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La abogada Laura Díaz y el director del programa de la zona costanera, Ernesto Díaz, ambos del DRNA, deponen ante los senadores Carlos J. Rodríguez Mateo y Cirilo Tirado Rivera. Inter News Service
San Juan, 10 jul (INS).- El presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, Carlos Rodríguez Mateo, acogió hoy una serie de enmiendas sugeridas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al anteproyecto que busca establecer durante 20 años una moratoria de construcción a lo largo de toda la zona costanera de la Isla.
La secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, identificó en vista pública por intermedio de su representante legal Laura Díaz y el director del programa de zona costanera, Ernesto Díaz, una serie de problemas en el lenguaje del proyecto de ley que no permite endosarlo como se presentó.
“La realidad es que la ponencia de ustedes hace un justo balance entre lo que debe ser la preservación del medio ambiente, por un lado, y que podamos desarrollar actividad económica en cada una de nuestras costas”, afirmó Rodríguez Mateo.
Reconoció que el proyecto ha causado “preocupación” en diversos sectores, pero que no debe interpretarse como un rechazo al espíritu de la medida.
“Acogemos sus recomendaciones”, agregó el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
En la ponencia firmada por la secretaria del DRNA se corrige la estadística del Proyecto del Senado 1122, el cual indica que el promedio de aumento en el nivel del mar para Puerto Rico es de 1cm anual.
“Actualmente, se encuentra en 2.04 mm/año para el mareógrafo de La Puntilla en San Juan y 1.82 mm/año en el mareógrafo de Magueyes en Lajas”, se explicó.
En la zona costanera convergen usos públicos y privados, entre ellas el 61% de las residencias de la población y sobre el 70% de la actividad económica de la jurisdicción de Puerto Rico.
La franja de terrenos costeros se extiende mil metros o distancias adicionales, hasta asegurar que se incluya los sistemas naturales de la costa.
Toda esta zona es vulnerable por ser terrenos potencialmente inundables por marejadas ciclónicas, oleaje o desborde de ríos, entre otras, se indicó.
No obstante, una observación de mayor importancia es que la moratoria que se solicita en el proyecto “es homogénea”, es decir, a toda la costa de la Isla.
“Es pertinente resaltar que la zona costanera no es una franja homogénea, por lo cual resulta imperativo que los procesos de planificación, ordenación y reglamentación, así como los procesos de desarrollo, diseño y construcción, reconozcan la realidad la realidad específica particular de cada espacio y la compatibilidad con la iniciativa que para ese espacio se proponga”, señaló la abogada del DRNA.
La costa presenta una diversidad de rasgos geomorfológicos que determinan en gran medida su vulnerabilidad en sus diferentes segmentos, como las zonas de acantilados y costa rocosa, distinto a segmentos inundables de mangles, playas arenosas y humedales. En ese sentido se requiere aplicaciones distintas de desarrollo o su prohibición.
“Entendemos que no debe atenderse la situación de forma generalizada”, apuntó la exponente del DRNA.
También se debe especificar si el criterio de prohibición de construcción es a los mil metros o a los primeros 100 metros de ancho a partir de la zona marítimo-terrestre.
El proyecto de ley tampoco hace referencia a la llamada zona de salvamento, de 20 metros, y la de vigilancia, a seis metros, “adyacentes y contiguas al límite interior tierra adentro de la zona marítimo-terrestre, las cuales constituyen un gravamen a la propiedad privada que debe ser dedicado a uso público”.
En la Isla hay 1,225 playas, se reveló; el 60% de ellas tiene problemas de erosión, no así el restante 40%, el cual tampoco corre riesgos por el aumento del nivel del mar.
El DRNA llamó la atención a que el proyecto redefine el espacio reconocido como zona marítimo-terrestre, distinto a leyes, reglamentos y jurisprudencia del Tribunal Supremo, motivo por el cual tampoco avaló la medida.
Aunque el espíritu de la ley fue encomiado, se debe actuar “de manera cautelar, diferenciada y específica”.
Un razonamiento similar fue expuesto por la Junta de Planificación (JP), incluyendo su cuestionamiento de la redefición de la zona marítimo-terrestre en el proyecto, que difiere de su Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos y que la prohibición tampoco se debe establecer de manera “indiscriminada”.
Para la JP, falta además “un estudio que justifique dicha acción dentro de las propiedades afectadas” y debe tomarse en consideración los 44 municipios costeros, 9 de los cuales tienen autoridad para determinar el uso y desarrollo de sus suelos.
Mientras, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) sostuvo que los esfuerzos deben concentrarse en que se aplique con mayor fiscalización los actuales y restrictivos reglamentos.
El senador Cirilo Tirado Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), quien presidió esa comisión en la pasada Asamblea Legislativa, participó de la vista. INS
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