Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 30 de julio de 2019
P. Rico-Condenan presunta complicidad en corrupción de secretaria de Justicia
San Juan, 30 jul (INS).- Sobre tres mil manifestantes rechazaron la posibilidad de que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, asuma la gobernación de Puerto Rico el próximo viernes, cuando cesa en sus funciones Ricardo Rosselló Nevares, debido a su presunta complicidad con la corrupción.
La protesta, frente a las instalaciones del Departamento de Justicia en el área de Hato Rey, estuvo matizada por las consignas y los carteles en los cuales se demandaba la renuncia de la funcionaria, quien a pesar de haber sostenido que no interesa la gobernación se perfila como sustituta de Rosselló Nevares ante la ausencia de un Secretario de Estado.
“Para fuera los corruptos, Wanda renuncia”, denunciaba una pancarta, mientras integrantes del colectivo Mujeres en Resistencia denunciaban con cintas adhesivas en la boca de cómplice, criminal y encubridora.
Los manifestantes, alentados por consignas como “¡Cuando un pueblo va pa’lante, no hay gobierno que los aguante!”, se desplegaron por toda el área hasta alcanzar la avenida Jesús T. Piñero y volver frente al Departamento de Justicia en la calle Teniente César González, bajo la mirada de un reducido grupo de miembros de la policía que permanecían expectantes.
La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, indicó a la agencia Inter News Service (INS) que la demostración reafirmaba la voluntad del pueblo de enfrentar la corrupción gubernamental.
Respecto a la situación que vive el país, la exsenadora independentista expresó que la solución al actual problema no está en el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), sino en una reconstrucción del sistema de gobierno.
“Si algo ha quedado claro es que si nos limitamos a ver el orden de sucesión del PNP, lo que hacemos es pasar lista a los miembros de una organización criminal, por eso no es ahí donde está la salida, sino una reconstrucción completa de nuestro sistema de gobierno, y eso va desde las estructuras gubernamentales locales hasta, naturalmente, la junta de control fiscal”, subrayó la dirigente independentista.
El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, expresó que se han levantado grandes dudas sobre el desempeño de Vázquez Garced al frente del Departamento de Justicia, por lo que no debe ser la llamada a reemplazar al gobernador Rosselló Nevares, que “hemos sacado por corrupto”.
“Se han levantado planteamientos sobre la junta reguladora del cannabis en Puerto Rico, la posibilidad de que haya irregularidades, ella se hizo de la vista largo, no investigó; se ha planteado igual situación en la junta de farmacias, también se hizo de la vista larga, no investigó; durante el periodo de María se plantearon diversas irregularidades con parte de la ayuda que se recibía, y ella tampoco investigó adecuadamente esos casos, y hay otras largas historias, por lo que no debe ocupar ese puesto”, dijo Bernabe a la agencia INS.
Insistió en que “hay otras largas historias anteriores a este proceso, por lo que es una persona marcada por la corrupción no puede ocupar ese puesto” para reemplazar a un gobernador Rosselló Nevares.
Vázquez Garced ha expresado que no le interesa ser gobernadora, mas a menos que renuncie a la secretaría de Justicia o que se nombre a última hora un secretario de Estado, el próximo viernes deberá asumir el cargo.
El Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) solicitó la salida inmediata del gobernante y su gabinete, al tiempo que pidió se les procese criminalmente por los delitos y actos de corrupción en que hayan incurrido.
La organización insistió en que se declare un estado de emergencia por la violencia contra las mujeres y que se retome la perspectiva de género en las escuelas como una de las políticas fundamentales para comenzar a erradicar el machismo.
Los socialistas pidieron que se paralicen los planes de privatización por parte de la Legislatura, el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal, a la que pidió detener toda negociación para el pago de la deuda y frenar la implementación de los planes fiscales del gobierno central.
En tanto, el profesor universitario Ramón Nedadich, presidente del Estado Nacional Soberano de Borinkén, propuso al pueblo puertorriqueño convocar una asamblea nacional para que decida qué rumbo tomar en este proceso de cambio.
“En esa asamblea el pueblo escogerá y ratificará un Consejo de Transición de 15 miembros con plenos poderes para que rija los destinos del pueblo boricua hasta que se conforme un nuevo gobierno oficial”, expuso Nenadich.
