Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 10 de julio de 2019
P. Rico-Hernández Montañez envía cartas al Senado de EEUU con supuestas irregularidades que evidencian conflictos éticos y de interés de miembro de la Junta
San Juan, 10 jul (INS).- El representante Rafael Hernández Montañez envió cartas al Senado de EEUU con supuestas evidencias que dan cuenta de “serios conflictos éticos y de interés” en los que ha incurrido Carlos García, actual miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La medida se da en medio del nuevo proceso para evaluar los nombramientos de los integrantes de la JSF por parte del Congreso estadounidense.
“Desde el primer día hemos sido consistentes y denunciamos los conflictos de interés de García como ex asesor y funcionario del gobierno, y ahora como miembro de la Junta. A solo a días de que el Senado haya reanudado sus labores y tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston de extender el proceso de evaluación de los miembros de la Junta, queremos que la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, Lisa Murkowski, el senador Joe Manchin y la congresista Nydia Velázquez tengan conocimiento sobre los hallazgos de nuestra investigación”, expresó Hernández Montañez.
Agregó que “en este segundo proceso de evaluación, los nominados a la Junta serán evaluados como funcionarios federales, a los que les aplicará la sección 109 del Código de Ética Federal, específicamente la sección 208 del título 18 sobre conflicto de interés, y la sección 102 acerca de la divulgación de finanzas”.
El representante dijo que entre hallazgos se destaca que García fue parte de una de las entidades demandadas en el litigio respecto a los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POB, siglas en inglés).
“Como miembro de la junta de directores del grupo Santander desde 2001 a 2009 fue responsable de las transacciones de Santander Securities, una de las principales subsidiarias del grupo Santander que, junto a UBS Financial Services y Ramírez & Co. gestionaron la emisión de bonos de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico. Santander participó activamente en la emisión y venta de gran parte de los bonos como miembro del grupo de ‘underwriters’”, indicó el político.
También recordó que García, como principal financiero del gobierno nombrado en 2009, “permitió que la Administración de los Sistemas de Retiro no invirtiera el dinero de las emisiones de bonos de retiro para que su rendimiento repagara la deuda y el sobrante capitalizara el sistema. Esto provocó el aceleramiento de la quiebra del Sistema de Retiro y no sólo defraudó al sistema, sino que también engañó a los cooperativistas y retirados del sector privado de nuestro país que les prestaron los ahorros de toda una vida”.
A su vez, consignó que como presidente del BGF, entre el periodo de 2009 a 2011, hizo seis emisiones de bonos de Cofina y aumentó el margen prestatario de nueve billones a 16 billones.
Además, señaló que García “creó el esquema de Cofina, que diferencia entre seniors y subordinados, poniéndole todo el peso del riesgo al capital local, para luego como miembro de la Junta pactar el nefasto acuerdo de reestructuración de Cofina en el 2018”.
De igual forma, el representante sostuvo que siendo presidente del BGF “utilizó el esquema de emitir bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), manejando el dinero de forma desmedida a través de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura (AFI). Pero, como miembro de la Junta consintió declarar sus propias emisiones de bonos de la AEP inconstitucionales, por alegadamente sobrepasar el margen prestatario”.
“El conflicto de interés de García en la Junta de Control Fiscal, ya no se limita solo a su participación como presidente del BGF en la transacción de los Sistemas de Retiro, sino que, como parte de junta de directores del grupo Santander, también supervisó y tuvo conocimiento de la suscripción, emisión y venta de bonos que gestionó Santander Securities. La pregunta es, ¿cómo Carlos García puede participar de la evaluación sobre la legalidad de la emisión de los bonos siendo miembro de la JCF, si él mismo endosó, vendió y compró?”, cuestionó Hernández Montañez.
