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San Juan, 15 jul (INS).- Líderes empresariales de la Coalición del Sector Privado (CSP) expresaron su repudio ante los arrestos de exfuncionarios y colaboradores de la actual administración del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y solicitaron un plan de acción correctivo inmediato.
Para los portavoces de la Coalición, el hecho de no ser la primera vez que un gobierno de turno es objeto de imputaciones en actos de corrupción, hace más apremiante tomar acciones distintas que cambien el ciclo vicioso que ocurre cada cuatro años. “La corrupción no es un asunto político partidista, por lo que requiere de un esfuerzo multisectorial para erradicarse”, afirma la CSP.
Los líderes coinciden en que es imperante que “se implante un plan holístico que logre erradicar el mal de la corrupción de nuestra sociedad. Trabajar en sistemas gerenciales de prevención, educación y adiestramiento tanto en el sector privado como en el público de manera que haya transparencia en los procesos gubernamentales y de contratación”.
Añaden que urge iniciar procesos más participativos del gobierno con el sector privado y la sociedad civil, “buscando soluciones efectivas al fallo del sistema actual contra la corrupción. Todos estos sistemas de control contra la corrupción no están funcionando, por lo que urge que se revisen y modifiquen”.
A continuación apuntan que “dar paso a la investigación, descubrir dónde se está fallando, pues es el desarrollo económico y la calidad de vida del pueblo la que se ve afectada directamente”.
“Estos actos afectan adversamente la percepción ante el mundo de nuestra capacidad como país de manejar los fondos públicos de manera eficiente y con la transparencia que requieren las leyes y la moral. Es impostergable la necesidad de poner en vigor procesos que garanticen la transparencia en todos los procesos de otorgación y monitoreo de contratos en el gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, agencias y en la rama legislativa y judicial”, sostienen.
Resaltan además que “es importante combatir la corrupción a todos los niveles, pero sin perder el norte de mantener un clima de estabilidad en el sector económico y productivo. Todo servidor público que incurra en conducta que falte a las leyes o a la moral, debe ser destituido. La mera apariencia o sospecha que se ha incurrido en un acto ilegal o inmoral tiene efectos nefastos en el país, y en la percepción a nivel mundial”.
“Puerto Rico se encuentra aún en el proceso de recuperación de una de las catástrofes naturales más severas en su historia y necesita impulsar el desarrollo económico con capital local y extranjero. Es por esto que entendemos meritorio que haya una evaluación de todo el andamiaje gubernamental y que se realicen los cambios necesarios con carácter de urgencia para poder concentrar los esfuerzos en la recuperación del país”, concluye la CSP.
La Coalición se compone de diversos grupos profesionales de Puerto Rico, que incluyen a la Asociación de Industriales; Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles, Inc. (AABI); Asociación de Agricultores; Asociación de Constructores; Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de PR; la Alianza de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces; la Cámara de Comercio y Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).
También el Colegio de Ingenieros y Agrimensores; Consejo Empresarial América Latina (CEAL); Grupo Unido de Importadores de Automóviles; Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas; Asociación de Distribuidores de Automóviles; Cámara de Comercio del Sur; Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos; Pharmaceutical Industry Association Puerto Rico Hotel & Tourism Association; y Puerto Rico 3000. INS
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