La manifestación se prolongó hasta bien entrada la noche, cuando un grupo de jóvenes se desplazó hasta la avenida Jesús T. Piñero, donde bloquearon el tránsito por considerar que esta lucha involucra a todo el pueblo. INS
P. Rico-Informe detalla abusos policíacos contra manifestantes en protestas por la renuncia del gobernador
San Juan, 30 jul (INS).- Al menos 20 personas resultaron heridas a manos de las autoridades de ley y orden durante las jornadas de manifestaciones en las que se solicitó la renuncia del aún gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informaron diversas organizaciones que defienden los derechos civiles de la ciudadanía.
Los incidentes reportados entre el 11 y el 25 de julio incluyen macanazos, disparos de armas con municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, daños a la propiedad y otras agresiones.
Las protestas tuvieron, además, un saldo de 16 personas arrestadas, según una documentación preliminar de intervenciones y casos, preparada por la organización Kilómetro Cero, en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), la Brigada Legal Solidaria (BLS), Amnistía Internacional capítulo de Puerto Rico y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
De acuerdo con el documento publicado en la página web de Kilómetro Cero, se conoce que, cuando menos 43 personas se vieron afectadas por diversos tipos de intervenciones de la Policía durante los actos de protesta recientes.
Este número no incluye los cientos de personas que, se estima, sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados en al menos seis fechas diferentes.
De esas 43 personas, como mínimo 29 resultaron perjudicadas por alguna técnica de uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades.
Asimismo, el informe resalta cinco denuncias relacionadas con el mal manejo de las multitudes, el uso desproporcionado de fuerza por parte de la Policía e intimidaciones de agentes del orden público en las redes sociales.
“Hemos creado este informe con gran sentido de urgencia. Es un documento preliminar y vivo; es decir, estará en constante desarrollo. Seguimos recibiendo y confirmando información sobre los casos que ya hemos identificado o sobre otros nuevos”, explicó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Para la confección del documento se utilizaron fuentes diversas, como entrevistas personales, una encuesta de uso de fuerza creada por Kilómetro Cero, que fue revisada con entrevistas; informes de prensa escrita y gráfica; testimonios visuales y textos publicados en las redes sociales; relatos de observadores, activistas y de abogados que apoyan o defienden a los manifestantes detenidos.
“Al mirar los vídeos, fotos y testimonios de esta documentación, es evidente el exceso de uso de fuerza del Estado en el contexto de una actividad protegida como es la protesta; la desproporción de sus ataques a manifestantes, que no representaban amenaza alguna, y su violencia e incompetencia al arrestar manifestantes”, añadió Narváez.
Para Edgardo Román Espada, presidente del Caapr, “los derechos civiles, en particular el derecho a la protesta, son esenciales a la democracia. El abuso de la fuerza policiaca es un ataque frontal a cualquier noción de democracia”.
Las organizaciones involucradas en el informe, por otro lado, consideraron adecuado que se documenten los daños que hayan recibido también los agentes del orden público durante la jornada de protestas.
El informe señala, por otro lado, que “no todo uso de fuerza de parte de la Policía es excesivo, pues la Uniformada está autorizada a ejercer la fuerza contra la ciudadanía en situaciones de peligro inminente a la vida o integridad física o cuando no es posible realizar un arresto de otro modo, entre otras circunstancias en que el uso de fuerza de parte del Estado es actualmente legal”. INS
P. Rico-Informe detalla abusos policíacos contra manifestantes en protestas por la renuncia del gobernador
San Juan, 29 jul (INS).- Al menos 20 personas resultaron heridas a manos de las autoridades de ley y orden durante las jornadas de manifestaciones en las que se solicitó la renuncia del aún gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informaron hoy diversas organizaciones que defienden los derechos civiles de la ciudadanía.
Los incidentes reportados entre el 11 y el 25 de julio incluyen macanazos, disparos de armas con municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, daños a la propiedad y otras agresiones.
Las protestas tuvieron, además, un saldo de 16 personas arrestadas, según una documentación preliminar de intervenciones y casos, preparada por la organización Kilómetro Cero, en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), la Brigada Legal Solidaria (BLS), Amnistía Internacional capítulo de Puerto Rico y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
De acuerdo con el documento publicado en la página web de Kilómetro Cero, se conoce que, cuando menos 43 personas se vieron afectadas por diversos tipos de intervenciones de la Policía durante los actos de protesta recientes.
Este número no incluye los cientos de personas que, se estima, sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados en al menos seis fechas diferentes.
De esas 43 personas, como mínimo 29 resultaron perjudicadas por alguna técnica de uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades.
