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San Juan, 12 jul (INS).- El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José B. Carrión III, calificó hoy de desafortunados los arrestos realizados este miércoles por las autoridades federales contra exfuncionarios y contratistas por actos de corrupción, así como el escándalo por la divulgación de contenidos insultantes del chat de Telegram del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su círculo, por entender que laceran profundamente la confianza en las instituciones gubernamentales puertorriqueñas.
“Los acontecimientos que han sacudido a Puerto Rico durante los pasados días son desafortunados y laceran profundamente la confianza que debemos tener en las instituciones gubernamentales”, expresó en aparente referencia a los casos de corrupción y la divulgación del contenido de un chat en Telegram en el cual se utilizaron expresiones vulgares y destempladas contra distintas figuras del país.
El presidente del organismo impuesto por Washington para controlar las finanzas del gobierno isleño afirmó que “todos tenemos la responsabilidad de conducirnos con los más altos niveles de integridad, honestidad y ética en beneficio del pueblo de Puerto Rico y de sus futuras generaciones”.
“La ciudadanía merece que nuestros servidores públicos —en todos los niveles— se desempeñen con un mayor grado de rigurosidad en el descargue de sus funciones para asegurar el buen funcionamiento del gobierno e intentar preservar la confianza de todos los constituyentes”, subrayó Carrión III.
Carrión III destacó que “los incidentes que salieron a la luz pública y que involucran a un número de funcionarios de alto rango, traicionan la gestión y la imagen de Puerto Rico a nivel local y nacional y pudieran tener el efecto de obstaculizar nuestra recuperación económica en momentos en que nuestra gente más lo necesita”.
Expuso que, a pesar del reprochable comportamiento de aquellos que no respetan el bienestar público en el ejercicio de sus funciones, la Junta de Supervisión Fiscal continúa enfocada en reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico y restablecer su salud fiscal, y se mantendrá laborando con aquellos que comparten este objetivo.
Las autoridades federales acusaron el miércoles por actos de corrupción pública y lavado de dinero a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud (ASES) Ángela Ávila, al consultor Alberto Velázquez Piñol, al presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, así como a las hermanas Glenda Ponce, exayudante especial de Keleher, y Mayra Ponce, propietaria de la empresa Colón & Ponce.
Las imputaciones involucran el desvío de 15,5 millones de dólares en contratos, que las autoridades federales entienden estuvieron destinados a beneficios particulares. INS
ndc