidot, quien definió la Resolución senatorial como una de “justicia social”.
“Este Senado no debe rendirse ante una Junta. La aprobación de este Fondo es una buena noticia, es una excelente noticia”, dijo Vargas Vidot.
Consolidan derechos de maestros
En la continuación de temas de educación pública, fue aprobado el Proyecto del Senado 1124 que consolida en un documento todos los derechos de los docentes en la Carta de Derechos del Maestro, medida aprobada por unanimidad.
El presidente del Senado informó que la medida “no discrimina contra nadie por ninguna circunstancia”.
“La legislación aprobada aquí cubre a todos los sectores desde lo más liberales hasta los más conservadores”, aclaró Rivera Schatz.
En su alocución el senador Eduardo Bhatia Gautier sentenció que debe “quedar claro que ningún derecho que existe hoy para un maestro está siendo enmendado con esta ley que no es limitar derechos, es ampliar derechos”.
Mientras, el senador Dalmau Ramírez expresó que la aprobación de esta pieza legislativa “es un paso en la dirección correcta”.
“Nosotros sabemos que en la ejecución el maestro no solo enseña, sino que en muchos casos es padre, madre, conserje, director, etc y cumple con funciones que le impone el Departamento. Creo que esta Carta de Derechos es una manera de honrar y darle más herramientas a ese funcionario para protegerse contra abusos y contra la discriminación”, añadió el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Precisamente sobre estos aspectos de los que habló el senador Dalmau Ramírez, el senador Luis Daniel Muñiz Cortés argumentó que ante las persecuciones que enfrentan los maestros “esta medida se atempera a nuestros tiempos”.
Para el senador Vargas Vidot, el Proyecto del Senado 1124, esta Carta eleva “lo que se ha luchado a nivel sindical y se expresa ya como ley”.
La aprobación de estas piezas legislativas se da justo el mismo día en que se inauguró una biblioteca tecnológica en la escuela Montessori Luis Llorens Torres, adoptada por el Senado desde el 2017.
Allí, los trabajos de remodelación y reconstrucción en todos los lugares de la escuela, realizados por el Senado y varias agencias asciende a $442 mil.
De hecho, Rivera Schatz anunció que también adoptará la escuela pública República del Perú, en la misma zona en San Juan.
Evalúan legislación sobre “rape kits”
Un informe de las comisiones de Seguridad Pública y de Revitalización Social y Económica sobre la crítica situación que se ha vivido en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) sobre la situación actual de los “rape kits” concluyó que en la Isla no existe legislación para regular un inventario de los mismos en la Isla.
“La legislación al respecto debería regular los tiempos límites para recoger los rape kits que tengan el consentimiento de la víctima por parte de la policía en un periodo de 72 horas. Se sugieren quince 15 días para entregarlo al NCF. El tiempo límite para analizar los “rape kits” debe ser un máximo de seis meses o antes de requerirlo el proceso judicial”, se lee en el Informe Final suscrito por los senadores Henry Neumann Zayas y Zoé Laboy Alvarado.
También concluye que el personal de la sección ADN y Serología del NCF es limitado en proporción a las solicitudes de análisis para los casos que se ventilan en los tribunales.
Es necesario el desarrollo de un plan de acción para analizar los casos que no van a verse en los tribunales, bien sea porque la víctima desistió, no tiene interés en un mecanismo procesal o porque los rape kits no cumplen con los requisitos mínimos para el análisis por haberse recopilado la evidencia luego de haber transcurrido más de 72 horas de la agresión sexual.
Estas fueron algunas de las 21 medidas aprobadas en la Sesión. La próxima Sesión será el jueves, 22 de agosto; a la 1:00 de la tarde. INS
ndc