Opinó que “no es posible que este señor siga siendo parte de la Junta de Control Fiscal. Por eso nuestro llamado al Senado y al Congreso es a cuestionar a cada uno de los nominados a la Junta sobre su participación en las transacciones de financiamiento público, ya sea como asesor, proveedor o intermediario. De igual forma, si estos han recibido algún contrato o beneficio con alguna de las instituciones inversionistas en Puerto Rico. De otra parte, emplazamos a la directora de la Junta, Natalie Jaresko, a que conteste el requerimiento de información que le hiciéramos el 4 de junio de 2019 sobre cómo votaron los miembros de la JCF cuando aprobaron las diferentes resoluciones adoptadas por este ente desde su creación, ya que al día de hoy no hemos recibido respuesta. Es momento de rendir cuentas y de hacer pública esta información”. INS
P. Rico-Educación falla en implantación de la Ley contra el hostigamiento e intimidación en las escuelas, afirma López León, autora de la medida
San Juan, 10 jul (INS).- La senadora Rossana López León afirmó que el Departamento de Educación (DE) está incumpliendo con la atención de los casos de bullying que se supone estén atendiendo en las regiones educativas de Puerto Rico.
Le senadora es la autora de la Ley 85 de 2017 (“Ley contra el hostigamiento e intimidación o bullying del Gobierno de Puerto Rico”), también conocida como “Ley Alexander Santiago Martínez”, en honor del fallecido adolescente ponceño que se dio a conocer, involuntariamente, en abril de 2013 cuando separó a dos estudiantes que peleaban en una escuela en Ponce.
Vídeos que fueron colgados en las redes sociales dieron cuenta del acto de civismo del joven de 15 años, lo que le mereció el reconocimiento del país.
Un año después, en agosto de 2014, Santiago Martínez murió repentinamente de causas naturales a la edad de 16 años.
“Esta es la medida que busca salvaguardar el entorno escolar como uno libre de violencia, eliminando todo tipo de hostilidad y propiciando el enriquecimiento del intelecto de los niños y jóvenes de la Isla. Pero luego de haber hecho una petición oficial al DE, ayer recibimos la información de los casos que se atendieron el año pasado, sin embargo, desde la firma de la ley en el año 2017 hasta julio de 2018, el DE no registró caso alguno, lo que evidencia que nuevamente la burocracia y la falta de urgencia dejaron cientos de casos sin atender”, declaró la también candidata a la alcaldía de San Juan en las próximas elecciones.
Agregó que “lo peor de todo es que a estas alturas el DE no ha aprobado el reglamento a seguir con los casos que registran. Todo se queda en papeleo y eso es inaceptable”.
Con relación a los datos provistos por el DE, en el pasado año 2018 se atendieron casos a partir de agosto, hasta diciembre, con 778 casos en todo Puerto Rico, siendo la Región de San Juan la que reportó más casos, con 166, divididos entre 145 casos regulares y 21 de cyberbullying.
Le sigue la Región de Mayagüez con 163 casos (104 regulares y 49 de cyberbullying).
La Región de Humacao sigue con 122 casos (108/14), la de Bayamón con 114 (99/15), Ponce con 84 (73/11), Caguas con 65 (53/12) y la Región de Arecibo con la menor cantidad de casos registrados 64 (54 regulares y 10 de cyberbullying).
“El acoso entre niños y adolescentes es un problema que está en ascenso en Puerto Rico y se estima que uno de cada 10 menores es víctima de bullying. En nuestro país, donde la violencia es generalizada, la conducta del acoso, intimidación o agresión física y verbal trasciende también a las relaciones sociales entre niños y adolescentes”, añadió la senadora.
López León solicitó al recientemente confirmado secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, que asigne personal y recursos para cumplir con la Ley 85 de 2017. INS
P. Rico-Mala administración, violaciones de derechos a trabajadores y a leyes estatales en municipio de Arecibo, acusa Prosol-Utier
Arecibo, 10 jul (INS).- El Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Prosol-Utier) denunció el “caos administrativo” que impera en el municipio de Arecibo a cargo del alcalde Carlos Molina.
Predominan en ese ayuntamiento, erradas y deficientes prácticas administrativas y violatorias de leyes, procedimientos de personal y derechos laborales, dijo el coordinador de Prosol-Utier, Luis Pedraza Leduc.
“Algunas de las acciones que definen el desastre que prevalece en la alcaldía de Arecibo incluyen las violaciones a los procedimientos de personal donde se otorgan ascensos, nombramientos, aumentos de sueldos y bonificaciones para comprar votos. El alcalde Molina también mantiene deudas de años anteriores con el bono de Navidad de los empleados, licencias por enfermedad y aportaciones al sistema retiro de los empleados activos y pensionados. Incumple además con leyes de salud y seguridad. Ante todas esas violaciones, hemos radicado múltiples querellas en foros administrativos sin lograr solución a estos asuntos”, denunció.
