Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 9 de julio de 2019
P. Rico-Confirma el Senado con voto partidista a Parés como secretario de Hacienda
San Juan, 9 jul (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó ayer, en sesión extraordinaria y con el voto del Partido Nuevo Progresista (PNP), el nombramiento de Francisco Parés como secretario de Hacienda, a quien dio su respaldo la exsecretaria del ramo Teresita Fuentes, quien dejó el cargo en febrero pasado ante la inacción del gobernador Ricardo Rosselló Nevares por su denuncia en privado de irregularidades en la dependencia.
Aunque contó con el voto en contra de las minorías y del senador independiente José Vargas Vidot, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió el nombramiento por entender que no hay nada que implique a Parés en acto ilegal alguno.
Aseguró que tras su reunión con Parés, este le informó que prosiguen las investigaciones sobre las denuncias realizadas en torno a la operación del Departamento de Hacienda.
Rivera Schatz informó que la exsecretaria Fuentes le comunicó que Parés “es una persona muy competente, capacitada, vertical e idónea para que en estos momentos ocupe el cargo de Secretario de Hacienda”.
El presidente del Senado leyó la carta enviada por Fuentes en la que detalló las cualidades del nominado.
“Le escribo este breve testimonio sobre Francisco Parés, a quien cariñosamente llamamos Paquito. En el tiempo que estuve al frente de la agencia este me demostró ser un trabajador incansable. Su sentido de responsabilidad no tiene límites en sus horas de trabajo. No creo que haya mejor candidato para darle la credibilidad que la agencia requiere. Paquito cuenta con mi apoyo”, estableció Fuentes en su carta.
Rivera Schatz también indicó que se reunió con la licenciada Mayra López Mulero y que expuso la información discutida con todas las delegaciones, incluyendo al senador independiente Vargas Vidot.
“Aquí no hay un solo cuestionamiento sobre la figura de Francisco Parés. Nadie ha dicho nada negativo que lo implique o lo involucre en algún acto ilegal”, dijo Rivera Schatz en su turno inicial luego de escuchar la exposición de senadores de la delegación del opositor Partido Popular Democrático (PPD) al respecto.
El senador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) planteó: “¿Alguien aquí piensa que si hubiese algo en contra de Francisco Parés no fuese primera plana? ¿Alguien cree? Si yo tuviera alguna duda le votaría en contra”.
La Cámara alta aprobó las demás medidas enviadas por el gobernador Rosselló Nevares para esta sesión extraordinaria, como el proyecto de la Cámara 2112, que tiene como objetivo uniformar, establecer controles y transparencia en todas las transacciones de gobierno.
Además, se aprobó la resolución conjunta de la Cámara 514; ambas medidas fueron aprobadas en sus Informes de Conferencias.
En cuanto al proyecto del Senado 280 este ya había sido sancionado por ese cuerpo legislativo, pasando a la Cámara de Representantes en donde se aprobó. INS
P. Rico-De los 29 vertederos existentes en la Isla, 18 no cumplen con la reglamentación ambiental y, de ellos, 11 tienen orden de cierre
San Juan, 9 jul (INS).- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó en una audiencia pública de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Energía y Planificación que actualmente en Puerto Rico hay 29 vertederos o sistemas de relleno sanitario (SRS), de los cuales 11 solamente cumplen con la reglamentación ambiental estatal y federal.
Los 18 vertederos restantes no están en cumplimiento ambiental.
De estos, 11 tienen orden de cierre de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y son Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.
El presidente de la Comisión, Víctor Parés Otero, celebró la audiencia pública como parte de la resolución 1339, que ordena investigar y evaluar urgentemente el proceso de cierre de varios vertederos en Puerto Rico, las alternativas para proceder con la disposición de desperdicios sólidos una vez se cierren, así como el estatus de asignación de fondos federales para atender la situación, entre otros fines.
En 2018 la Ley Presupuestaria Bipartidista del Congreso de los Estados Unidos confirió a la EPA 40 millones mediante subvención económica para el manejo de desperdicios peligrosos y desperdicios sólidos en Puerto Rico.
Según se informó, al presente, esta subvención se está trabajando en conjunto por el DRNA y la EPA.
“Estamos indagando qué ocurre cuando la EPA ordena el cierre de un vertedero, y qué acciones toma el Estado o los municipios como medida para disponer de los desperdicios sólidos que se depositaban en esa facilidad. Vamos a estar citando a los alcaldes y a la EPA, ya que según se ha dicho en esta vista, se estima que cerca del 67% de los vertederos cerrarán entre el 2022 y el 2025”, expresó Parés Otero.