Asimismo, el informe resalta cinco denuncias relacionadas con el mal manejo de las multitudes, el uso desproporcionado de fuerza por parte de la Policía e intimidaciones de agentes del orden público en las redes sociales.
“Hemos creado este informe con gran sentido de urgencia. Es un documento preliminar y vivo; es decir, estará en constante desarrollo. Seguimos recibiendo y confirmando información sobre los casos que ya hemos identificado o sobre otros nuevos”, explicó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Para la confección del documento se utilizaron fuentes diversas, como entrevistas personales, una encuesta de uso de fuerza creada por Kilómetro Cero, que fue revisada con entrevistas; informes de prensa escrita y gráfica; testimonios visuales y textos publicados en las redes sociales; relatos de observadores, activistas y de abogados que apoyan o defienden a los manifestantes detenidos.
“Al mirar los vídeos, fotos y testimonios de esta documentación, es evidente el exceso de uso de fuerza del Estado en el contexto de una actividad protegida como es la protesta; la desproporción de sus ataques a manifestantes, que no representaban amenaza alguna, y su violencia e incompetencia al arrestar manifestantes”, añadió Narváez.
Para Edgardo Román Espada, presidente del Caapr, “los derechos civiles, en particular el derecho a la protesta, son esenciales a la democracia. El abuso de la fuerza policiaca es un ataque frontal a cualquier noción de democracia”.
Las organizaciones involucradas en el informe, por otro lado, consideraron adecuado que se documenten los daños que hayan recibido también los agentes del orden público durante la jornada de protestas.
El informe señala, por otro lado, que “no todo uso de fuerza de parte de la Policía es excesivo, pues la Uniformada está autorizada a ejercer la fuerza contra la ciudadanía en situaciones de peligro inminente a la vida o integridad física o cuando no es posible realizar un arresto de otro modo, entre otras circunstancias en que el uso de fuerza de parte del Estado es actualmente legal”. INS
P. Rico-Solicitan detener contrato de alianza público privada para lanchas a Vieques y Culebra
Vieques, 30 jul (INS).- El colectivo Somos Más Que 100 x 35 solicitó que se paralice la negociación del contrato de alianza público privada para la operación del transporte marítimo por los siguientes 23 años a Vieques y Culebra, ante la falta de información sobre el proyecto y la crisis de gobernanza que sufre el país.
La agrupación, compuesta por residentes, comerciantes y organizaciones de Vieques y Culebra, expresó su temor a que antes del salida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares el próximo viernes “se firme un contrato que ocasione un caos peor al que se vivió cuando se mudó el terminal de Fajardo a Ceiba”, sostuvo Elda Guadalupe, legisladora municipal independiente de Vieques y líder del colectivo.
Agregó que “el proceso de privatización ha estado caracterizado por la falta de transparencia, la falta de información y por no consultar a las comunidades afectadas, específicamente a los residentes de Vieques y Culebra”.
Desde el 2016 se viene impulsando este modelo como una solución al deficiente servicio que ofrece la ATM, pero aparentemente adolece de una pobre planificación, que ha resultado en que sólo dos compañías llegaran a la fase de propuesta: Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) y HMS Ferries, Inc.
“No sabemos si el proceso ha sido verdaderamente competitivo o negociado en el mejor interés público”, añadió Jorge Nales, también líder del colectivo por parte de los comerciantes de Vieques.
En tanto, Dolly Camareno, líder de Culebra y miembro del colectivo, apuntó que “anunciaron que estaban negociando un contrato con la compañía favorecida, pero ante las recientes bajas en la cúpula del gobierno hay mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de proyectos del gobernador. Desconocemos si las negociaciones siguen en pie o qué va a pasar con el servicio”.
Según Somos Más Que 100 x 35 hay muchas preguntas sin responder sobre el tipo y capacidad de las embarcaciones, los permisos, los empleados, las instalaciones de terminales, las rutas, itinerarios de viaje, las tarifas, los costos e impactos de esta contratación y de sus implicaciones fiscales a largo plazo.
“Tememos que el gobierno haya apostado todo a una ‘alianza’ con una compañía sin tener un plan alterno en caso de que no se materialice o colapse el proyecto. Por otro lado, tener que corregir sobre la marcha errores que pudieron haberse evitado en la fase de diseño siempre resulta más costoso y complicado”, explicó Pamela González, colaboradora del colectivo. INS
ndc