Pedraza Leduc enfatizó que todas esas violaciones del alcalde arecibeño inciden en el panorama incierto que impera en el día a día del funcionamiento del municipio.
Añadió que Molina intenta opacar su mala imagen de administrador con “politiquería”.
“La mala imagen de la gestión del alcalde Molina que ya no puede ocultar, incluye que no haya podido retener en los pasados tres años de incumbencia un equipo de administración competente, múltiples cambios en la dirección de Finanzas, la secretaría municipal, Obras Públicas, Recursos Humanos y el Comisionado de la Policía, entre otras divisiones en las que ha creado inestabilidad y afectado el cumplimiento con los procedimientos. Ese es el caso también de las múltiples empresas municipales que se han inaugurado bajo su incumbencia”, añadió el dirigente de la organización, representante sindical de los empleados municipales.
Según Pedraza Leduc, el alcalde también ha usado a empleados municipales en horas laborables para distribuir propaganda partidista y hacer actos proselitistas en su intento por elevar su “mala imagen”. “Todo ello, mientras es de conocimiento público que varios empleados y funcionarios han participado de procesos de investigación en agencias estatales y federales por presuntos actos ilegales de parte de funcionarios municipales”, sostuvo.
Ante este cuadro, el portavoz de Prosol-Utier declaró que la agrupación “mantiene una campaña en defensa de una sana administración del recurso humano en el ayuntamiento de Arecibo y denuncias sobre las deficiencias administrativas que continúan ocurriendo sin soluciones reales. También continúa el reclamo por solución a las querellas radicadas tanto en los foros administrativos como judiciales, que entre otras cosas incluyen ascensos ilegales a oficiales de la Policía Municipal. La campaña incluye no solo la denuncia, sino en el reclamo para que el alcalde pague los salarios adeudados a los empleados que mensualmente realizan protestas para que Molina cumpla con la ley y el orden que tanto reclaman los políticos de turno. Es descarado que Molina quiera proyectarse como un buen alcalde cuando su proceder indica todo lo contrario, lo cual incluye violaciones de leyes y procedimientos”.INS
P. Rico-PPD condena “silencio cómplice” de alcaldes PNP ante la “amenaza” de Rosselló Nevares y la JSF contra los municipios
San Juan, 10 jul (INS).- La Conferencia de Presidentes Municipales no Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) reclamó a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) por su “silencio cómplice” ante las “amenazas” del gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los 78 municipios de Puerto Rico.
“Si cuando el gobernador Ricardo Rosselló presentó el plan fiscal que aprobó la Junta y que celebraron con aplausos en el jardín hundido de La Fortaleza, no hubieran incluido la eliminación de 350 millones a los 78 municipios, hoy los ayuntamientos no estuvieran en la grave crisis que tienen ahora. Desde ese momento los alcaldes federados iniciaron su silencio cómplice”, aseguró Julio Roldán, presidente del Comité Municipal del PPD en Aguadilla.
Roldán advirtió que ahora, de eliminarse la Ley 29 (PayGo y Retiro) firmada por Rosselló e impugnada por la Junta, cerca de 47,000 empleados municipales podrían enfrentar el desempleo.
“Habiendo en cada hogar un promedio de cuatro personas, el golpe financiero de esta situación sería para 188, 000 puertorriqueños de todas las edades”, dijo.
Agregó que “los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) están guardando un silencio cómplice ante los planes de cerrar municipios o implantar el concepto de condados con la única razón de ser una idea importada de Estados Unidos. A la gente hay que hablarle con la verdad: cerrar un municipio no le ahorra recursos a nadie, cerrar municipios es fomentar el desempleo y la cancelación de servicios a la población”.
En tanto, Christian Cortés Feliciano, presidente del PPD en Aguada, señaló que “es insólita la actitud de la Federación de Alcaldes ante el tirijala de Rosselló y la Junta. La ley 29 exoneraría a los municipios de cumplir de reembolsarle a al gobierno cientos de millones de dólares en pensiones. Le corresponde al gobierno central cumplir con los municipios y solamente los alcaldes asociados están dando la batalla por los municipios en esta lucha. La gente que vive en los municipios con alcaldes novoprogresistas deben cuestionarle a ellos su complicidad en toda esta situación. Cerrar un municipio es cerrar oportunidades, es cerrar las oportunidades de desarrollo”.