Agregó que “hay que buscar acciones concretas y apremiantes ante la situación existente hoy, con los vertederos. No podemos continuar en un limbo, hay que ejecutar política pública e imponer consecuencias”.
Tanto Laura Díaz, asesora legal del DRNA, como la gerente del Área de Calidad y Terrenos de la agencia, María Coronado, enfatizaron en que a la situación con los vertederos se suma el hecho que los huracanes Irma y María generaron más de ocho millones de yardas cúbicas de escombros, los cuales terminaron siendo depositados también en los vertederos, “por lo que la vida útil de estos se redujo entre dos años y medios y tres años”.INS
P. Rico-Querella de Ayuda Legal ante HUD por riesgo de exclusión a fondos CDBG-DR a afectados por huracán María
San Juan, 9 jul (INS).- Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó una querella ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, debido a que las guías de la Vivienda de Puerto Rico evidencian una parte de las personas a las que el huracán María dañó o destruyó su hogar están en riesgo de sufrir exclusiones y desplazamientos por parte del gobierno.
La licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, consideró que sería una verdadera tragedia que, en lugar de facilitar la reparación de los destrozos causados por el huracán María a cientos de miles de hogares, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de la Vivienda agraven la situación de las personas más pobres del país a través de exclusiones, desplazamientos forzosos y del desmantelamiento de comunidades más vulnerables.
ALPR, que sometió la querella ante la Oficina del Inspector General de HUD, advirtió que el Plan de Acción y las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación publicado por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el pasado 15 de junio no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos, a pesar de requerirlos HUD al gobierno de Puerto Rico para poder recibir y usar fondos Community Development Block Grant (CDBG-DR).
Godreau Aubert precisó que las guías carecen de parámetros claros para ofrecer asistencia aquellas personas que no tienen un título formal sobre sus viviendas, aparte de que tampoco explican las medidas que se tomarán para proteger la integridad de las comunidades afectadas por relocalizaciones.
Al actuar de esta manera, el Departamento de la Vivienda viola la reglamentación federal de los fondos CDBG-DR.
“Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras; tanto la mitigación –para la que se recibieron fondos– como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que relocalizar, esta debe ser la última opción y debe hacerse con respeto a la comunidad”, sentenció la abogada.
Según Godreau Aubert, lo que indican las guías de implementación y el Plan de Acción es que, si una persona carece de un título formal, será referida al programa de Autorización de Título, pero a semanas de que se inicie el proceso, el Departamento de la Vivienda no ha publicado detalles de este programa.
La abogada comunitaria Paula Fournier del Valle indicó, por su parte, que la situación creada por el Departamento de la Vivienda es similar a lo que sucedió con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y que provocó que casi 70,000 personas se quedaran sin asistencia a pesar de haber sufrido enormes daños con el huracán María.
Fournier del Valle señaló que si en el proceso de relocalización hay propiedades que pasan a manos del Departamento de la Vivienda, debe existir una restricción a que estos terrenos terminen siendo desarrollados en proyectos privados.
En su querella, ALPR también denunció que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico solamente publicó en inglés las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de CDBG-DR, lo es una violación Título VI de la Ley federal de Derechos Civiles de 1994.
Luego de la presentación de la querella, el pasado viernes, 5 de julio, se publicó una traducción al español.
Antes de acudir a HUD, ALPR se reunió en varias ocasiones con funcionarios del Departamento de la Vivienda pero ninguno de los señalamientos fue corregido.
“Es lamentable que tengamos que recurrir a mecanismos federales para exigir que el gobierno local garantice que el dinero llegará a las personas y comunidades que dos años después del desastre todavía esperan techo digno”, sentenció la directora ejecutiva de ALPR.
El equipo de ALPR exhortó a todo grupo y organización involucrada en la recuperación de Puerto Rico a educarse sobre los procesos de presentación de querellas ante la Oficina del Inspector General de HUD y a querellarse cuando sea necesario.
Explicó que, quien desee orientarse o necesite querellarse, puede encontrar una guía sencilla en www.recuperacionjustapr.com
El trabajo de ALPR promueve el acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa de Puerto Rico.
