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San Juan, 5 ago (INS).- El gobernador en funciones, Pedro Pierluisi Urrutia, lamentó que el Senado haya presentado una demanda en su contra con la intención de anular su designación como máximo mandatario del país, y aseguró que espera que el asunto “sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”.
En una declaración emitida cerca de la medianoche, Pierluisi Urrutia señala: “El Senado de Puerto Rico ha iniciado un pleito judicial para declarar inconstitucional la ley 7 de 1952, enmendada en el 2005, y para impugnar mi juramentación como gobernador de Puerto Rico”.
Agrega que “aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”.
A su juicio, “no tenemos tiempo que perder. El arduo trabajo de reconstruir a nuestra isla luego del embate del huracán María, mejorar la situación fiscal de nuestro gobierno, lograr que nuestra economía siga creciendo, y restablecer la credibilidad de Puerto Rico no puede detenerse”.
Y concluye: “Nuestro pueblo puede estar seguro de que su gobierno continuará brindando sus servicios sin interrupción bajo mi incumbencia”.
El Senado de Puerto Rico, por intermedio de su presidente, Thomas Rivera Schatz, presentó anoche una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en busca de anular la juramentación del ahora gobernador Pedro Pierluisi.
Apunta que el proceso se llevó a cabo “parcialmente”, pues el trámite de consejo y consentimiento sigue pendiente en el Senado de Puerto Rico, el escrito enfatiza que el excomisionado residente juramentó al puesto de gobernador amparándose en una interpretación incorrecta de la Ley 7-2005.
Según la demanda, Pierluisi Urrutia tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad, cosa que no ha ocurrido, “pues el Senado de Puerto Rico no ha finalizado su obligación constitucional de consejo y de consentimiento para dicho cargo”.
Ante la situación, apunta el escrito, debe declararse de igual forma que el gobernador juramentado no pueda seguir ostentando dicho cargo y que cualquier decisión que haya tomado desde el viernes 2 de agosto de 2019 como gobernador sea declarada nula”. INS
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