Durante una conferencia, Juan Daniel Marrero, presidente del PPD en Toa Baja, cuesionó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares “por qué no devolverle a los 78 municipios de Puerto Rico los 350 millones que les ha quitado a los ayuntamientos, ya que en su mensaje de presupuesto anunció que tenía 6,000 millones en caja. Esos fondos son para darle servicio a las familias, para generar deportes en las comunidades, para asfaltar las calles y carreteras que el gobierno central no está haciendo”.
Mientras, Yanira Ramos, presidenta del PPD en Yauco, presentó los dramáticos ejemplos de cómo quedarían los presupuestos municipales de eliminarse la Ley 29.
“El municipio de Comerío quedaría en 2.8 millones solamente, Orocovis 3.5 millones, el municipio de Florida con tres millones y mi pueblo de Yauco quedaría con siete millones de los 12 millones que tiene actualmente”, detalló.INS
P. Rico-Victoria Ciudadana denuncia incumplimiento de la CEE con sentencia judicial
San Juan, 10 jul (INS).- Portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) denunciaron el incumplimiento por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) del acuerdo alcanzado el pasado 4 de junio ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, referente al endoso electrónico.
El acuerdo fue logrado luego de que Victoria Ciudadana demandara a la CEE por esta última negarse a hacer disponible la herramienta que permite el recogido de endosos electrónicamente, a pesar de haber sido aprobada unánimente por todos los comisionados electorales en 2017 y haber requerido de un desembolso de más de 127,000 dólares en fondos públicos.
“Desde el primer día se ha pretendido retrasar el proceso de inscripción de Victoria Ciudadana. Primero, nos brindaron en múltiples ocasiones registros electorales con información incompleta. Luego, nos entregaron una cantidad muy limitada de endosos, una muy por debajo del mínimo requerido por ley. Recientemente, nos negaron acceso al módulo electrónico para el recogido de endosos a pesar de que el mismo había sido aprobado, financiado y producido”, denunció la portavoz, Ana Irma Rivera Lassen.
Tras el rechazo, el MVC recurrió al tribunal para lograr tener acceso al módulo de radicación electrónica de endosos.
Las partes, MVC y los comisionados electorales del PIP, PPD, PNP y CEE, llegaron a un acuerdo ante el Tribunal de Primera Instancia que le brindaba acceso a la herramienta electrónica a Victoria Ciudadana, pero dicho acuerdo fue desacatado el pasado 12 de junio por la comisionada electoral del PPD y el comisionado electoral del PNP.
La decisión fue notificada al Movimiento el 24 de junio mediante la resolución CEE-19-47.
Los portavoces de Victoria Ciudadana reconocen esta decisión como un incumplimiento de sentencia y han presentado una moción de reconsideración ante la CEE para que deje sin efecto la resolución 19-47, cumpla con la sentencia y que se le permita el acceso al módulo electrónico.
“Lo ideal es que la CEE sea un agente facilitador, pero lamentablemente, ese no ha sido el caso,” opinó Rosa Seguí, representante legal de Victoria Ciudadana.
Mientras, la también vocera Alexandra Lúgaro, aseguró que “no nos dejaremos intimidar por los obstáculos que nos han presentado. De no cumplir con la moción de reconsideración, acudiremos al tribunal nuevamente para asegurar el buen uso de los fondos públicos y el acceso de todas a participar en igualdad de condiciones del proceso electoral”.INS
P. Rico-Unete propone cancelar escuelas chárter y vales educativos ante el “rechazo mayoritario de las comunidades escolares”
San Juan, 9 jul (INS).- La Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete) propuso la “cancelación de la conversión de escuelas públicas en escuelas chárter y de los vales educativos asignados a colegios privados” debido al “rechazo mayoritario de las comunidades escolares y la crisis presupuestaria en el Departamento de Educación (DE)”.