La organización define la recuperación justa como el derecho que tienen las personas y comunidades a que los planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades y respetando sus derechos humanos. INS
P. Rico-CUTE se une a organizaciones sindicales para que se solicite renuncia del director ejecutivo de la AEP y director de la AFI
San Juan, 9 jul (INS).- La Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) se unió a las voces que están pidiendo al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la junta de directores de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que soliciten la renuncia al director ejecutivo de la agencia, Josean Nazario, y al director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz.
El reclamo se hace a raíz de la noticia emitida por un programa televisivo y por un periódico nacional la pasada semana, en la cual denuncian supuestos favoritismos por parte del director ejecutivo de la AEP y del director de AFI, que otorgaron contratos para el mantenimiento y mejoras de escuelas del Departamento de Educación a una compañía propiedad de la cuñada del director ejecutivo.
También se alega que el director de la AFI, Eduardo Rivera Cruz fue el padrino de boda del Director Ejecutivo de AEP, Josean Nazario.
El secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Edificios Públicos, Federico Torres Montalvo, impugnó además la decisión del gobernador, dada a conocer mediante entrevista radial, designando al secretario de la Gobernación para que sea quien haga una investigación sobre el caso.
“El secretario de la Gobernación no es la persona llamada hacer este tipo de investigaciones, cuando hay una denuncia que, de ser cierta, implicaría delitos criminales. Corresponde a uno de los organismos del Estado, como el Departamento de Justicia, Ética Gubernamental o la Oficina del FEI”, sostuvo el dirigente sindical. INS
P. Rico-Aseguradoras se defienden tras multas emitidas por violación a normativa que garantiza el pago a los proveedores en el proceso de transición del cambio del programa Mi Salud al plan Vital
San Juan, 9 jul (INS).- Las principales aseguradoras que proveen servicios del plan de Salud Vital a los puertorriqueños acudieron ante la Comisión de Salud de la Cámara, que preside el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, donde se abordó la resolución 1357, que investiga la relación de pagos del plan de gobierno de Puerto Rico con los proveedores de salud.
En la audiencia pública las aseguradoras Molina Healthcare, MMM Multi Health, Triple-S Salud, First Medical Health Plan y Plan de Salud Menonitas se defendieron ante las multas emitidas por violaciones a la carta normativa 18-1003, que garantiza el pago a los proveedores en el proceso de transición del cambio del programa Mi Salud al plan Vital.
La Oficina de Cumplimiento de la ASES confirmó a la Comisión que se emitieron multas a compañías de salud que no cumplieron con la normativa.
Nydia Ortiz Villafañe, vicepresidenta senior de la División de Monitoreo Operacional de Triple-S, indicó que desde que fue puesto en funcionamiento del plan Vital, al 30 de junio han recibido 2,170,682 reclamaciones, para un promedio de 271,335.
La representante de Triple-S dijo además que se han pagado 1,505,222 reclamaciones, para un total de 173,098,250 dólares, además de 36.3 millones de dólares en contratos de servicios primarios y 33.1 millón en entidades que ofrecen servicios en salud mental, programas de guardia, servicios de urología, entre otros.
El monto representa el pago a hospitales, especialistas, profesionales, laboratorios, radiología y dental, entre otros.
De igual forma, depuso la vicepresidenta de Operaciones de MMM Multi Health (MMM-MH), Solange de Lahongraris, quien afirmó que la compañía no ha “detenido caprichosamente” los pagos a los proveedores ante la llegada del plan Vital.
“Desde noviembre 1 de 2018, hemos recibido en promedio 226 mil reclamaciones mensuales, 90 por ciento de las mismas de forma electrónica, lo que corresponde a 21 millones de dólares”, indicó.
Precisó que la sumatoria representa 2,700 proveedores de los 3,700 contratados.
De Lahongraris reconoció a la Comisión que al inicio del nuevo modelo se atendieron situaciones con el pago de reclamaciones a proveedores que no participaban en MMM-MH.
Por parte de la aseguradora Molina Healthcare acudió la licenciada Ana Cristina Rivera, quien sostuvo que el pago sus proveedores son conforme a las reglas de facturación, según los contratos.
La Licenciada de Contratos Gubernamentales de Molina avisó que la entidad ha pagado alrededor de 151,790,512 a “todos los proveedores desde el 1 de noviembre. Esta suma representa incluye 1,055,933 reclamaciones pagados”.
El presidente de First Medical Health Plan, José Valentín Cameron, detalló que en el proceso de transición se realizaron los procesos y requerimientos que estableció ASES para que los beneficios no se vieran afectados. INS
ndc