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San Juan, 23 jul (INS).- El reclamo del pueblo puertorriqueño exigiendo la renuncia inmediata del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, cristalizado en las protestas y manifestaciones en las últimas dos semanas, demanda la urgencia de ampliar los espacios de participación democrática mediante una reforma constitucional, propuso hoy el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).
De este modo, el alcalde de Isabela intentará que se fortalezca el sistema representativo de Puerto Rico, reconociendo a los ciudadanos como la fuente máxima de soberanía, por lo que emplazó a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, a iniciar de inmediato el proceso de residenciar al mandatario.
Delgado Altieri, quien presentó tres medidas legislativas, definidas como instrumentos democráticos para que se respete la voluntad del pueblo por encima de los vaivenes políticos y los intereses de los partidos, instó a que no haya más dilaciones ni negociaciones para comenzar el juicio político.
“No se puede ignorar que en los últimos días más de un millón de personas hemos exigido la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza; la voz del pueblo tiene que hacerse valer y por eso urgimos a la Asamblea Legislativa a que inicie la discusión para revisar la Constitución y atemperarla a los tiempos actuales”, manifestó.
La primera medida presentada por Delgado Altieri va dirigida a establecer el derecho constitucional a revocar el mandato de un gobernador, así como de los miembros de la Asamblea Legislativa, alcaldes y miembros de las asambleas municipales.
La segunda es para requerir la obtención de más del 50 por ciento de los votos para ser elegido Gobernador de Puerto Rico, y una tercera para limitar a dos términos de cuatro años consecutivos el periodo que una persona puede ocupar el cargo de la gobernación.
Precisó que sus propuestas van directamente a enmendar la Constitución, por lo que se requiere, inicialmente, su discusión y aprobación en el Senado y en la Cámara de Representantes para aprobar una legislación especial habilitadora de un proceso de referéndum que dé paso a que los electores cualificados expresen en las urnas su aprobación o rechazo a estos cambios constitucionales.
“La experiencia que hemos vivido en las últimas semanas, con un gobernador intransigente que se niega a atender el reclamo de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico que exige su salida inmediata de La Fortaleza, y una Asamblea Legislativa que ha actuado con indolencia ante el clamor popular y no ha iniciado el proceso de residenciamiento al que viene ordenado constitucionalmente a actuar”, expresó.
hace necesario y urgente otorgarle a nuestros ciudadanos mecanismos de participación más poderosos para fiscalizar a los funcionarios electos y garantizar procesos de elección más democráticos”, manifestó.
Delgado Altieri insistió en la acción urgente de Rivera Schatz y Méndez para comenzar la evaluación de las tres medidas legislativas que está presentado y que se proceda a la discusión para enmendar la Constitución en una consulta al pueblo en las próximas elecciones.
“En las democracias, el poder radica en la voluntad del pueblo; esa voluntad hay que honrarla, pero, a su vez, requiere que se le otorguen mecanismos a la ciudadanía para que hagan valer su poder ciudadano”, acotó Delgado Altieri.
Sobre el referéndum revocatorio, indicó que se trata de un mecanismo especial dentro del espectro de instrumentos de participación ciudadana que ofrece la democracia representativa para que los ciudadanos puedan destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.
“Este es uno de los instrumentos de la democracia directa, que al iniciarse desde el poder ciudadano permite dar cauce institucional a crisis profundas, como las que estamos viviendo en estos momentos en Puerto Rico, y contribuye a generar canales para preservar las reglas del juego democrático, incrementar la legitimidad del sistema, fortalecer la democracia e imponer importantes retos a la gobernabilidad”, acentuó.
La propuesta del dirigente del PPD sugiere que el proceso de revocación de un mandato se lleve a cabo mediante un procedimiento que inicia con la presentación ante la Comisión Estatal de Elecciones del 20% de las firmas de los electores que participaron en el proceso electoral más reciente, siguiendo todo el rigor que se exige para la certificación de candidaturas y partidos de nueva creación.
Una vez certificado el reclamo ciudadano se procede a la convocatoria de una elección para la que se requerirá la obtención de más del 50% de los votos contabilizados en las urnas para poner en efecto la revocación del término del funcionario en cuestión.
Este mecanismo existe en muchos países del mundo y en Estados Unidos, por ejemplo, está vigente en 26 estados.
Sobre la propuesta de la segunda vuelta electoral, el vicepresidente del PPD apuntó a que se trata de un procedimiento que garantiza que la persona que finalmente salga electa como Gobernador lo haga tras obtener más de la mitad de los votos válidamente emitidos.
Delgado Altieri recordó que el gobernador Rosselló Nevares, fue electo con el 41.8% de los votos de quienes acudieron a las urnas.
El modelo de segunda vuelta electoral sugerido por el dirigente del PPD propone que la celebración de una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos en una primera elección para decidir, por mayoría simple, quien ocupará el cargo.
“Este hecho obligará a los candidatos y partidos políticos a trazar espacios de conversación con otras fuerzas políticas para, mediante la negociación y la concertación, lograr los acuerdos que le permitan obtener los votos necesarios para imponerse en un proceso electoral”, sostuvo.
En la tercera propuesta constitucional que presenta sobre la limitación de términos, aun cuando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no dice nada sobre el número de años que una persona puede ser electa para el cargo de Gobernador, Delgado Altieri recordó que la Convención Constituyente sí discutió el asunto, aunque no determinó restringir los términos.
“En muchas sociedades democráticas, incluyendo Estados Unidos, la limitación del término del Primer Ejecutivo del país es visto como un mecanismo que previene el continuismo político y alienta a procesos de elección más democráticos; esto es algo que debemos establecer para nuestro ordenamiento electoral”, precisó.
Delgado Altieri agregó que su propuesta dispone para limitar a dos términos de cuatro años consecutivos el periodo que un gobernador puede ejercer su cargo.
“Los gobernadores piensan más en la reelección que en el ejercicio de gobernar, y así lo hemos visto en los últimos años. El proceso electoral, en su totalidad, tiene que democratizarse más y eso es parte de lo que presentamos hoy como un paso inicial para otorgarle más poder a nuestra ciudadanía”, reiteró. INS
ndc