San Juan, 7 jul (INS).- La Asociación Pro-Derechos del Confinado expresó hoy su preocupación ante la reducción impuesta por la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) por el negativo efecto que tendrá sobre los servicios de salud de los confinados.
La organización tiene como finalidad defender los derechos de la población penal y velar porque se cumpla la obligación constitucional del Estado de promover oportunidades de rehabilitación moral y social a las personas privadas de libertad.
“La reducción impuesta al presupuesto del DCR para el año fiscal 2019-2020 y los ahorros requeridos por la Junta afectará nuestros derechos humanos más básicos, en especial el derecho a la salud física y mental”, dijo la organización en un comunicado escrito.
El grupo de confinados indicó que JCF ordenó recortar el 50 por ciento del presupuesto destinado al Programa de Salud Correccional, que representan unos 13 millones de dólares, que se suman a otros ocho millones de dólares que se ahorraron el pasado año fiscal.
Explicaron que el costo promedio actual de los servicios de salud por confinado es de seis mil dólares y que la Junta requiere que se reduzca a tres mil.
“En el mejor interés de la población, es vital conocer cuál es plan de Physician HMO para cumplir con los tres mil que requiere la Junta sin que se afecten los servicios”, indicó la organización al señalar que los medicamentos para pacientes con HIV, condiciones serias de salud mental y condiciones crónicas como asma y diabetes no pueden verse afectados.
La Asociación dijo que de acuerdo con Correctional Health Services, cerca del 70 por ciento del costo de todos los medicamentos que se dispensan en el sistema de salud correccional son destinados a fármacos antirretrovirales y psicotrópicos, medicamentos altos en costo; por lo cual controlarlos es difícil.
“Los problemas de salud mental representan sobre un 53 por ciento de la prevalencia en las condiciones de salud del confinado”, apuntó la Asociación.
La organización recordó que el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella, denunció en una reciente opinión disidente (Pueblo v. Jorge Luis Moreau, 2019 TSPR 23), cómo la ausencia de servicios adecuados que sufren las personas sujetas a una evaluación de procesabilidad (regla 240 de Proc. Crim.), violenta importantes derechos constitucionales.
La organización dijo que el DCR tiene la obligación indelegable de atender las necesidades de la población que tiene bajo su custodia y que una disminución en el presupuesto de esa envergadura colocaría al Estado en incumplimiento con las guías mínimas establecidas en el Medical and Mental Health Care Plan estipulado en el pleito de clase Morales Feliciano.
“No solicitamos lujos, pero exigimos condiciones de vida que no lesionen nuestra dignidad”, concluyó la Asociación. INS
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