La presidente del gremio magisterial, Liza Fournier Córdova, señaló que en esas circunstancias “es una locura continuar con proyectos que transfieren fondos públicos a entidades privadas”
“En varias ocasiones el DE ha señalado que anunciará las escuelas que se convertirán en chárters. Pero ya estamos en la segunda semana de julio y se ha reubicado a maestros permanentes, se otorgaron 2,500 permanencias y se inició el proceso de nombramiento de maestros transitorios. Por lo tanto, ya no es viable ningún anuncio de convertir escuelas en chárter”, argumentó.
A su entender, en caso de hacerlo, se violarían “los derechos de maestros permanentes y el derecho de los estudiantes a ser reubicados en otras escuelas para las que tendrían que comprar el uniforme correspondiente”.
Recordó que en dos reuniones sostenidas con el secretario de Educación, Eligio Hernández, en mayo y junio, Unete planteó que se hiciera pública la lista de escuelas a convertirse en chárter.
“Esta exigencia la hicimos por las implicaciones que tiene para los maestros y los estudiantes que no quieren estar en una escuela chárter. Sin embargo, la respuesta fue que se anunciaría a fines de junio”, lo que aún no sucede.
Con relación a los vales educativos, Fournier Córdova planteó que “la petición de 19 millones de dólares que solicitó el DE a la legislatura para asignarlos a colegios privados, no están contemplados en el presupuesto aprobado y no podemos permitir que ante las necesidades de materiales y equipos en las escuelas se desvíen fondos hacia colegios privados”.
Señaló que el interés en los vales educativos “ha fracasado porque el secretario ha tenido que posponer el período de solicitud en dos ocasiones. Primero era hasta el 30 de junio, luego el 3 de julio y ahora el 10. Esperaban miles de solicitudes y eso no ha ocurrido. Es evidente el rechazo a una medida innecesaria. El mensaje de las comunidades escolares es claro: los fondos públicos, para las escuelas públicas”. INS
P. Rico-Representante del PPD denuncia posible conflicto de interés en el DMO
Carolina, 9 jul (INS).- El representante Ángel Matos García, del Partido Popular Democrático (PPD), denunció hoy un esquema de posibles conflictos de intereses en la junta de directores de la Organización de Mercadeo de Puerto Rico (DMO) y la petición de mudanza a unas nuevas instalaciones por parte del CEO, Brad Dean.
“En una reunión de junta con fecha del 13 de mayo, se llevó a votación la propuesta del señor Dean de mudar la sede del DMO del Viejo San Juan a una empresa de desarrollo hotelero que cuenta con una silla en la junta de directores, votación que se dio luego de que dos integrantes se excusaran de la reunión para ese voto”, denunció Matos García.
La señora Graciela Eleta, quien funge como directora electa no confirmada del DMO, ocupa una silla en la junta y, a su vez, aparece como consultora de Interlink, empresa dedicada al desarrollo hotelero.
“La junta de directores debe explicar cómo fue el proceso de subasta, si hay verdaderas economías y por qué hay que tener hasta un grupo para estudio y diseño del nuevo espacio con el gasto que representa, en momentos donde el turismo se muere en la isla”, reclamó el representante por Carolina.
La Organización de Mercadeo de eventos gasta unos 400,000 en alquiler de instalaciones, más 334,100 en servicio de telefonía, internet y materiales de oficina, según el presupuesto 2018-2019.
El representante cuestionó esta decisión “en momentos de investigaciones federales y peticiones de transparencia, y que el organismo escoja mediante un proceso turbio una sede que beneficia a una empresa con silla directa en la junta del DMO”.
“A los 734,100 dólares se suman los 250 mil de salario de Dean y unos 150 mil en gastos de reubicación, lo que hace de esta organización una que desfalca el dinero de la industria y el país, sin resultados positivos y que, según los números oficiales de la Compañía de Turismo, son los más bajos de la historia”, denunció Matos.
Finalmente, Matos hizo un llamado a la transparencia, al denunciar la creación de un comité de ética que establece las guías para la liberación de información a los medios de comunicación del país.
“Me preocupa que en la página 4 de la minuta se habla de unas guías de ética y gobernanza que establece qué información ‘se puede dar’ y cómo se hace disponible, en momentos de alta corrupción gubernamental. El DMO está dando el peor ejemplo a la industria y al país. Presentaré una resolución para investigar a fondo este esquema de posible corrupción”, anunció. INS
ndc