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San Juan, 7 ago (INS).- El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, destacó hoy que el fallo del Tribunal Supremo a favor del Senado al cuestionar la legitimidad del proceso en que se sumió a gobernación el país al ocupar el cargo de gobernador de facto Pedro Pierluisi Urrutia.
Román Espada adujo que la conclusión del máximo foro judicial en el sentido de que Pierluisi Urrutia “no ocupa legítimamente el cargo de gobernador de Puerto Rico es un reconocimiento firme al ordenamiento constitucional que protege a la ciudadanía de los caprichos políticos o personales, fortalece la doctrina de separación de poderes e implementa el orden público contemplado por la Constitución para la sucesión de un gobernador” renunciante, que en este caso fue destituido por el pueblo”.
“El Tribunal Supremo aporta, con esta decisión unánime, una certeza necesaria en el proceso político y jurídico que vive el país”, adujo el presidente de los abogados y abogadas colegiados.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí la histórica controversia de decidir quién debe ocupar legítimamente la gobernación de Puerto Rico, en la que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico coincidió, en la Petición de Amigo de la Corte presentada, con la postura jurídica del Senado de Puerto Rico al concluir que sólo un(a) Secretario(a) de Estado en propiedad, debidamente confirmado(a) por ambos cuerpos legislativos, podía sustituir al derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“La Constitución tiene que ser respetada, por considerarse la Ley Suprema y porque es la única ley refrendada directamente por los electores”, dijo Román Espada al considerar que el momento histórico que vive el país obliga a reflexionar sobre los límites de la Constitución vigente, que ha condenado al pueblo al regreso de la época del gobernador no electo, con el agravante de que los siete miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos.
El presidente del CAAPR consideró que es evidente la necesidad de nuevos desarrollos constitucionales que propendan a soluciones democráticas para situaciones similares, por lo que “reiteramos que las disposiciones constitucionales referentes al proceso de destitución del gobernador y al orden sucesoral deben de ser motivo de enmiendas profundas para garantizar que la democracia participativa sea el mecanismo de selección a un gobernante sustituto”.
La idea de que los escaños pertenecen a los partidos, agregó, es un anacronismo que atenta contra el poder de la ciudadanía a escoger a sus dirigentes.
“Si los reclamos ciudadanos de cambio estructural no son escuchados por la clase política del país, este pueblo, asistido por las organizaciones profesionales, comunitarias, sociales y académicas, está preparado para reclamarlo en las calles una vez más. El Colegio está y estará presente”, estableció Román Espada. INS
ndc