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La licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, consideró que se asoma una verdadera tragedia para miles de personas. Inter News Service
San Juan, 8 jul (INS).- Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó una querella ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, debido a que las guías de la Vivienda de Puerto Rico evidencian una parte de las personas a las que el huracán María dañó o destruyó su hogar están en riesgo de sufrir exclusiones y desplazamientos por parte del gobierno.
La licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, consideró que sería una verdadera tragedia que, en lugar de facilitar la reparación de los destrozos causados por el huracán María a cientos de miles de hogares, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de la Vivienda agraven la situación de las personas más pobres del país a través de exclusiones, desplazamientos forzosos y del desmantelamiento de comunidades más vulnerables.
ALPR, que sometió la querella ante la Oficina del Inspector General de HUD, advirtió que el Plan de Acción y las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación publicado por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el pasado 15 de junio no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos, a pesar de requerirlos HUD al gobierno de Puerto Rico para poder recibir y usar fondos Community Development Block Grant (CDBG-DR).
Godreau Aubert precisó que las guías carecen de parámetros claros para ofrecer asistencia aquellas personas que no tienen un título formal sobre sus viviendas, aparte de que tampoco explican las medidas que se tomarán para proteger la integridad de las comunidades afectadas por relocalizaciones.
Al actuar de esta manera, el Departamento de la Vivienda viola la reglamentación federal de los fondos CDBG-DR.
“Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras; tanto la mitigación –para la que se recibieron fondos– como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que relocalizar, esta debe ser la última opción y debe hacerse con respeto a la comunidad”, sentenció la abogada.
Según Godreau Aubert, lo que indican las guías de implementación y el Plan de Acción es que, si una persona carece de un título formal, será referida al programa de Autorización de Título, pero a semanas de que se inicie el proceso, el Departamento de la Vivienda no ha publicado detalles de este programa.
La abogada comunitaria Paula Fournier del Valle indicó, por su parte, que la situación creada por el Departamento de la Vivienda es similar a lo que sucedió con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y que provocó que casi 70,000 personas se quedaran sin asistencia a pesar de haber sufrido enormes daños con el huracán María.
Fournier del Valle señaló que si en el proceso de relocalización hay propiedades que pasan a manos del Departamento de la Vivienda, debe existir una restricción a que estos terrenos terminen siendo desarrollados en proyectos privados.
En su querella, ALPR también denunció que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico solamente publicó en inglés las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de CDBG-DR, lo es una violación Título VI de la Ley federal de Derechos Civiles de 1994.
Luego de la presentación de la querella, el pasado viernes, 5 de julio, se publicó una traducción al español.
Antes de acudir a HUD, ALPR se reunió en varias ocasiones con funcionarios del Departamento de la Vivienda pero ninguno de los señalamientos fue corregido.
“Es lamentable que tengamos que recurrir a mecanismos federales para exigir que el gobierno local garantice que el dinero llegará a las personas y comunidades que dos años después del desastre todavía esperan techo digno”, sentenció la directora ejecutiva de ALPR.
El equipo de ALPR exhortó a todo grupo y organización involucrada en la recuperación de Puerto Rico a educarse sobre los procesos de presentación de querellas ante la Oficina del Inspector General de HUD y a querellarse cuando sea necesario.
Explicó que, quien desee orientarse o necesite querellarse, puede encontrar una guía sencilla en www.recuperacionjustapr.com
El trabajo de ALPR promueve el acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa de Puerto Rico.
La organización define la recuperación justa como el derecho que tienen las personas y comunidades a que los planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades y respetando sus derechos humanos. INS
ndc
